Durante todo el trayecto Tomás se mantuvo en comunicación con sus familiares a través de mensajes de WhatsApp. Hasta un día antes del hallazgo de los cuerpos, cuando no volvió a conectarse.
“Al principio no prestamos atención. Decían que algo había ocurrido en México, pero no le dimos importancia. Hasta que luego nos informaron de que sí, de que había ocurrido un accidente y de que estaba muerto”, dijo, en entrevista telefónica con Animal Político.
La familia de Tomás Tomás asegura que el joven es uno de los 19 cuerpos calcinados que fueron hallados el sábado en Camargo, Tamaulipas. Por el momento solo se han hecho públicos los nombres de 13. Las identidades difundidas son: Santa Cristina García Pérez, Dora Amelia López Rafael, Paola Damaris Zacarías Gabriel, Óscar Velásquez Ramírez, Edgar López y López, Adán Coronado Marroquín, Marvin Alberto Tomás Tomás, Élfego Roliberto Miranda Díaz, Osmar Neftalí Miranda Baltazar, Robelson Elías Tomás Isidro, Anderson Marco Antulio Pablo, Rivaldo Danilo Jiménez Ramírez e Iván Gudiel Pablo Tomás. Los nombres los reveló el diputado guatemalteco Mario Eduardo Gálvez, quien aseguró estar en comunicación con las familias.
Desde que se encontraron los cadáveres se especuló con la posibilidad de que las víctimas fuesen migrantes en tránsito hacia Estados Unidos. No podrá confirmarse hasta que se cotejen las pruebas de ADN, un proceso que podría tardar hasta dos semanas.
Los familiares, sin embargo, están seguros de que sus allegados son las víctimas de esta nueva masacre en la frontera con Estados Unidos. Por un lado, porque sabían que estaban en ruta y mantenían comunicación con ellos hasta poco antes del hallazgo de los cuerpos. Por otro, porque en varios casos recibieron la llamada de guías o coyotes que les aseguraron que había ocurrido un “accidente”. Estas llamadas fueron confirmadas por Gálvez, que acompaña a las familias en los trámites para solicitar la repatriación. “Los familiares de estas víctimas que se presume iban en un grupo compacto, que en algunos de los casos las familias han expresado que los que eran encargados del grupo, que presumo, son las redes de coyotaje, se comunicaron para informar que el grupo de personas había fallecido”.
Esta tesis fue confirmada también por los comunicadores locales Nelson Abel Agustín Cardona y Sofy Vicente en el medio Comitán Enlace Internacional. Ante las dudas sobre cómo las familias conocían las identidades, el primero explicó: “Para aclararles un poco, cómo es que la familia en Comitancillo se enteró, el guía o el coyote, como ustedes lo quieren llamar, es originario de este pueblo de Santa Cruz, Comitancillo, del departamento de San Marcos. Él llevaba a todos los que iban, es decir, 18, entonces esto es lo que les puedo decir, por ellos que sabemos que son la familia, no les puedo decir más porque es información reservada y privada, una poca de explicación de porqué sabemos que la familia sabe”.
En las últimas jornadas, diversas familias han aparecido en medios locales expresando su preocupación.
Pruebas genéticas en marcha
El lunes 25 de enero, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas recabó las muestras de ADN de los cuerpos calcinados que se encuentran resguardados en una funeraria privada en Miguel Alemán, informó el vocero de Seguridad, Luis Alberto Rodríguez. En Guatemala, el gobierno nacional tomó las pruebas genéticas a las familias para realizar los exámenes forenses.
“No tenemos un dato oficial porque no se han identificado todos los cuerpos. De hecho, ninguno. Sin embargo, las familias de Comitancillo lo aseguran y todo apunta a que sí”, dijo Luis Carlos Velázquez, gobernador del departamento de San Marcos. El domingo, el funcionario se reunió con familiares de las posibles víctimas para ofrecerles apoyo en el traslado de los cadáveres.
Según dijo, familiares de las víctimas les aseguraron que la última vez que se comunicaron con las migrantes estaban cerca de Camargo. A partir del sábado intentaron comunicarse con ellos y nadie ha respondido a los teléfonos. “Entonces todo eso asumimos que son los familiares, sin embargo, estamos esperando el procedimiento legal y médico forense”, recalcó Velásquez.
El gobernador del departamento de San Marcos y el diputado Gálvez coincidieron que 11 de las presuntas víctimas son originarias de Comitancillo, una de Sipacapa, otra de Catarina, aunque oficialmente todavía no hay identificaciones. Personal del Consulado de Guatemala en México, ubicado en Monterrey, confirmó atiende el caso, pero no respondió a ningún cuestionamiento.
La masacre de Camargo se descubrió por un reporte ciudadano que recibieron policías estatales el viernes 22 de enero. Al día siguiente por la noche, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas abrió una carpeta de investigación por los 19 homicidios en el poblado Santa Anita, ubicado a 69 kilómetros de territorio estadounidense.
La versión oficial difundida es que policías estatales encontraron dos vehículos incendiados. En un automóvil modelo pick up localizaron dos cuerpos en la cabina, un par más de cada lado del piloto y copiloto y 15 en la caja del vehículo.
La principal línea de investigación es que los hechos ocurrieron en un sitio distinto a donde se encontraron las camionetas. En el lugar no se hallaron casquillos. En su testimonio, un poblador dijo que los vehículos fueron cruzados desde territorio de Nuevo León. Dentro de la camioneta incendiada encontraron una placa con matrícula de Nuevo León.
Durante el lunes, un grupo especial de peritos de Reynosa trabajó en la revisión de las pruebas y los automóviles. Al cierre de la edición se desconoce si se formalizó la colaboración con la Fiscalía de Nuevo León para ampliar la investigación. El domingo, el gobierno nuevoleonés desmintió que colaborará en el hecho criminal.
Para garantizar que se desarrolle un proceso con garantías, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, el Instituto de Mujeres en Migración y diversas organizaciones de migrantes desaparecidos de Centroamérica presentaron una denuncia con el objetivo de que se les permita ser parte del proceso. Alegan que se trata de graves vulneraciones a los Derechos Humanos y confían en poder seguir las investigaciones de cerca. Este mismo acompañamiento se brinda a familias de fallecidos en masacres como la de San Fernando, en 2010, o las fosas clandestinas halladas en Cadereyta un año después.
Por el momento, las familias en Guatemala intentan hacer frente a la situación. Al golpe emocional se le suma la incertidumbre del inicio de no saber si podrían hacer frente a los gastos de repatriación. La mayoría de las supuestas víctimas son indígenas mam, originarias del departamento de San Marcos, al noroeste de Guatemala. El mam es uno de los 24 pueblos indígenas que habitan Guatemala y mantienen su propio idioma, por lo que algunas de las familias de las posibles víctimas son monolingües.
San Marcos es uno de los departamentos más marginados del país centroamericano. Según datos de la secretaría de Seguridad Alimentaria, el 60% vive en situación de pobreza y otro 22% en pobreza extrema.
Por este motivo, muchos de sus habitantes deciden en algún momento hacer la mochila y tratar de alcanzar Estados Unidos. Algunos, como El Zurdo, no consiguen llegar a su objetivo nunca.
ONU compara hallazgo con masacre de San Fernando y Cadereyta
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) comparó el hallazgo de 19 cuerpos calcinados en Tamaulipas con las masacres de San Fernando, en 2010, en la que asesinaron a 72 migrantes, y con la de Cadereyta, Nuevo León, en 2012.
Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU en México, señaló que el Estado tiene la obligación de garantizar la plena identificación de los restos encontrados conforme a métodos científicos y llevar a cabo una restitución digna a sus familias.
“Esperamos que las víctimas extranjeras y sus familias reciban todo el apoyo de sus autoridades consulares. Se debe permitir el acceso de las familias o sus representantes a la información contenida en los expedientes judiciales que se abran por estos hechos. Este es un paso imprescindible para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de los familiares de las víctimas”, refirió en un comunicado.
Indicó que la falta de alternativas para una migración realmente segura, ordenada y regular orilla a las personas migrantes a recurrir a traficantes de personas o a rutas peligrosas, lo cual aumenta su riesgo de ser víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos.
“Aunque desconocemos sus motivos para migrar, la mayoría de las personas sale de sus países empujados por circunstancias económicas adversas, por reunificación familiar y/o por situaciones de violencia y persecución. A esto se suma que sus condiciones de vida se han visto profundamente afectadas a raíz de la pandemia por COVID-19 y por el devastador paso de los huracanes Eta y Iota”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: CAROS MANUEL JUÁREZ, ALBERTO PRADILLA.
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