Las organizaciones señalaron que la más reciente muestra de la inacción de las autoridades es el caso de la pasante de medicina Mariana Sánchez, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida dos meses después de que presentara su denuncia frente a la Fiscalía General de Chiapas por haber sido víctima de violencia sexual.
Acusaron que el caso de Mariana no ha sido investigado con perspectiva de género y que además «se realizaron acciones sin consentimiento de la familia como la cremación del cuerpo». «Esta acción podría derivar en responsabilidad de las autoridades, pues con ello se hace imposible la realización de los peritajes correspondientes, lo que obstruye el conocimiento de la verdad y el acceso a la justicia», agregaron.
Las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres indicaron que «la inacción de las autoridades del Estado podría recaer en responsabilidad internacional», pues instancias internacionales, como el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), han hecho recomendaciones a México en materia de feminicidio, sin que éstas hayan sido atendidas.
Por ejemplo, el Comité CEDAW llamó al Estado mexicano a que “investigue, enjuicie y sancione como corresponda a los responsables, incluidos los agentes estatales y no estatales, como cuestión prioritaria”, así como que “garantice la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal sobre el feminicidio”.
Las organizaciones exigieron a las autoridades investigar toda muerte violenta de mujeres como feminicidio con perspectiva de género, enfoque diferencial y de derechos humanos, así como sancionar a los funcionarios públicos que por acción u omisión hayan obstaculizado el acceso a la justicia para Mariana y para las mujeres en Chiapas.
El comunicado completo:
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Mujeres Libres COLEM A.C. y Católicas por el Derecho a Decidir, A.C., denunciamos la falta de perspectiva de género de parte de las autoridades del estado de Chiapas para investigar los delitos cometidos por razones de género, lo que deriva en el obstáculo al acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia feminicida en la entidad.
Basta mencionar que de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en 2020 se registraron en Chiapas 460 violaciones sexuales, así como 70 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 29 se investigan como feminicidio, es decir menos de la mitad de los casos.
La falta de investigación en los delitos de género evidencian, en primer lugar, el poco reconocimiento de la problemática; en segundo lugar, la normalización de la violencia contra las mujeres; y en tercer lugar, la falta de perspectiva de género y de voluntad política para atender de manera prioritaria la violencia que acaba con la vida de las mujeres, niñas y adolescentes en Chiapas.
La inacción de las autoridades del Estado podría recaer en responsabilidad internacional. Cabe mencionar las observaciones del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), realizadas en julio de 2018 durante la evaluación intermedia a México, quien, en materia de feminicidio, recomendó a nuestro país: “Investigue, enjuicie y sancione como corresponda a los responsables, incluidos los agentes estatales y no estatales, como cuestión prioritaria”, así como que “garantice la aplicación efectiva de las disposiciones del derecho penal sobre el feminicidio”.
El Comité CEDAW en su sesión que inicia el 15 de febrero 2021, estará revisando nuevamente la situación de la violencia contra las mujeres en México, sin que existan avances sustanciales para la garantía de nuestros derechos.
Un ejemplo claro de las omisiones de las autoridades estatales es la reciente violación sexual y posterior feminicidio de Mariana Sánchez, estudiante de medicina 24 años de edad, quien denunció la agresión sexual a la que fue sujeta, sin obtener ninguna respuesta por parte de las autoridades universitarias, de salud, ni de las autoridades de la fiscalía o judiciales.
El caso no ha sido investigado con perspectiva de género y se realizaron acciones sin consentimiento de la familia como la cremación del cuerpo, hecho recurrente en otros casos. Esta acción podría derivar en responsabilidad de las autoridades, pues con ello se hace imposible la realización de los peritajes correspondientes, lo que obstruye el conocimiento de la verdad y el acceso a la justicia.
A pesar de que Chiapas cuenta con uno de los mejores protocolos para la investigación del feminicidio a nivel nacional, es necesario que se implemente para evitar la cadena de impunidad. Es importante recordar que el “Protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio en Chiapas”, publicado en agosto de 2020, se elaboró con los más altos estándares de investigación a nivel internacional, retomando el Protocolo de Minnesota, la sentencia de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en el caso de Mariana Lima Buendía, así como el Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género.
Aunado a ello, el protocolo de investigación incorporó las necesidades específicas en comunidades y grupos indígenas, enfoque diferencial y peritajes sociales con perspectiva de género, que de aplicarse a cabalidad, las razones de género se podrían identificar y el delito de feminicidio podría acreditarse sin dificultad.
Ante la omisión de las autoridades del estado de Chiapas, exigimos:
- Justicia para Mariana Sanchéz y para todas las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia feminicida en Chiapas.
- Investigar toda muerte violenta de mujeres como feminicidio con perspectiva de género, enfoque diferencial y de derechos humanos.
- Implementar a cabalidad el “Protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio en Chiapas” para garantizar de manera pronta y eficaz el acceso a la justicia.
- Capacitar a las y los funcionarios públicos para la implementación del protocolo y la realización de investigaciones con perspectiva de género, ya que contar con el protocolo por sí solo no es suficiente para lograr garantizar el acceso a la justicia.
- Fortalecer la realización de análisis de contexto y peritajes sociales para identificar los antecedentes de violencia de los que las mujeres víctimas de feminicidio sufrieron previamente.
- Sancionar a las y los funcionarios públicos que por acción u omisión hayan obstaculizado el acceso a la justicia para Mariana y para las mujeres en Chiapas.
De 2018 a 2020, 71 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Chiapas, desde el OCNF hemos identificado que una constante es la resistencia de las autoridades, no solo en la aplicación del protocolo sino para investigar con perspectiva de género, lo cual es fundamental para el esclarecimiento de los hechos, el acceso a la verdad y la justicia. Por ello,desde diversos estados de la República alzamos nuestra voz para exigir: #JusticiaParaMariana y ¡Alto a la violencia contra las mujeres en Chiapas!
ATENTAMENTE,
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)
Mujeres Libres COLEM A.C.
Católicas por el Derecho a Decidir, A.C.
AUTOR: REDACCIÓN.
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