José Armando Medina y su familia viven en Salvatierra, Guanajuato. María José estaba estudiando Veterinaria en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y cada fin de semana volvía a casa. Hasta que el 18 de febrero de 2017 su cuerpo fue encontrado sin vida. María José ya no volvió, y en lugar de eso, su padre lleva ya cuatro años yendo a la ciudad en la que perdió a su hija, tan solo para toparse con pared.
Lo más cerca que sintió estar de que se hiciera justicia fue a los dos años del crimen. La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) le informó que había localizado en la red social Facebook a un hombre que parecía ser la última persona con quien se vio hablando a María José en videos de la puerta de un bar.
“Me da la impresión, a estas alturas… no, no me da la impresión, tengo la certeza de que no están haciendo nada porque una vez que logran identificar al tipo, dan con él, dan con el nombre, dan con el domicilio, lo citan y se presenta a declarar. Pero pues obviamente en la declaración él no iba a decir ‘sí, yo fui o yo hice esto’. Al contrario, yo después fui a ver qué había pasado y me dicen: no, pues no pasó nada, él dijo que no estuvo ahí”, relata.
El sujeto era también de Guanajuato, del municipio de Uriangato, a menos de una hora de distancia de Salvatierra y el mismo de donde son originarios los amigos con los que María José salió esa noche. Pero todos negaron conocerlo, aunque en Facebook, uno de ellos sí tenía contacto con uno de los amigos con los que el sospechoso reconoció haber ido a ese bar de Morelia en otra ocasión.
“De los otros tres, creo que nada más uno fue a declarar y que no tenía nada que ver. Y los otros dos, los citaron pero que no habían ido, y así se la llevaron una buena cantidad de días o meses, que no iban y no iban, y según esto, me decían que ellos no podían hacer nada cuando es una Fiscalía del Estado, me dicen que no pueden hacer nada en otro estado, no pueden molestar a nadie en otro estado, como si fueran países independientes. Y pues el caso es que estas tipos no fueron, le encargaron la entrevista al Ministerio Público de Uriangato, nomás fue uno y el otro nunca apareció”, recuerda.
María José desapareció la madrugada del viernes 17 de febrero de 2017 después de ir a un bar con unos amigos estudiantes de Derecho. Los videos muestran que en la mesa de al lado había cuatro jóvenes, uno de ellos la abordó y en algún momento salieron juntos del bar. Después de eso, ella intentó llamar por teléfono a varios amigos y amigas, pero nadie le contestó y no se supo más de qué le pasó después de eso.
Su familia empezó a buscarla en la tarde para saber a qué hora regresaba a Salvatierra, pero su teléfono ya no daba tono. Entonces viajó a primera hora del sábado a Morelia, y unas horas después recibió la noticia que cambiaría todo: se había encontrado el cadáver de una chica que fue violada, golpeada y asesinada con un disparo en un paraje rumbo a Atécuaro, unos kilómetros al sur de la ciudad. Era el cuerpo de María José.
“A partir de ahí empezó un viacrucis, porque hay que estar declarando, hay que estar al pendiente de la investigación, hay que estar acudiendo las veces que sea necesarias a presentar pruebas, a presentar testigos. Pero me voy dando cuenta desde que pasa el primer año, pues que no tienen nada; pasa el segundo, pasa el tercero, el cuarto año va a pasar. Yo me desespero porque las veces que he ido me devuelvo con una patada en el trasero. Muchas de las veces que he ido ni me reciben, y me reciben pero solo con previa cita. Y el problema no es ese, sino que cada que voy pues no tienen nada”, lamenta su padre en entrevista.
José Armando ni siquiera ha podido hojear la carpeta de investigación. Nunca se la ofrecieron, dice, y tampoco tienen abogado de oficio, así que mucho después se enteró de que tenía derecho a tener una copia. Pero una vez que se las pidió, le dijeron que justo ese día, no la tenían ahí, en la Fiscalía de Investigación y Persecución del Homicidio Doloso contra la Mujer y Feminicidio.
Otra pista de la que lamenta que no se hizo nada para obtener más, es de las llamadas que intentó hacer su hija la última noche de su vida. En la sábana de llamadas aparecía que había marcado varios números, unos fueron ubicados como compañeros de la misma universidad de Morelia, pero otro era uno de Salvatierra que no identificaban.
Hace poco, se presentó a casa de la familia Medina Flores un vecino que le contó a los padres que era de él ese registro, y además de la llamada, recibió mensajes de Whatsapp. En ellos María José le decía que se sentía muy incómoda porque estaba en un bar y había llegado un muchacho con el que una vez pasó “algo malo” que en ese momento no quería contar. Es decir, la prueba de que sí conocía a quien estaba en la otra mesa esa noche.
Dieron aviso a la Fiscalía de Michoacán y hasta 15 días después fueron a buscar al vecino, que para ese entonces, se echó para atrás, negó tener información, y no hubo nada que lo obligara a entregar esos mensajes.
En septiembre pasado, José Armando vio en las noticias el caso de Jessica González Villaseñor, otra joven casi de la misma edad de su hija que fue asesinada. Vio cómo se publicó por todos lados la fotografía del presunto asesino, Diego Urik N, la Fiscalía ofreció una recompensa de un millón de pesos y emitió una Ficha Roja a la Interpol, hasta que fue detenido, y reclama que para el posible feminicida de su hija no haya habido más que una entrevista de la que lo dejaron ir porque negó ser el responsable.
Animal Político preguntó a la Fiscalía sobre avances del caso; la respuesta fue que han tenido reuniones para darle información al padre de María José, pero por seguir en investigación no se puede dar ningún dato públicamente.
Este jueves, cuatro años después del crimen que sigue impune, colectivas feministas de Morelia planean montar un memorial en honor de María José.
Morelia fue en 2020 el onceavo lugar en feminicidios de todo el país, por encima de Ecatepec, con 9 casos registrados. Pero Michoacán es uno de los estados que menos tipifica así los asesinatos de mujeres y que más absuelve a los acusados, a pesar de ser una de las 14 entidades que tiene una Fiscalía especializada para ello. En 2020 solo clasificó como feminicidio 21 de 250 homicidios femeninos, el 8.4%, cuando a nivel nacional fue el 25.8%.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT) documentó en un informe publicado el año pasado que de 2017 hasta mediados de 2019, Michoacán fue el estado con más condenas absolutorias en caso de feminicidios, 26, ligeramente por encima de las condenatorias.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ITXARO ARTETA.
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