En diciembre de 2018, cuando comenzó la presidencia de Andrés Manuel López Obrador —llamada por él mismo como la “Cuarta transformación”—, en el ámbito científico ya se planteaba que existía una crisis ambiental en México y que era necesario trazar una ruta para revertir esta situación.
Incluso, en octubre de 2019, un grupo interdisciplinario reunido en torno al Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) publicó un libro donde se planteaban caminos para atender asuntos como la pérdida de ecosistemas y biodiversidad, la contaminación, la falta de inversión en energías renovables, el acceso al agua de calidad, la erosión de los suelos, el agotamiento de las pesquerías, la destrucción de manglares y la creciente ilegalidad en el aprovechamiento forestal.
En la presentación del libro, el entonces secretario de ambiente y recursos naturales, el biólogo Víctor Toledo reconoció que era necesario declarar una “emergencia ambiental” en el país.
El 2020 terminó y otra emergencia, la de la pandemia del COVID-19, fue la protagonista del año. Las políticas públicas no se encaminaron a la atención de la crisis ambiental. El mejor reflejo de ello fue que, incluso, antes de la pandemia se disminuyó el presupuesto destinado a todo el sector ambiental y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha sido la dependencia que más cambios ha experimentado: en dos años han tenido tres diferentes titulares.
Los pequeños avances que se dieron en la agenda ambiental durante 2020, como la ratificación del Acuerdo de Escazú, se desdibujan ante el avance de la deforestación, las agresiones contra los defensores ambientales o una política energética que apuesta por los combustibles fósiles e ignora las consecuencias ambientales.
Lo preocupante: un golpe al sector ambiental
En los últimos cinco años, México ha visto cómo el presupuesto destinado al medio ambiente ha ido en picada: si en 2015 todo el sector ambiental contó con 67 976 millones de pesos (3 mil millones de dólares), en 2020 esa cifra cayó a 29 869 millones de pesos (1500 millones de dólares).
Ese castigado presupuesto llevó a que la Semarnat, pero también la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) trabajaran con recursos mínimos.
Además, en abril de 2020 —cuando la pandemia por el COVID-19 ya estaba instalada en el país— se publicó un decreto para que todas las dependencias del gobierno federal realizaran aún más ajustes presupuestales, ya que no se destinarían recursos para renta de oficinas, papelería, gasolina o viáticos.
Para la doctora Leticia Merino, coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI), la reducción del presupuesto provocó “un desmantelamiento de las instituciones ambientales”, se dejó a las dependencias sin capacidad para cumplir con su funciones, entre ellas la vigilancia para combatir delitos ambientales.
Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), resalta el caso de la Conanp, dependencia encargada de resguardar 182 áreas naturales protegidas del país, las cuales representan 90 millones de hectáreas del territorio nacional: si en 2016 llegó a tener 74 pesos (poco más de tres dólares) por hectárea, para 2020 solo contó con 9.56 pesos (medio dólar) por hectárea a su cargo. “Sin presupuesto suficiente se anula cualquier esfuerzo que se busque hacer, desde el sector público, para la aplicación de la ley ambiental”.
Alanís también menciona el caso de la Profepa que, al perder el 60 % de su presupuesto, no puede realizar sus funciones de inspección y vigilancia: “se están cometiendo una gran cantidad de delitos ambientales en total impunidad”.
La austeridad que se aplica a las dependencias ambientales no se mira en otros temas a los que el gobierno federal dirige los reflectores.
La construcción de la refinería Dos Bocas, a la que se destinaron 41 mil millones de pesos (2 mil millones de dólares), o Sembrando Vida, que recibió casi el mismo presupuesto que todo el sector ambiental. Este programa, a cargo de la Secretaría del Bienestar, consiste en otorgar un apoyo económico mensual a quienes realicen plantaciones de árboles frutales y maderables.
El doctor Exequiel Ezcurra, profesor de la Universidad de California Riverside y quien ha recibido varios premios por su trabajo de investigación e impulso a la conservación de diferentes ecosistemas, señala que si bien es aplaudible el reforestar la zona del trópico mexicano, el programa tiene sus “claros-oscuros. En algunas zonas, Sembrando Vida está impulsando monocultivos —como de árbol de teca— que no ayudan a recuperar los servicios ecosistémicos de la selva”.
Para la doctora Leticia Merino, la desigual distribución del presupuesto solo muestra un desconocimiento del tema ambiental: “Se cree que cuidar el medio ambiente es igual a plantar árboles frutales… Sembrando Vida es un programa de agroforestería, que puede ser loable en lugares donde hay mucho deterioro, pero en realidad es un programa clientelar. No se entiende lo ambiental ni hay interés en el tema.”
Lo inquietante: una secretaría debilitada
En 2020 quedó aún más claro que al interior del gabinete de López Obrador existenfuertes presiones para no avanzar en temas ambientales. Y el episodio que mostró esta lucha fue la renuncia de Víctor Toledo Manzur como titular de la Semarnat.
Durante el año y tres meses que estuvo al frente de la Semarnat, Toledo Manzur concentró gran parte de su trabajo en impulsar la agroecología y prohibir el uso de varios herbicidas, principalmente el glifosato. En noviembre de 2019, detuvo las importaciones de este producto, acción que lo enfrentó con varios miembros del gabinete y el sector agroindustrial.
A finales de agosto, Toledo Manzur presentó su renuncia como titular de la Semarnat; después de que se filtró un audio donde menciona que la cuarta transformación “está llena de contradicciones” y que miembros del gabinete favorecen a los agronegocios y a la minería.
Desde septiembre de 2020, la titular de la Semarnat es María Luisa Albores, quien estaba al frente de la Secretaría de Bienestar y a cargo del programa Sembrando Vida. Para este texto, Mongabay Latam solicitó una entrevista a la Semarnat, pero no se tuvo respuesta.
El doctor en ciencias biológicas y especialista en ecotoxicología Omar Arellano, quien forma parte del grupo de científicos que impulsa la prohibición de sustancias peligrosas, señala que se han dado muchas presiones dentro y fuera del gabinete para que no se avance en temas como la prohibición de sustancias químicas peligrosas, entre ellas el glifosato.
El investigador recuerda que, incluso, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se comprometió a tener una regulación más estricta para183 sustancias peligrosas y actualizar el catálogo de plaguicidas. “En realidad no ha pasado nada. Todo se quedó en el discurso”. Con la llegada de la pandemia por el COVID-19, apunta, “se debilitó mucho el sector ambiental. No cuaja una política ambiental que de verdad sea restaurativa y de contención”.
La deuda: agenda climática desdibujada
En México no solo se construye una nueva refinería en el estado de Tabasco, justo en terrenos donde antes había mangle; también se han destinado recursos para la modernización de centrales eléctricas que funcionan con carbón, diésel, gas y petróleo.
Estos proyectos muestran que “se dio la espalda al impulso de las energías limpias y el tema del cambio climático está desaparecido. Los esfuerzos están dirigidos a impulsar el uso de energías fósiles y frenar las energías renovables. Se impulsan acciones contrarias a una política climática que permitan avanzar en el cumplimiento de compromisos internacionales, entre ellos el Acuerdo de París”, señala Adrián Fernández Bremauntz, doctor en ciencias y director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México.
Entre los compromisos que México adoptó, y que se establecieron en la Ley General de Cambio Climático, están el reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 % de los niveles del 2000 para 2050; así como tener deforestación cero para 2030.
A un paso de terminar el año, el pasado 14 de diciembre, el gobierno mexicano actualizó las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés); es decir, las metas del país para cumplir con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales son las mismas que ya se tenían desde 2015.
A mediados de diciembre aún estaba pendiente la publicación del Programa Especial de Cambio Climático 2020-2024, aprobado desde agosto.
El investigador Exequiel Ezcurra recuerda que en el sexenio de Felipe Calderón y después con Enrique Peña Nieto se impulsaron a las energías renovables, pero no por un interés ambiental: “solo se buscó beneficiar a las grandes empresas; a las renovables se les ha visto como un negocio de grandes corporaciones y no como una oportunidad de empoderamiento de las comunidades o de los ciudadanos”.
Sin embargo, el doctor Ezcurra señala que el camino que tomó la administración de López Obrador, al colocar a los combustibles fósiles como palanca de desarrollo para el país, “va a tener impactos fuertes sobre el medio ambiente a largo plazo”.
Para Ezcurra, construir la refinería de Dos Bocas en las tierras bajas de Tabasco, es motivo de preocupación por varias razones. La primera es el impacto ambiental que ya está generando en esa región de lagunas costeras y manglares: “esa zona ambientalmente frágil se va a transformar en un paisaje industrial”.
La segunda preocupación del investigador tiene como sustento estudios científicos en los que participó y que muestran que, durante la última etapa interglaciar, esa área estaba bajo el agua. “Esa zona se va a inundar, como ya sucedió en noviembre pasado. Seguirá inundándose”, advierte.
Lo malo: la deforestación se extiende
La tendencia continúa en 2020, de acuerdo con lo observado por investigadores y organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema y que, a finales de noviembre de 2020, participaron en un conservatorio sobre deforestación organizado por el Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En ese foro, Javier Warman, del Instituto de Recursos Mundiales (WRI-México), señaló que, desde 2001, hay un incremento exponencial de la pérdida de cobertura forestal en México, sobre todo en estados del sureste.
En el centro del país, la principal causa de la deforestación es la expansión de la siembra de aguacate, sobre todo en lugares como Michoacán, Jalisco, Nayarit, Estado de México y Morelos, señaló el investigador Alfonso de la Vega del SUSMAI-UNAM.
En ese mismo foro, el biólogo Salvador Anta, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), mencionó que los cultivos comerciales que han recibido fuertes apoyos gubernamentales en los últimos diez años —como la palma africana o la soya— “están detrás de la pérdida de selvas en estados como Campeche… En esta administración continuamos con la tendencia de que no existe una política clara que enfrente o busque frenar la degradación forestal”.
Y mientras en varias regiones del país avanza la deforestación, las comunidades que realizan manejo forestal, y que han demostrado que es posible aprovechar en forma sustentable los bosques, enfrentaron un año desafiante: la pandemia los llevó a detener durante varios meses sus actividades tanto las relacionadas con el aprovechamiento de recursos maderables, como aquellas vinculadas con el ecoturismo. Además, el gobierno federal no escuchó su solicitud de obtenerbeneficios fiscales. Y, en algunas zonas del país miraron cómo el crimen organizado controla cada vez más la tala ilegal.
Para estas comunidades el desafío no fue menor: durante los primeros meses de la pandemia, las ventas de la madera de empresas forestales comunitarias cayó entre el 55 y 70 %, de acuerdo con datos que en mayo de 2020 presentaron la Unión de Productores Industriales de Oaxaca y de Reforestamos México.
Además, también se detuvo la recolección de resina —sustancia que utilizan las industrias de la pintura y de alimentos, entre otros—, una actividad de la que dependen alrededor de 50 mil personas en zonas forestales de Michoacán y Oaxaca.
Ante este panorama, académicos y expertos en manejo forestal comunitario alertaron sobre la urgencia de políticas públicas para ayudar a las empresas forestales comunitarias a sortear la crisis. Incluso, se presentó un pronunciamiento titulado El sector forestal como salvaguarda ante los escenarios de COVID-19 y cambio climático.Sin embargo, no se impulsó un programa específico para las comunidades forestales.
“En el país hay una deforestación grande, mientras el manejo forestal comunitario es ignorado. En la Conafor hay gente conocedora del tema, pero no cuentan con recursos para impulsar este modelo de aprovechamiento sustentable”, resalta la doctora Leticia Merino.
Lo grave: asesinatos de defensores ambientales
En 2020, la violencia contra los defensores ambientales continúo. El año comenzó con la noticia de la desaparición de Homero Gómez González, defensor de la mariposa monarca, quien dos semanas después fue encontrado muerto.
Ni siquiera la pandemia del COVID-19 fue suficiente para inhibir las agresiones en contra de los defensores de ambiente y territorio. Entre abril y mayo fueron asesinados Adán Vez Lira, defensor de una zona de manglares, en Veracruz; Isaac Herrera Avilés, abogado que defendió una zona boscosa en Jiutepec, Morelos, y Eugui Roy Martínez Pérez, estudiante de biología en Oaxaca.
Para Edith Olivares Ferreto, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional-México, la situación de los defensores ambientales y de territorio se agravó por la pandemia del COVID-19, ya que sus reclamos fueron desplazados en la agenda pública.
Además, en 2020, el gobierno federal desapareció todos los fideicomisos, entre ellos el que permitía el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que, entre otras cosas, permitía atender a los defensores que se encuentran desplazados o bajo alguna amenaza.
“El fideicomiso permitía tener acceso al recurso económico que es indispensable para atender a los defensores que están bajo un riesgo eminente. Hasta ahora —principios de diciembre— desconocemos cuál es la ruta a través de la cual se va a operar el recurso que está asignado para el mecanismo”, explica Olivares Ferreto.
Para la representante de Amnistía Internacional-México, otro motivo de preocupación es que, desde la narrativa gubernamental, se descalifique a los defensores de ambiente y territorio, así como a las organizaciones no gubernamentales.
A finales de agosto de 2020, en conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó el trabajo de organizaciones no gubernamentales que han denunciado irregularidades en la ejecución del llamado Tren Maya y que han presentado amparos en contra de este proyecto.
“Estos señalamientos —resalta Olivares Ferreto— no contribuyen a que la población reconozca la labor de los defensores y de las organizaciones de la sociedad civil; además de poner en mayor riesgo a quienes defienden la tierra y el territorio”.
El Tren Maya, cuya construcción comenzó con todo y pandemia, no es el único megaproyecto que impulsa el gobierno federal. También está el Proyecto Integral Morelos, el cual se desarrolla desde 2012 y contempla la construcción de dos centrales de generación eléctrica que funcionarán con gas natural; un gasoducto que atraviesa tres estados: Tlaxcala, Puebla y Morelos; así como un acueducto para extraer agua del río Cuautla, en Morelos.
Este megaproyecto comenzó desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y durante su campaña presidencial, Andrés Manuel López Obrador aseguró que de llegar a la presidencia lo cancelaría. Eso no ocurrió.
A finales de noviembre de 2020, elementos de la Guardia Nacional, policías estatales y municipales desalojaron el plantón que, desde 2016, mantenían los ejidatarios que se oponen a la construcción del acueducto que forma parte del Proyecto Integral Morelos.
Lo bueno: luz verde para el Acuerdo de Ezcazú
Los pocos avances que se tuvieron en el tema ambiental en México ocurrieron casi al terminar el año.
A principios de noviembre, el Senado ratificó el Acuerdo de Escazú y un mes después el ejecutivo publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación. Cuando México deposite el instrumento de ratificación en las Naciones Unidas, lo que se espera que ocurra a principios de 2021, se tendrán las once ratificaciones necesarias para que este acuerdo entre en vigor.
El Acuerdo de Escazú, adoptado en marzo de 2018, tiene entre sus objetivos el garantizar el acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia en asuntos ambientales en Latinoamérica. Es un instrumento vinculante que obligaría a los Estados a prevenir, investigar y sancionar los ataques, amenazas o intimidaciones contra los defensores ambientales.
Otro avance que se tuvo fue la publicación del reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, norma que se aprobó en el 2018. La ausencia de este reglamento provocó diversos problemas con los trámites forestales.
Para el investigador Omar Arellano, otorgar el Premio Goldman a Leydy Pech es un impulso para las comunidades que en el país impulsan la agenda ambiental, al defender el territorio, el derecho humano al agua, la agroecología y un modelo de desarrollo alejado de los megaproyectos.
AUTOR: THELMA GÓMEZ DURÁN.
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