La omisión es una violación a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, por lo que la SFP “determinó imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años”. Castillo Cervantes “faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016”.
Castillo Cervantes también fue comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán y omitió declarar seis cuentas bancarias, a nombre suyo y de su cónyuge, cuyos saldos ascienden a 18.3 millones de pesos, de acuerdo con la dependencia a cargo de la Secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
La SFP anunció en un comunicado que la información que dio pie a la sanción se localiza en uno de los 26 mil 064 expedientes de responsabilidad administrativa que en los dos primeros años de la actual administración se han abierto.
“Tras un exhaustivo procedimiento de responsabilidades se determinó imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años a un ex director general de la de la administración de Enrique Peña Nieto”, detalló en un comunicado la SFP.
Para la Secretaria Sandoval la transparencia y estricta legalidad requiere que quienes se desempeñan como altos funcionarios cumplan con sus obligaciones, como las declaraciones patrimoniales.
La SFP tiene como una de sus atribuciones realizar la verificación de la evolución patrimonial de quienes trabajan en el servicio público, fue así como se detectaron omisiones de Castillo Cervantes en sus declaraciones.
Sandoval Ballesteros explicó que el mecanismo de rendición de cuentas patrimonial sirve para la prevención de los delitos de corrupción, así como la prevención del enriquecimiento ilícito y cualquier incumplimiento será sancionado “a fin de seguir reconstruyendo la confianza ciudadana en el servicio público, la cual fue erosionada por el régimen neoliberal”.
La sanción derivó de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial en el que se detectó que el exfuncionario local y federal “faltó a la verdad en sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: de 2014 a 2016”.
“La Dirección General de Responsabilidades y Verificación Patrimonial inició un minucioso procedimiento administrativo sancionador y determinó que omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y al de su cónyuge, en las que en total tenían más de 18 millones 300 mil pesos”, aseguró la SFP.
La omisión del extitular de la Conade incurrió en una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que establecía la obligatoriedad de presentar estas declaraciones con oportunidad y veracidad.
AUTOR: REDACCIÓN.
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