Contrario a lo que señaló el director general de Fonatur, Rogelio Gómez Pons, las comunidades mayas sí han interpuesto varios amparos para detener la construcción del Tren Maya, apelando a la amenaza que representa al medio ambiente, el despojo del territorio y el desalojo de las familias que viven cerca de las obras.
“En su gran mayoría, esas poblaciones han demostrado su apoyo al Tren Maya. Los que se manifiestan tienen todo el derecho, mas no pueden autodenominarse como comunidades, son las ONG”, dijo Gómez Pons, pero incluso la información oficial registra al menos seis amparos de comunidades en Campeche y Quintana Roo interpuestos desde 2019, cuando inició la construcción del megaproyecto.
“Nos tratan como ignorantes de la construcción, pues una cosa es rehabilitar y otra es obra nueva. Hay conflictos que se están generando en muchos ejidos por las indemnizaciones, por ejemplo en Champoton, Escarcega, Candelaria, Calkini, Halacho, Chochola y más. No son ONG las que están en conflicto, son las comunidades”, dijo a La Jornada Romel González, coordinador de democracia y desarrollo del Consejo Regional e Indígena de Xpujil (CRIPX).
González aseguró que las declaraciones de Fonatur sobre los amparos interpuestos demuestran la falta de conocimiento sobre los procesos legales que han iniciado las comunidades indígenas para defender su territorio y la vida comunitaria.
Por su parte, Guadalupe Cáceres, activista y defensora del Colectivo Tres Barrios Campeche, señaló que desde 2019 las comunidades se organizaron para presentar las demandas contra la construcción del Tren Maya.
“Nuestra comunidad está a pie de la vía y nosotros luchamos por nuestro hogar y nuestras tradiciones. Nos demandan que tendrán que quitar 20 metros por cada lado de la vía y nosotros no estamos de acuerdo, son nuestros terrenos. Nos buscan desacreditar mediante procesos que desconocemos”, dijo Cáceres.
La defensora denunció que los trabajadores de ONU Hábitat visitaron las comunidades durante la pandemia sin respetar las medidas de distanciamiento, “además que buscaban un desalojo forzoso de nuestras tierras”.
“Nosotros empezamos nuestros procesos en 2019 y el 15 de febrero tenemos una audiencia. Buscamos la relocalización del tren”, añadió.
De igual forma, Nicolás Arcos Martínez, de la comunidad Nuevo San José, en Calakmul, explicó que interpusieron un amparo contra el Tren porque su producción incrementará los costos de los productos en la localidad y afectará a las familias.
“Se ha firmado un amparo para evitar la construcción, se ha dicho que llegarán apoyos, pero no ha pasado. Los recursos naturales no tenemos porque sobre explotarlos”, dijo Arcos.
A pesar de las denuncias, Fonatur insiste en que las comunidades han mostrado su apoyo al Tren Maya, cuando éstas han acusado en numerosas ocasiones que ni siquiera tuvieron información clara y completa sobre la construcción y operación del megaproyecto.
AUTOR: REDACCIÓN.
No hay comentarios:
Publicar un comentario