Animal Político quiso conocer el expediente del almirante Marco Antonio Ortega Siu, que en aquel momento era el jefe de la Unidad de Operaciones Especiales (UOPES) de la Armada, y de Alfredo Reyes Mondragón, capitán de fragata al frente de la Base de Operaciones de Marina en Nuevo Laredo hasta junio de 2018. El argumento de la Marina para mantener en secreto el currículum de ambos mandos es que la información podría llegar a manos del crimen organizado, lo que pondría en peligro a los oficiales y sus familias por ser personal operativo.
“La difusión de la trayectoria, cargos, puestos y destinos del personal naval operativo de seguridad de Infantería de Marina, personal de servicios en Unidades Operativas, podrían poner en peligro la integridad física del Personal Naval que participa en operaciones en coadyuvancia al mantenimiento del Estado de Derecho y en apoyo a la Seguridad Publica”, dice el acta correspondiente al número de folio 0001300201420, relacionada a Reyes Mondragón. La respuesta sobre Ortega Siu es exactamente la misma.
“La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés publico a la seguridad pública, en razón de que, dar a conocer información de este militar que se encuentra destacamentado en unidades operativas, podría permitir a los integrantes de la Delincuencia Organizada su identificación, ubicación y con la trayectoria y cargos se identificarían las operaciones militares en las que ha participado y participa, lo cual traería como consecuencia que se efectúen actos que pondrían en peligro la vida o la integridad física de este elemento militar y su familia”, insiste la respuesta.
Tanto Ortega Siu como Reyes Mondragón están señalados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como dos de los responsables de la desaparición forzosa de 27 personas, de las cuales 12 aparecieron muertas, según la recomendación VG36/2020, hecha pública en julio del año pasado.
Según las 34 carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República (FGR) por estos hechos, habría al menos 47 víctimas, lo que le convierte en uno de los casos con mayor número de víctimas después de los sucesos de Iguala que desembocaron en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en septiembre de 2014.
Ortega Siu está señalado por ser máximo responsable de la Unidad de Operaciones Especiales, que es el grupo de élite encargado del combate al crimen organizado y que en aquel momento estaba desplegado en Nuevo Laredo en tareas de orden público.
El almirante tiene una larga carrera y se le atribuyen, entre otros operativos, la recaptura de Joaquín el “Chapo” Guzmán Loera, en enero de 2016. Después de los hechos de Nuevo Laredo, su nombre sonó para secretario de Seguridad en Puebla e incluso fue anunciado por Miguel Barbosa en julio de 2019. Finalmente, el gobernador dio marcha atrás y argumentó que Ortega Siu tenía compromisos pendientes con la Marina. No se conoce cuál es su destino desde entonces.
En el caso de Reyes Mondragón hay todavía más interrogantes. Su figura es señalada por testigos de algunas desapariciones como el marino al mando de los operativos sobre el terreno. En junio de 2018 fue acuartelado en Ciudad de México junto a 257 elementos, en un repliegue que fue justificado por las denuncias recibidas sobre violaciones a los derechos humanos.
Semar aseguró que investigaría a todos ellos pero nunca se supo en qué quedaron las pesquisas, si hubo alguna sanción o qué ocurrió con todos estos hombres señalados por graves violaciones a los derechos humanos.
A pesar de la magnitud de los hechos, con 47 víctimas de desaparición forzada y posible ejecución extrajudicial, solo una de las investigaciones ha llegado ante un juez. Se trata de la carpeta FED/SDHPDSC/FEIDDF-TAMP/0000312/2018, centrada en la desaparición de Julio César Viramontes Arredondo, el 19 de febrero de 2018.
La última vez que se le vio transitaba en un coche que fue embestido por un vehículo de Semar con las placas modificadas. Diversos testigos aseguran que fue capturado por los marinos y un juez de Reynosa, Tamaulipas, vio indicios suficientes para procesar a nueve integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales por desaparición forzosa. Sin embargo, el mismo juez no consideró necesario detenerlos, ya que argumentó que al ser funcionarios y tener superiores estarían localizados.
Hasta el momento, la recomendación 36VG/2020 de la CNDH es la única buena noticia que han tenido las familias de las víctimas. En ella, la institución señala a la Marina como responsable de 27 desapariciones y exige que los afectados sean compensados. Han pasado seis meses y, a pesar de que la Semar aseguró que aceptaba lo dicho por la CNDH, la recomendación no se ha cumplido.
Ahora, la Armada mantiene en secreto cuál fue el paradero de los mandos señalados por las graves vulneraciones a los Derechos Humanos. De este modo, se desconoce si, después de ser vinculados a desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales, los oficiales siguieron subiendo en el escalafón militar como si nada hubiera ocurrido.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
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