La reforma energética –a la que se opuso insistentemente Andrés Manuel López Obrador cuando era opositor y que mantiene vigente como presidente– obligó a la CFE a modificar su ley y una de las disposiciones fue exentarla de la obligación de publicar sus contratos en Compranet, la plataforma pública donde el resto de la administración sí lo hace.
En sustitución de esa obligación debía crear un “sistema electrónico de contrataciones” para reportar sus contratos. Sin embargo, el formato que eligió la actual administración no alcanza la apertura de información como lo hay en Compranet, en el que se pueden descargar bases de datos por año con la totalidad de contratos realizados por cada dependencia.
Ahora la CFE publica sus datos en su página de internet en el apartado “concursos y contratos” con un sistema de búsqueda en el que forzosamente se requiere conocer los datos de cada contrato para poder obtenerlo, como el tipo de adquisición, entidad donde se realizó, fecha de publicación y número de procedimiento. Tampoco se puede conocer el número total de contratos realizados porque limita la búsqueda al tener que elegir una entidad del país.
Aunque la reforma energética se publicó en 2014, los contratos de la CFE fueron publicados en Compranet hasta 2018 debido a una cláusula que daba tiempo para que la Comisión creara su sistema, y que comenzó a operar a partir de la administración de López Obrador.
Si bien la empresa no está en falta, de acuerdo con el especialista en transparencia, Ricardo Uvalle, la manera en que la CFE está publicando la información no puede considerarse como plena “garantía del derecho al acceso a la información”, porque “está eligiendo qué información mostrar y cómo hacerlo”.
En tanto, el área de prensa de la CFE respondió a Animal Político que el sistema que exige conocer datos previos o no tiene la opción de descargar una base de datos con todos los contratos de la empresa sólo obedece a un aspecto de “diseño”, pero “la información ahí está”.
Este argumento, dice Uvalle, doctor en Derecho por la UNAM, es la diferencia entre “publicidad” y el cumplimiento del mandato constitucional de acceso a la información como derecho. “No están cumpliendo con la constitucionalidad, sino poniendo a disposición lo que ellos consideran relevante. Está aprovechando la reforma legal para que decida qué información publicar sin la presión de nadie”. Es decir, la publicación de la información se vuelve “discrecional”.
Para María Marván, excomisionada del IFAI –ahora INAI–, significa un “retroceso” que un ciudadano deba “tener información para obtener información”, como lo exige el sistema de contratos de la CFE. “Esto es contrario a datos abiertos”, dice.
El INAI puede obligar a la CFE a entregar información
La importancia de tener acceso a esta información está en que cualquier ciudadano pueda ejercer su derecho a la información para poder vigilar lo que hace su gobierno y, comprobar, que los recursos públicos los gasta de manera eficiente, escogiendo a los proveedores que ofrecen las mejores condiciones en precio y calidad.
Pero en el caso de la CFE, sólo se puede saber a través del “sistema electrónico de contrataciones” que operó a partir de que el Consejo de Administración echará a andar los comités de Auditoría, Recursos Humanos y Remuneraciones, Estrategia e Inversiones y Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios, como lo mandató la nueva Ley de la Comisión.
El Consejo de Administración de la CFE está encabezado por la titular de Energía, Rocío Nahle, y de Hacienda, Arturo Herrera, mientras que el Comité de Adquisiciones, que en teoría debe vigilar cómo se hace y cómo se publican las contrataciones lo integra la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.
Esto se vuelve relevante a raíz de la amenaza del presidente López Obrador de desaparecer órganos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pues pretende trasladarle la facultad de este instituto a la Secretaría de la Función Pública.
Hasta ahora, si un ciudadano desea conocer toda la información referente a la CFE que no le es posible localizar en su sistema de información, tiene derecho a hacer una solicitud de transparencia a través del INAI y si la CFE se niega, es posible interponer un recurso de revisión mediante el cual el INAI analiza el caso y de encontrar elementos legales, puede obligar a la Comisión a entregar la información solicitada, gracias a las facultades que le otorga la Ley General de Transparencia.
Es decir, el INAI es un órgano autónomo del gobierno que sirve a los ciudadanos, pero si desapareciera, sería la SFP la que se convertiría en juez y parte. Es decir, una dependencia decidiría qué información entregar o, incluso, ocultar, del gobierno al que le debe el nombramiento.
Entre las voces que apoyan la desaparición del INAI está justamente el director de la CFE, Manuel Bartlett, quien aseguró que los órganos autónomos están “estorbando para cualquier cambio” y los consejeros obedecen a “nombramientos neoliberales”.
Sin embargo, otra muestra de lo que significa ser juez y parte es lo que pasó recientemente en el apagón que afectó a 10.3 millones de usuarios de todo el país y repercutió al 30% de la red eléctrica, el pasado 28 de diciembre, pues la CFE presentó un documento falso para justificar que la interrupción del servicio se debió a un incendio que fue mitigado por Protección Civil de Tamaulipas, pero esta informó que no fue así.
Noé Peña Silva, director de CFE Transmisión, informó que al enterarse sobre la falsedad del documento, la institución realizará una investigación interna y levantará un acta de hechos con el personal involucrado en el manejo de la carta falsa.
¿Información accesible?
Más allá de la reforma energética, todas las entidades que reciben recursos públicos están obligados a publicar información de manera obligatoria en la Plataforma Nacional de Transparencia, como lo mandata la Ley General de Transparencia.
Si bien, la CFE sí ha publicado ahí sus contratos, no hay manera de corroborar si son la totalidad de las contrataciones, porque no hay otra fuente abierta para contrastarlo. Además, se debe elegir también los criterios de tipo de contratación y trimestre de compra.
Tampoco se puede conocer los contratos en el momento que se realizan (como sí ocurre en Compranet) porque las dependencias tienen hasta tres meses para publicar la información en la Plataforma Nacional de Transparencia. Y la opción de descarga limita a hacerlo de manera fraccionada. Es decir, ninguna de las opciones resulta accesible para los ciudadanos.
Además, al intentar hacer búsquedas de contratos en la página de la CFE, por ejemplo, eligiendo los criterios de “adjudicación directa”, “adquisición por abastecimientos” y realizados en la Ciudad de México durante todo 2020, el sistema arroja sólo 34 contratos.
Al entrar a revisarlos, por ejemplo, uno de los más recientes, firmado con la empresa Flowserve, Us Inc. por 859 millones de pesos para el “Servicio de Fabricación de Ensambles de Combustible Nuclear y Servicio de Ingeniería Asociados para la Central Nucleoeléctrica Laguna –Verde”, sólo se puede acceder a un documento.
Pese a que el sistema está diseñado para obtener la documentación de todo el procedimiento de compra, sólo se obtiene el aviso a la empresa de la obtención del contrato y la fecha en que se firmará, pero éste no se encuentra disponible.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
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