Así lo dio a conocer este miércoles el diario El Universal, que señala que los contratos fueron adjudicados en el primer semestre de 2018. Supuestamente los despachos debían hacer las solicitudes de devoluciones sobre el pago del impuesto sobre la renta (ISR) retenido a los trabajadores de la capital. Sin embargo, fue la secretaría realizó este trabajo de manera interna y sin coste adicional.
El reporte de los periodistas Íñigo Arredondo y Valeria Durán señala que “las compañías beneficiadas se relacionan a su vez con otras ocho por direcciones, socios y números telefónicos. Las 12 empresas movieron en 2018 más de 1,500 millones de pesos entre ellas con transferencias en dólares y depósitos a varias cuentas, una de ellas en Ginebra, Suiza”.
Estas adjudicaciones empezaron con Miguel Ángel Mancera al frente del gobierno de la CDMX y continuaron bajo la administración de José Ramón Amieva, quien sustituyó al primero cuando decidió competir por un lugar en el Senado.
Cuando se realizó el primer contrato, Miguel Ángel Vásquez -actualmente en prisión acusado de delitos cometidos por servidores públicos y desvío de fondos- era subsecretario de Desarrollo y Capital Humano en Finanzas. Los otros tres contratos fueron otorgados cuando dicho puesto estaba a cargo de Antonio Paz García, concuño de Velázquez.
El diario apunta que los documentos federales que acreditan estas contrataciones forman parte de una investigación en cursos sobre este caso y que el patrón se corresponde con esquemas de lavado de dinero con recursos públicos. Señala que los empresarios Rigoberto Contreras Cortés y Martiniano [Martín] Rodríguez Sánchez se encuentran “en el centro de este entramado de compañías”.
Investiga Fiscalía-CDMX relación de Rodríguez con ‘empresa fantasma’
El domingo pasado, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara, señaló que el asesinato de Martín Rodríguez Sánchez y su escolta, ocurrido el viernes 22 de enero en la colonia Nápoles, fue producto de un “ataque directo”, según las primeras investigaciones.
En un mensaje difundido por las redes sociales, Lara apuntó que investigan la relación entre Rodríguez y una empresa fantasma contratada por la Secretaría de Finanzas de la administración de Miguel Ángel Mancera. Por esta razón, tanto el Registro Público de la Propiedad como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda colaboran con la indagatoria.
“La FGJ investiga la posible relación entre el corporativo que encabezaba la víctima con una empresa fantasma que fue contratada por la Secretaría de Finanzas, durante la pasada administración, con la finalidad de prestarle indebidamente un servicio de consultoría externa que no requería”, detalló el funcionario.
Según Lara, en 2018 la Secretaría de Finanzas pagó 406 millones de pesos a esta empresa fantasma, para la recuperación del Impuesto Sobre la Renta, sin que realizara labor alguna: “De acuerdo con la investigación realizada por el Ministerio Público adscrito a la coordinación general de investigación estratégica, la Secretaría de finanzas no se encontraba en la necesidad de realizar la contratación de despachos contables, ya que para ello, la dependencia contaba con la infraestructura tecnológica y de recursos humanos”.
Tampoco realizaron el trabajo otros dos despachos contratados para tal efecto, por lo que finalmente la dependencia lo hizo y lo entregó a las consultoras para que pudieran presentarlo y poder justificar el pago por estos servicios.
Informó que los responsables del crimen huyeron en dirección a Ciudad Nezahualcóyotl o Los Reyes La Paz, en el Estado de México, por lo que la fiscalía de dicho estado colabora con las investigaciones.
También dio a conocer la localización de un testigo, que dio detalles sobre las características físicas de uno de los atacantes: “Al seguir las labores de campo, policías de investigación, localizaron a un probable testigo de los hechos, quien señaló que escuchó detonaciones de arma de fuego y que logró observar a un individuo de gorra blanca que disparó contra los dos hombres para después huir del sitio. Es importante destacar que una de las líneas de investigación con que cuenta el representante social es que se trató de una agresión directa en contra de unas personas fallecidas. De acuerdo con los primeros reportes periciales, en el lugar de los hechos se localizaron tres balas deformadas, así como 21 casquillos percutidos calibre 9 milímetros”.
El pasado viernes, Martín Rodríguez Sánchez, consultor y articulista en algunos medios de circulación nacional, y presidente del Consejo Internacional de Empresarios (Coine), fue asesinado a balazos cuando salía de un gimnasio de la zona.
En el ataque, resultaron lesionados una mujer y un efectivo de la Policía Bancaría e Industrial (PBI) que fungía como escolta del empresario y que más tarde también perdió la vida.
“El hombre que perdió la vida en el lugar presentaba impactos de bala en el cráneo, abdomen y fémur; en tanto, el escolta fue trasladado a un hospital cercano con un impacto de arma de fuego (…) donde más tarde perdió la vida”, señaló el parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
De acuerdo con los primeros reportes, Rodríguez salió de un gimnasio ubicado en la zona cuando dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta color negro le dispararon.
Las empresas involucradas
Rodríguez Sánchez era CEO de JBGG Investment, una firma de consultoría especializada en temas contable, fiscal, financiero, jurídico y de negocios. De acuerdo con la investigación de El Universal, esta firma comparte dirección con JJ Acounting & Legal Matters SA de CV y Proyectos Complejos de Atlántico SCP.
“Esta última recibió depósitos entre agosto de 2017 y junio de 2018 por 327 millones de pesos de JJ Accounting & Legal Matters SA de CV. Proyectos Complejos de Atlántico SCP recibió también en el mismo periodo 136 millones de pesos de Profesionistas Moliel SA de CV, una de las empresas beneficiadas por la Secretaría de Finanzas con un contrato adjudicado el 18 de mayo de 2018 por 290 millones y un servicio de ocho días“, destaca el reportaje.
Sobre Rigoberto Contreras Cortés, la investigación lo sitúa como accionista, representante legal y apoderado de Freight Ideas SA de CV, que recibió un contrato del gobierno capitalino por 50 millones de pesos entre mayo y diciembre de 2018 para la emisión de comprobantes digitales por Internet.
También lo vincula a la empresa Diseño y Desarrollo en Soluciones Tecnológicas SA de CV, que recibió una transferencia de cuatro millones de pesos de JJ Accounting & Legal Matters en junio de 2018. “Un mes antes, esta última empresa recibió 406 millones de pesos por parte del Gobierno de la Ciudad de México por un contrato de ocho días” por la recuperación de ISR.
El diario cita fuentes de la Secretaría de Finanzas que comentaron que algunas de estas empresas fueron presionadas por funcionarios para realizar depósitos de entre 7 y 15 millones de pesos a cuentas específicas.
Mancera y Amieva responden
Según el reportaje, el exjefe de gobierno y actual Senador, Miguel Ángel Mancera, respondió a los cuestionamientos sobre el caso “que la obligación de las autoridades de Ciudad de México es investigar”.
Por su parte, José Ramón Amieva, actual presidente municipal de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo, comentó que se enteró de la existencia de los contratos por la prensa, que no conocía a los empresarios señalados por la investigación y que “la responsabilidad va sobre quien sabía a lo largo del gobierno y toleró”. En ese sentido, precisó que cuando entregó la jefatura de gobierno a Claudia Sheinbaum se negó a firmar documentos de la anterior administración “porque que de lo contrario ahora se encontraría ‘en un proceso de explicación'”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTRO: REDACCIÓN.
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