Más de trescientas organizaciones de la sociedad civil pidieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador remueva al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero. Lo anterior, por la decisión de la institución de no ejercer acción penal contra el exsecretario de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda.
Invocan el artículo 102 constitucional, apartado A, fracción IV, que dice textualmente: El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley. La remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción.
En un pronunciamiento difundido en redes sociales los colectivos aseguraron que la actuación de la FGR en torno al caso Cienfuegos “deja en claro que en México los militares son intocables”. Además, se pone de manifiesto que el fiscal “no está defendiendo su autonomía, faltando a su mandato constitucional, en tanto que ha sido el presidente de la república quien ha sentado las pautas de actuación que rigen a la Fiscalía”.
El texto fue promovido por el ‘Colectivo contra la impunidemia’, #FiscalíaQueSirva y ‘Seguridad sin guerra’.
Los firmantes señalan que una muestra de lo anterior es que la negociación con las autoridades estadounidenses para que Cienfuegos fuera trasladado a territorio mexicano fue conducida por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, “quien tuvo un papel primordial”. Cuestionan que las comunicaciones no se dieran entre fiscales, así como que fuese Ebrard quien diera las explicaciones s nombre del gobierno mexicano y publicase el expediente de la DEA por ordenes del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las organizaciones plantean que la ausencia de acciones por parte de Gertz Manero en defensa de su autonomía representan una violación al artículo 102 constitucional, que trata de la independencia de la FGR. “Este mandato ha sido incumplido por el Fiscal, que ha puesto a la institución que encabeza al servicio de los intereses del Gobierno”, aseveran.
En ese sentido, el Fiscal Gertz tenía la obligación “de llevar a cabo una investigación seria y exhaustiva sobre los cargos en contra del General Cienfuegos” y buscar los testimonios de posibles víctimas de graves violaciones a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y actos de corrupción, presuntamente cometidos por el Ejército durante el tiempo en que el general fue titular de la Sedena.
Achacan a Gertz Manero otros incumplimientos en la ley orgánica de la FGR, sobre el nombramiento de fiscales especiales, permitir la continuidad de esquemas ineficaces que conservan la impunidad.
Critican que el Fiscal impulse “una iniciativa para abrogar la ley orgánica actual, proponiendo la aprobación de una nueva ley, que representa un retroceso para las víctimas, para las investigaciones efectivas, para la autonomía y para la consolidación de una institución que sea capaz de procurar justicia”.
Plantean que con su actitud Gertz no vela por los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el país.
“El cierre de las investigaciones del caso del General Cienfuegos es también el cierre absoluto a la posibilidad de que en México se investigue de manera efectiva y eficiente a las altas esferas del poder, cuando cometen delitos o violaciones a derechos humanos”, afirman, al tiempo que consideran claro que el país requiere un Mecanismo Internacional contra la Impunidad, “que garantice investigaciones imparciales y autónomas”.
También piden que el Senado cite al Fiscal para que explique su actuación en el caso Cienfuegos y en otros casos; convoquen a un proceso de selección de un nuevo titular de la FGR; solicite a la dependencia que se investigue a Gertz; no se abrogue la ley de la FGR.
Igualmente consideran que el país debe atender las recomendaciones de Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, en el sentido de establecer un diálogo social sobre la transformación de la FGR.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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