La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación en contra de 15 personas y 15 empresas posiblemente fantasma, que conformaron una presunta red de lavado de dinero a través del cual se ocultaron millones de dólares provenientes del fraude en inversiones inmobiliarias y paraísos fiscales.
La indagatoria inició a partir de la denuncia formal que el pasado 12 febrero presentó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda que, además, interpondrá una segunda querella en contra las instituciones bancarias que filtraron la lista de personas cuyas cuentas fueron bloqueadas como parte de las indagatorias.
Todo esto se suma a una indagatoria que la Fiscalía ya tenía abierta por la denuncia de un banco de origen español sobre el fraude con las tarjetas clonadas.
A su vez, la FGR ha solicitado a jueces federales audiencias para proceder penalmente en contra de al menos siete exfiscales y policías federales que el año pasado participaron en un cateo al domicilio del empresario Florian Tudor, supuesto líder del grupo criminal según las indagatorias, del que fueron sustraídos múltiples objetos de valor.
“Estamos ante un entramado de corrupción de múltiples niveles, donde la clonación de tarjetas bancarias solo fue el inicio. A partir de ahí vienen las complicidades con autoridades y funcionarios para blanquear los capitales en el sistema financiero, pero también los abusos e irregularidades registrados en las indagatorias del caso” dijo a Animal Político un funcionario federal con pleno conocimiento del caso.
De acuerdo con las autoridades, un juez federal y otros mandos de la policía de Quintana Roo y de la propia FGR, también estarían siendo investigados por irregularidades o negligencias en el caso. Florian Tudor, por su parte, ha negado en múltiples ocasiones ser parte o líder de grupo delictivo alguno.
La gran red de lavado
De acuerdo con los datos a los que este medio tuvo acceso, la denuncia presentada el 12 de febrero por la UIF va dirigida en contra de 30 sujetos, de los cuales 15 son personas físicas (individuos) y 15 son personas morales (empresas), estas últimas presuntas simuladoras de operaciones, es decir, compañías fachada.
La carpeta de investigación iniciada a partir de dicha denuncia por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y los que resulten quedó a cargo de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRAPPA) de la Fiscalía General.
Lo que Inteligencia Financiera reporta es que esta red fue tejida y coordinada por ciudadanos de origen rumano pertenecientes a la denominada “Banda de la Riviera Maya”, que según una investigación periodística internacional habría obtenido ganancias por al menos 1 mil 200 millones de dólares gracias a la clonación de tarjetas bancarias con las cuales se retiraba dinero de cuentahabientes de diversos países.
El objetivo de dicho entramado criminal era reingresar al sistema financiero el dinero proveniente de los fraudes para darles una fachada lícita. El uso de las empresas fantasma, posiblemente ligadas a una misma estructura corporativa, tuvo la finalidad de simular operaciones que justificaran el movimiento del dinero.
Los cuantiosos recursos ilícitos, destaca la UIF, fueron movidos de distinta forma, a veces con retiros o depósitos en efectivo, pero también invirtiéndolos en bienes de lujo, en bienes raíces, en apuestas y sorteos, entre otros. Se detectaron además transferencias injustificadas a cuentas bancarias en paraísos fiscales.
La relación oficial de personas y empresas denunciadas por la UIF no ha sido detallada por dicha autoridad para no afectar las indagatorias. No obstante, el titular de dicha unidad, Santiago Nieto, dijo en diversas declaraciones que entre los indagados, además de ciudadanos de origen rumano, habría políticos y exfuncionarios públicos mexicanos.
Una investigación del diario Milenio reveló la semana pasada que entre las personas implicadas en la red delictiva están el diputado del Partido Verde, José de la Peña Ruiz de Chávez, así como Jonathan Medina, exfiscal del fuero común en Quintana Roo. A ellos se suman Israel López Salazar y Luis Miguel Zetina, presuntos colaboradores de René Bejarano.
La lista filtrada
El empresario Florian Tudor – quien en distintas indagatorias ministeriales y periodísticas ha sido señalado de encabar a la denominada “Banda de la Riviera Maya” o “Mafia Rumana – ha negado reiteradamente su implicación en el fraude. La última de ellas fue en una carta abierta publicada el pasado 14 de febrero, donde destaca que ni su familia ni sus empresas figuran en las indagatorias de Inteligencia Financiera.
Para sostener lo anterior, Tudor publicó una respuesta que la UIF le dio en julio de 2020 donde le indicaba que no estaba en la lista de personas bloqueadas. Pero, además, el empresario publicó otro documento que la UIF envió el 4 de febrero pasado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para notificarle el bloqueo de las cuentas bancarias de diversas personas que estaban bajo investigación, entre las que no figura dicho empresario.
En respuesta a estas publicaciones, funcionarios de la UIF confirmaron que interpondrán una denuncia de carácter penal en contra de la institución financiera que resulte responsable por la filtración de dicho documento.
En la unidad destacaron que se trataba de un documento confidencial que no debió haberse dado a conocer, y que solo estaba en poder de la CNBV y de los bancos. Sobre el rol de Tudor las fuentes confirmaron que se trata de uno de los posibles implicados en el caso, pero indicaron que no es posible revelar otros detalles.
Los abusos confirmados
El 28 de mayo de 2020 Animal Político reveló que las fiscalías especializadas en Combate a la Corrupción y Asuntos Internos de la FGR investigaban a por lo menos 20 funcionarios y exfuncionarios de distintos niveles debido a diversos abusos cometidos en un cateo realizado a la vivienda de Florian Tudor, en mayo de 2019.
Las indagatorias arrojaron que durante dichas inspecciones fueron sustraídos de forma ilícita objetos de valor de cajas fuertes que se ubicaban en dicho domicilio. Pese a que la inspección ministerial solo tenía la finalidad de ubicar posibles armas de fuego, del domicilio fueron robados relojes y pulseras de lujo, joyas, dinero en efectivo, documentos, todo ello valuado en al menos dos millones de dólares. También se llevaron equipos electrónicos diversos.
En ese contexto, la FGR ha decidido ahora proceder penalmente en contra de cuatro expolicías federales, dos policías ministeriales y un agente del Ministerio Público que participaron en dicha diligencia por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público y lo que resulte. Los nombres de los implicados se mantienen bajo reserva.
De acuerdo con los funcionarios consultados, las imputaciones se encuentran listas desde el año pasado, sin embargo, los jueces federales de control han diferido en varias ocasiones la fecha de audiencia inicial debido a la contingencia sanitaria, y a otros aspectos de tipo burocrático.
Se prevé que sea a más tardar en marzo cuando se retomen las referidas audiencias iniciales en juzgados federales de Quintana Roo y Ciudad de México, en las que la FGR solicitará la vinculación a proceso de los implicados.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
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