“No habrá impunidad, trátese de quien se trate”, aseguró el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en un mensaje posterior al anuncio de Fiscalía. A pesar de la contundencia del mandatario, esta no es la primera ocasión en la que agentes adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno que él preside son señalados por graves vulneraciones a los derechos humanos.
La matanza perpetrada en septiembre de 2019 en la colonia Valles de Anáhuac de Nuevo Laredo, en la que fueron asesinadas ocho personas, el asesinato de un joven ingeniero en Río Bravo en febrero de 2020 o la desaparición de al menos dos personas en Mier y la represión de los familiares que exigían conocer su paradero son algunos de los casos recientes que persiguen a la policía estatal en Tamaulipas. En todos los expedientes las familias denuncian la impunidad de la que se beneficiaron los uniformados.
El asesinato de ocho personas en la colonia Valles de Anáhuac de Nuevo Laredo tuvo lugar el 5 de septiembre de 2019. Las víctimas fueron Wilbert, de 20 años; Jennifer, de 21; Severiano, de 34, Juana Yetzel, de 20; Enrique, de 20; Cindy Esmeralda, de 39; Luis Fernando, de 19 y José Daniel, de 19. En un primer momento, las autoridades presentaron lo ocurrido como un enfrentamiento con integrantes del crimen organizado y mostraron fotografías de los fallecidos vestidos con ropa táctica y armados, como si hubiesen disparado contra los agentes. Todo era un montaje.
Los hechos ocurrieron en el domicilio de Kassandra Treviño, hija de Severiano, uno de los asesinados. Según su relato, policías del grupo élite, entonces conocido como Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET) irrumpieron al interior de la vivienda, la golpearon y se llevaron a su padre. Ella fue obligada a abandonar el lugar en el que, posteriormente, ocho personas, incluido Severiano, fueron asesinados.
El testimonio de la joven fue clave para desmontar la versión oficial.
“No pueden ir los oficiales matando inocentes porque sí. Que paguen lo que hicieron”, dijo Kassandra Treviño en entrevista con Animal Político.
A pesar de su deseo de justicia lo cierto es que ha pasado un año y medio y apenas hay avances. Únicamente hay dos policías encarcelados, tres están en libertad ya que colaboran con la investigación y otros dos se encuentran en busca y captura.
El 7 de febrero de 2020, Juan Daniel Ortiz Martínez, ingeniero de 23 años, fue asesinado por policías estatales que, supuestamente, lo confundieron con criminales a los que perseguían. La camioneta en la que viajaba recibió más de 50 impactos de bala. Los hechos ocurrieron en Río Bravo y, en un primer momento, los agentes también trataron de vincular a la víctima con el crimen organizado. Finalmente, la Fiscalía ordenó la aprehensión de ocho agentes, que escaparon sin que hasta el momento hayan sido arrestados.
Represión a balazos
Al comenzar el 2021 la Policía estatal volvió a verse involucrada en denuncias por violaciones a los derechos humanos. Luis Alberto Herrera Ávalos, de 27 años, y Jaime Santacruz, de 28, fueron detenidos en Ciudad Mier y trasladados a Miguel Allende, donde fueron desaparecidos. Ahí, en la oficina de Vialidad y Tránsito, los capturó un grupo de civiles armados, presumiblemente integrantes del Cartel del Golfo, que se los llevaron. Sus familiares no han vuelto a saber nada de ellos y acusan a los oficiales de entregarlos al narco. Los hermanos Mario Alexis y Brian Eduardo García Bocanegra, ambos de 19 años, fueron también arrestados en aquel operativo, pero lograron escapar.
Una semana después, el 13 de enero, vecinos de Ciudad Mier protestaron para reclamar el paradero de Luis Alberto y Jaime. Cortaron la vía en dirección a Nuevo Laredo, pero fueron reprimidos por efectivos del Grupo de Operaciones Especiales de la Seguridad Pública de Tamaulipas (GOPES), que los dispersaron disparando fuego real y agredieron a varios de los participantes en la protesta.
Un grupo de élite entrenado por Marina y EU
La policía de Tamaulipas tiene un historial de señalamientos por la presunta cercanía de algunos de sus efectivos con integrantes del crimen organizado. El estado norteño tiene una fuerte presencia de grupos delictivos que pugnan por el territorio y los negocios ilícitos. En los últimos años, los dos principales son el Cartel del Golfo, una estructura que cuenta con casi un sigo de historia, y el Cartel del Noreste, escisión de los antiguos Zetas, un grupo originalmente formado por militares que en un primer momento fue el brazo armado de sus rivales del Golfo.
A pesar de este contexto, la policía estatal no es la que peores resultados obtiene en las evaluaciones de control de confianza hechas pública por la Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Según datos de diciembre de 2020, de un universo de 5 mil 046 agentes fueron evaluados 4 mil 978. De ellos, fue aprobado el 89%, con solo el 8% de suspensos y quedando pendientes de evaluación el 2%. En total, la estadística señala que el 84% de los integrantes de la policía de Tamaulipas tiene vigente su control de confianza, lo que le ubica incluso por encima de la media nacional de policías estatales y municipales, que está en el 79%.
Tanto en la masacre de Nuevo Laredo como en la última de Camargo los señalados son el grupo de operaciones especiales de la Policía Estatal. Se trata de un cuerpo que ha venido cambiando de nombre pero que siempre ha mantenido las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Primero fue conocido como Fuerza Tamaulipas, pero luego, con la llegada de Cabeza de Vaca al gobierno, todo el cuerpo se denominó Policía Estatal. Al interior de la corporación se puso en marcha el CAIET, que ha operado como grupo de élite hasta que adoptó el nombre de GOPES, pero siguió siendo la misma estructura.
Esta última corporación fue presentada en agosto de 2020 por el propio Cabeza de Vaca. Según se dijo entonces, dispone de 150 efectivos y tiene bases en Ciudad Victoria y Reynosa. Un detalle relevante: los integrantes del grupo recibieron formación de la Marina y de Estados Unidos. Precisamente, el grupo de operaciones especiales de la Armada de México también ha recibido señalamientos por vulneraciones a los derechos humanos y varios de sus integrantes son acusados por desapariciones forzosas perpetradas en Nuevo Laredo entre enero y junio de 2018.
“Nada ha cambiado desde la masacre de San Fernando”
“Me pregunto por qué no ha renunciado el secretario y por qué el gobernador no ofrece disculpa publica a las familias de los migrantes”, asegura Raymundo Ramos, director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y acompañante de las víctimas de sucesos como la masacre de la colonia de Valle de Anáhuac.
“Intentaron hacer pasar a los migrantes por criminales y crear otro montaje, ya que la primera versión oficial era que hubo un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado, que cambió cuando aparecieron los familiares desde Guatemala”, dice.
Ramos denunció la ausencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y lamentó que, desde la masacre de San Fernando en la que 72 migrantes fueron asesinados en 2010, “no ha cambiado nada en Tamaulipas”.
“No queda claro qué ocurrió, aunque es gravísimo”, dice María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. En su opinión, hay que aclarar cuál fue el papel exacto de los policías estatales e investigar también a los agentes del Instituto Nacional de Migración, ya que una camioneta que había sido asegurada en otro operativo contra el tráfico de personas indocumentadas en Nuevo León apareció calcinada y su dueño es una de las víctimas.
“De situaciones anteriores queda claro que estos grupos de fuerzas especiales que se forman en el país en algún momento no están bien controlados. Le das demasiado entrenamiento, poder de fuerza, pero no los tienes en tratamiento y bien controlados, y es cuando suceden estas cosas. O se cambian de bando”, explica, tras recordar, por ejemplo, el origen de Los Zetas, que está precisamente en un grupo de élite del Ejército que desertó y se pasó al narco.
La investigación actualmente está en manos de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas. Aunque se trata de un caso de presunto crimen organizado y que además involucra a migrantes, el caso no ha sido atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) como exigían organizaciones sociales y de defensa de los Derechos Humanos. Consideraban estos grupos que una carpeta dirigida desde el propio estado tendría sus limitaciones.
Los dos pasos más urgentes son la identificación de las víctimas y las declaraciones judiciales de los policías. Habrá que ver si estos doce agentes son los únicos señalados por la masacre o se sigue la cadena de mando. Los antecedentes muestran que la mayoría de oficiales a los que se vinculó con graves crímenes en Tamaulipas lograron eludir la justicia y gozan actualmente de impunidad.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
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