Así, la poderosa exlideresa magisterial, quien estuvo en la cárcel durante prácticamente todo el sexenio de Enrique Peña Nieto –fue detenida el 26 de febrero de 2013 y liberada en agosto de 2018, apenas un mes después del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador –, obtuvo que la justicia le perdonara, de momento, 25 millones de pesos por presuntas irregularidades fiscales perpetradas cuando dirigía el sindicato más poderoso de América Latina.
En una decisión cerrada –con cuatro votos en contra, tres con los puntos resolutivos y cuatro a favor –, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó que el SAT no respetó las garantías de audiencia de Gordillo en octubre de 2015, fecha en que le determinó el crédito fiscal millonario, pues en ese momento la mujer se encontraba privada de su libertad, y enfrentó negativas del SNTE por entregarle información comprobatoria.
Con la resolución de hoy, el TFJA declaró la nulidad del oficio del SAT e instó a la dependencia dirigida por Raquel Buenrostro a decidir, en un plazo de cuatro meses, si reinicia el procedimiento otorgando a Gordillo el “plazo legal para desvirtuar los hechos y omisiones” fiscales, o abandonar el caso y perdonar los 16 millones de pesos reclamados.
En su impugnación del crédito fiscal, Gordillo aseveró que, cuando el SAT le determinó el crédito fiscal “por concepto de ISR de personas físicas, actualizaciones, recargos y multas correspondientes al ejercicio fiscal 2010”, ella se encontraba presa en el reclusorio femenil de Tepepan, bajo cargos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Su condición de reclusa representó un “obstáculo” para presentar “información comprobatoria” al SAT, sostuvo Gordillo, a quien se identifica con el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), recién creado y alineado con Morena.
Aparte, la exlideresa recalcó ante la justicia que el SNTE, que ella dirigió de manera ininterrumpida entre abril de 1989 y febrero de 2013, se negó “en reiteradas ocasiones” en entregarle documentación contable que le ayudaría en evitar el crédito fiscal del SAT.
“Se concluye que la actora, al haber estado privada de su libertad, no pudo actuar por ella misma, y por tanto realizar lo jurídico y humanamente posible para allegarse de la documentación necesaria para desvirtuar los hechos y omisiones que le dieron a conocer a través del oficio de observaciones”, determinó la ponencia del TFJA.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
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