Opacidad en los contratos de operación y el incumplimiento de modelos de reinserción eficaz, así como de garantizar la integridad física y moral de los internos, son parte de las quejas y denuncias que se suman a los centros penitenciarios privados, señalaron expertas en el tema.
El caso de María, a quien por razones de resguardo de identidad se le modificó el nombre, quedó asentado en la Recomendación 27/2016 que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en ese entonces.
El Cefereso número 16 es uno de los 10 centros penitenciarios “privatizados”, es decir, prisiones que fueron construidas y operan bajo el esquema de inversión privada y que fueron creados como una panacea con la idea de mejorar el sistema penitenciario en México, pero no ha sido así.
Al paso de los años lo que se tiene de estos centros penitenciarios con inversión privada es una gran opacidad en la forma en que se entregaron y están estipulados los contratos; además, tampoco han cumplido la meta de garantizar la integridad física y moral de los internos y abonar a su reinserción, por lo contrario, denuncias dan cuenta que se han violado derechos humanos, explicaron especialistas en el tema.
Además, testimonios recogidos por SinEmbargo confirman que las condiciones de reclusión en los centros penitenciarios públicos y de APP federales no son muy diferentes, pese a que la meta de la privatización del gobierno calderonista era dar un golpe de timón a falta de condiciones mínimas de calidad y desempeño del Sistema Penitenciario.
“Son lugares que los ‘vendieron’ como la panacea para que el sistema penitenciario fuera mejor, para descargar al Estado de esa responsabilidad y volverlos un sistema más moderno. Esto lo vendieron como espejitos a los Aztecas, pero no funcionó; hay más vulneración de derechos en esos centros penitenciarios que en las prisiones normales (las del Estado)”, señaló Lucía Alvarado, coordinadora del Centro Integral de Atención a Familiares con personas Privadas de la Libertad (CAIFAM), que es parte de la organización Documenta.
En México hay al menos 10 prisiones con inversión privada. Los contratos se otorgaron en el año 2010, durante la administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Se trata de proyectos de prestación de servicios que se firmaron por una duración de al menos 22 años, en donde el sector privado o la empresa se encargó del diseño, construcción, equipamiento, operación y mantenimiento de la infraestructura y requerimientos físicos, materiales y tecnológicos de estos centros penitenciarios que tienen una capacidad para al menos 2 mil 500 internos.
En al menos ocho prisiones “privatizadas”, ubicadas en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos, Jalisco y Coahuila, los contratos se entregaron por adjudicación directa, de acuerdo con información alojada en la página Proyectos México.
María Sirvent, directora de Documenta, explicó que el Gobierno de Calderón instaló este esquema con la promesa de que este tipo de centros penitenciarios tendrían menos costos económicos y sociales para el Estado.
“Ellos dijeron que el sector privado tenía mayores recursos para brindar mejores condiciones a las personas y para poder contribuir más a la reinserción social. Sí, efectivamente así lo vendieron (Calderón) que iba a liberar costos administrativos, pero no fue así”, comentó la experta.
Opacidad en los contratos, arbitrariedad y vulneración de derechos humanos son algunas denuncias de organizaciones civiles dedicadas al tema de la reinserción.
Los contratos asignados a más de dos décadas no son públicos por supuestas cuestiones de seguridad, por lo que no existe certeza en cuanto a qué se comprometieron las empresas en materia de derechos humanos, de reinserción social, salud y alimentación, explicó Sirvent.
“No me gusta criticar este esquema de inversión privada porque en algunos países ha funcionado, sin embargo, aquí en México me parece que fue un tema mucho más de negocio. Las licitaciones no fueron abiertas. Nos preocupa los contenidos de estos contratos, a lo que se compromete el Gobierno y las empresas. Esto hace que eso se vuelva un negocio”, expresó Sirvent.“No tenemos tantos datos porque estos contratos no son accesibles. Lo que sabemos es que no están garantizando todo lo que deberían de garantizar”, añadió Lucía Alvarado.
El segundo tema que preocupa a las defensoras de derechos humanos es que, en estos penales, de acuerdo con testimonios de familiares, se implementa un sistema de aislamiento donde las personas se la pasan aisladas 23 horas, lo cual, no es un modelo de reinserción eficiente.
“Si bien son cárceles con una estructura enorme, parecen hoteles, todo eso es verdad, pero eso no forzosamente es garantía de respeto a derechos humanos. Para nosotros el aislamiento prolongado como modelo de gestión es igual a una tortura. Eso es lo que vemos muy grave”, comentó Sirvent.
Lucia Alvarado y María Sirvent también destacaron que otro problema con estos centros es que se construyeron en lugares muy alejados y de muy difícil acceso, lo cual es grave no solo para los familiares que quieren ir a visitar a los internos, sino también para el personal que trabaja ahí.
“Se vulnera el derecho a que una persona estuviera en el lugar cercano a su lugar de origen y donde se realiza su proceso. Algo que más impactó, tanto a las personas privadas de la libertad como a sus familiares, es que se los lleven tan lejos. La pena trasciende hacia los bolsillos de los familiares, la forma de relacionarse con ellos porque no pueden estar tan cerca de ellos como estuvieran en su ciudad de origen”.
Alvarado agregó que la lejanía también atrasa los procesos penales de los internos que aún no han sido sentenciados porque los abogados están en otra ciudad y para determinadas audiencias se realizan videollamadas, pero la infraestructura no es tan eficiente que en ocasiones falla la comunicación y se tienen que cancelar. “Y los procesos se hacen más lentos, no hay una justicia pronta y expedita”.
“Un tema que nos preocupa mucho es la parte del aislamiento y las violaciones al interior de los centros penitenciarios, y todo eso se ha recrudecido con la pandemia”, reiteró Sirvent.
LAS DEFICIENCIAS
El acceso a atención médica y falta de medicamentos es de las principales quejas y denuncias que existen contra este tipo de centros penitenciarios, de acuerdo con las entrevistadas.
Lucy Alvarado destacó que, para la cantidad de personas privadas de la libertad por cada centro penitenciario, hay pocos médicos para dar servicio .
“Que una persona tenga acceso a la salud es muy difícil porque estos centros penitenciarios están tan lejos y no tienen un doctor de planta. Los doctores van y vienen y no están tan cerca. Hay muchas quejas de acceso a la salud en relación a que no les fue dado o se tardaron en dárselo y eso afecta cómo llevan su vida y esto ha derivado hasta muertes porque no tienen a la mano este servicio”, dijo Alvarado.
Y añadió: “los medicamentos los piden directamente a las familias y el familiar termina pagando toda la atención siendo que el Estado está obligado a cubrirla porque están bajo su tutela. No es cosa de que sea un favor, es obligación del Estado”.
La defensora destacó que, de la poca información que se tiene de estos contratos, se sabe que las empresas cobran al Estado cierta cantidad de dinero – cerca de 1 mil 500 pesos– por cada persona privada de la libertad a diario, lo cual, tiene que cubrir todo lo que la persona necesite.
“El Estado pone la custodia y la administración, pero todo lo demás construcción, infraestructura, servicios, operación, y todos los insumos que necesita el interno tendría que ponerlo los particulares porque están cobrando una cantidad que no es menor”, dijo.
No obstante, diversas denuncias señalan que las empresas tampoco cumplen con otorgar todos los insumos al menos de manera digna y como corresponde.
“Creo que las personas que administran estos centros quieren disminuir los costos que ahora les dan raciones mucho más pequeñas de comida, tres raciones muy pequeñas de comida y no tienen un valor nutricional como debiera de ser como lo manda la Ley de Ejecución Penal”, expresó Alvarado.
Ejemplificó que, aunque existe la obligación de surtirles botellones de agua para que ellos tengan agua para tomar, en algunos lugares el agua se vende.
“Cuando empezaron a operar estos centros estaban en la mejor disposición, se les daban las tres comidas, se les daba agua necesaria, les daban uniformes, pero ahora me dicen algunos familiares que esto uniformes se los están vendiendo. Ahora yo creo que quieren economizar y dar las menores cosas y de todos modos ellos están cobrando al Gobierno”, reiteró.
TESTIMONIOS
–Dalila Torres, de 40 años, fue detenida en 2013 y estuvo cinco años privada de la libertad, de los cuales, tres fue en el Cefereso 16, ubicado en Morelos.
La mujer narró a SinEmbargo que primero estuvo en el Cefereso de Tepic, Nayarit y de ahí fue trasladada, el 15 de diciembre de 2015, al de Morelos, en el cual, asegura la estancia es peor que en los centros federales de Gobierno. A continuación presentamos su testimonio.
“Los primeros días de diciembre de 2015 fue una comandante ahí al Cefereso de Nayarit y nos puso unos videos sobre una prisión donde íbamos a estar bien, que habrían más actividades y de todo. Cuando nos lo pusieron se oía todo tan bonito, pero no fue así.
Para empezar, el traslado fue horrible, fue otra tortura. Nos sacaron fatal, nos tenían hincadas y nos subían al avión aventándonos. En el avión fue terrible porque te torturaban psicológicamente nos hablaban horrible, fueron horas pesadas.
En Morelos nos recibieron a patadas, no podíamos levantar la cabeza. Una compañera, por el miedo y los nervios, se equivocó al dar su talla; vieras que feo la golpearon. Aquella que levantaba la cabeza no tienes idea como le iba… Ya abajo del avión, nos agarraban a patadas y como marranos, como animales. Nos gritaban que ya estábamos en Morelos, que ahora era lo que ellas decían (las custodias), lo que ellas mandaban.
Cuando nos metieron al penal, nos tenían en cebollita. Estaban los oficiales, hombres y mujeres, y nos quitaban nuestra ropa, nos veían todo, nos ponían hacer sentadillas. Nos veían como tosíamos y nos tomaban fotos en nuestras partes.
Al principio nos dieron un jabón fatal, que cuando nos lo poníamos, se partían las manos y la piel y nos sangraba. Era muy poca la comida. No teníamos salida casi nada.
Llegaron a cuidarnos custodios hombres, nos veían cuando nos cambiábamos de ropa y nuestra toalla sanitaria. Había oficiales que veían a mis compañeras que estaban en el escusado y sabes que se masturbaban adentro de su oficina de ellos, donde estaban. Eran muy groseros, porque en la mañana nos daban leche y nos decían ‘quien quiera leche vénganse aquí conmigo’ o sea bien patanes.
Las actividades nos llegaban a pocas, pero el patio era muy pequeño. Para usar crema nos daban la grasita que se sobraba de la comida y nos la poníamos en la mano. Nuestra piel ya estaba muy cortada. No había atención médica, no había medicamento. El cateo más fuerte el 2 de febrero de 2016, y fue por un supuesto tenedor.
A veces te sacaban de las instancias y te golpeaban, las supuestas actividades eran las mismas. De empleo, sí ofrecían trabajo, pero para eso uff… necesitabas no tener ningún amparo puesto en tu proceso y que no te quejaras de nada. Si cumplías eso te tomaban en cuenta para trabajar.
El agua nada más se le daba a la que podía comprar. El agua para beber, la tomaban de donde nos lavábamos las manos. No había agua para tomar, solo las que teníamos tienda tenían derecho a comprar su garrafón (tienda, es decir, que tu familia te depositaba).
Las toallas sanitarias se da un paquete, pero no nos duraba el periodo. El papel sanitario, nos daban cuatro rollos, pero como era muy delgado no nos aguantaba. Tenías que usar un rollo por semana y uno como mujer gastas más, sobre todo cuando tienes tu periodo. El medicamento también lo venden. Medicamento, plumas o cosas que nos mandaban los familiares, hubo un tiempo en que se perdían mucho.
La atención médica no se nos daba, sufrimos mucho por atención médica. ¡demasiado! Y hasta la fecha no hay atención médica, no quieren darla. Cuando han fallecido personas ahí adentro ha sido por lo mismo, porque no hay medicamento. Es muy fatal de la atención médica.
La comida también era fatal, incluso a veces estaba en mal estado. Hubo intoxicaciones adentro por la comida. Vives peor en el privatizado que en el normal”.
Dalila platicó que ella conoció el caso de María, quien falleció por el coma diabético por falta de medicamento.
“Le decíamos Doña Chai. A nosotros no nos sacaban actividades, pero ese día nos sacaron a actividad para poderla sacar a ella porque ya estaba muerta. Fue la primera que falleció por la falta de medicamento, luego de ahí falleció otra compañera, “Ceci”, ella le dio cáncer y falleció también por falta de atención médica.
–Elia Solano tiene a su esposo interno en el Cefereso 14 ubicado en Gómez Palacio, Durango, y en su testimonio coincide en que la atención médica y en los alimentos son de las principales vulneraciones que sufren.
“Mi esposo solo ha estado en ese penal. Él tiene neuropatía diabética y para él se ha complicado porque, primero se quitaron las visitas por la COVID-19 y porque él se enfermó. Le dio una infección en el oído y como no fue atendida se le fue a los ojos. Él metió una petición para que lo llevaran al médico y le fue negada. Después nosotros hablamos a Derechos Humanos para ver si lo podían atender y nunca fue nadie a verlo. Después yo creo que era mucha la infección porque se le bajó a la muela.
Luego de varias peticiones, lo llevaron al dentista y el dentista le dijo que metiera una petición para que lo llevaran al oculista, pero hasta ahorita no se ha podido llevar y nosotros no le podemos mandar medicamento. Yo hablé al Cefereso, les dije que lo llevarán al doctor y compraran el medicamento del dinero que nosotros depositamos para la tienda, pero me dijeron que no, qué él tenía que meter una petición, pero él ya metió más de 20 peticiones y no le hacen caso.
También me dice que están reduciendo la comida, que no les están dando suficiente alimento y cuando yo llamo a mí me dicen que no saben nada. Otra cosa es que, para llamar al área de bancos para saber cuánto dinero tiene para poderle depositar, eso se ha convertido en un caos, porque no había forma de comunicarse al Cefereso, sonaba y sonaba el teléfono y nadie contestaba. Mandar una carta, libro o cualquier cosa que se le pudiera enviar, se tardan hasta tres meses en entregarlo.
Con la pandemia se ha complicado todo más, no avanzan muchas cosas, aunque si de por si no avanzaban antes, ahora menos con la crisis de la COVID-19″.
PREOCUPACIÓN
María Sirvent, directora de Documenta, y la defensora Lucía Alvarado señalaron que les preocupa que el Gobierno le apueste a este tipo de centros penitenciarios privatizados que aún no transparentan sus contratos y no hay certeza de cuál es el compromiso de las empresas en la no vulneración de derechos.
“Se están cerrando los centros federales que no tienen este esquema, están trasladando a las personas a estos centros privatizados, creo que es una estrategia de Gobierno para ahorrar recursos […] De los cierres de Ceferesos nos preocupa los traslados, que no sean realizados con todas las garantías, porque los traslados son momentos de mucha vulneración de las personas y nos preocupa el hecho de que, si ya se van a cerrar todos los demás penales que no están bajo este esquema, ¿Cómo se va a garantizar que no se van a violar derechos humanos en estos centros, donde nosotros hemos documentado este modelo de aislamiento como modelo de gestión?”,
Las defensoras destacaron que es necesario y urgente trasparentar los contratos, saber qué empresas están detrás y en que se están comprometiendo.
AUTOR: SUGEYRY ROMINA GÁNDARA.
TITULO ORIGINAL: Y lo otro: las cárceles privadas que dejó Calderón son caldo de violaciones a derechos humanos
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