De acuerdo con el documento, Fonatur “inició medidas administrativas antes de consultar a la población indígena, ya que no les informó sobre los efectos y riesgos, no previó la atención de la población que se vería afectada, en el ámbito social, por su desarrollo. Además, la paraestatal no acreditó el enfoque social del proyecto, ni su contribución en materia de salud, educación y bienestar en sus comunidades receptoras”.
Además de la falta de consulta, la ASF señaló que Fonatur arrancó el proyecto del Tren Maya sin los estudios pertinentes para determinar su factibilidad social, pues nunca dispuso del trazo definitivo del megaproyecto, ni de la ubicación de los polos de desarrollo a lo largo de su ruta.
Por otra parte, tras revisar el ejercicio de más de mil 100 millones de pesos, la Auditoría indicó que debe aclararse el destino de 156 millones de pesos relacionados con pagos no justificados y adjudicaciones de contratos.
Agregó que “podría incrementarse la inversión y existiría el riesgo de que el Estado no obtenga la rentabilidad esperada por el proyecto” si Fonatur continúa con modificaciones, por ejemplo en la ruta del tren, o si hay retrasos en la construcción.
Para la elaboración del informe, la ASF realizó siete auditorías al Tren Maya, de las cuales surgió una serie de recomendaciones al megaproyecto relacionadas con los efectos sociales y el seguimiento de las inversiones, entre otros puntos.
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