Vuelve a emerger un nuevo cementerio clandestino en Guanajuato. En esta ocasión, en la comunidad de El Sauz de Villaseñor, en Celaya. La perseverancia de un grupo de familiares de desaparecidos permitió llegar hasta un lugar apartado, cercano al panteón, en el que personas fueron enterradas después de ser asesinadas.
“Fuimos a ver porque se escuchaban rumores de que en esa área se oían lamentos, disparos y lloros”, explica Norma Patricia Sánchez Barrón, de Irapuato. Esta mujer busca a su esposo, Juan, y a su hijo, Kevin Daniel, secuestrados desde junio de 2019 por un grupo de hombres armados al exterior de su propia casa. Llegó a pagar un millón de pesos de rescate, pero no recibió más que una prueba de vida, una fotografía tomada días después de la captura. Ahora forma parte del colectivo “Una luz en mi camino”, uno de los 12 grupos de familiares de desaparecidos que existen en Guanajuato, la mayoría formados en el último año.
Las restricciones impuestas por el auge de los contagios de COVID-19 llevaron a suspender oficialmente las búsquedas en Guanajuato. Pero las familias nunca dejaron de realizar investigaciones por su cuenta. El hallazgo del fin de semana comenzó con una de estas expediciones en las que un pequeño grupo de víctimas decide salir por su cuenta. “Nos hemos organizado para en estos meses hacer búsquedas independientes. Entre enero y febrero de este año, toda vez que la comisión estatal no había realizado ninguna actividad debido al semáforo rojo”, explica.
Guanajuato es uno de los estados más afectados por la pandemia de COVID-19, con casi 9 mil víctimas mortales de las más de 184 mil que registra México oficialmente.
Al mismo tiempo, es el estado más violento del país. De los 2 mil 325 asesinatos que se cometieron en enero de 2021, 250 tuvieron lugar en Guanajuato, el 10% del total. Además, según la Comisión Nacional de Búsqueda hay más de 2 mil 500 desaparecidos, la mayor parte de ellos en los últimos años.
Los hallazgos de cementerios clandestinos son otro de los rostros de la violencia en la zona. Hace prácticamente seis meses el gobierno de Diego Sinhué negaba la existencia de estos enterramientos masivos. Los trabajos de las familias junto a la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda desmintieron rápidamente esta idea: las fosas de Salvatierra (79 cuerpos) y Acámbaro (más de 60 cuerpos) situaron a Guanajuato como uno de los estados con mayor número de hallazgos. Y todavía quedan muchos puntos por explorar.
El punto de El Sauz de Villaseñor era otro de esos lugares en los que los rumores apuntaban a que había sido utilizado por algún grupo del crimen organizado. Se trata de un predio muy amplio junto al panteón de la comunidad. Ahí, cerca de lo que fue un antiguo palenque, las familias encontraron una vivienda abandonada que debió usarse como taller, ya que había diversas autopartes desperdigadas. En la vivienda hallaron mensajes relativos a un grupo delictivo, una sábana con sangre y agujeros de bala en las paredes.
“Empezamos a checar una inconsistencia de la tierra y fue que decidimos varillar”, dice Sánchez Barrón.
Después de más de siete horas en la zona dieron con su primer positivo. Fue el sábado, 20 de febrero, y casi oscurecía. “En cuanto vimos el primer indicio lo dejamos para no entrar en conducta que fuera delictiva”, explica.
Primero llamaron a la Fiscalía General del Estado (FGE), que no contestó. Después, a la Comisión Estatal de Búsqueda, que respondió que no podría acudir al lugar hasta el martes, cuando se hubieran levantado algunas restricciones por el semáforo naranja. Por último, al 911.
Llegaron varios agentes municipales de Celaya y comenzaron a amenazarlos.
“Nos preguntaban que cómo habíamos obtenido la información. Y nos dijeron que nos iban a llevar detenidos. Temimos por nuestra vida”, explica la mujer. Un policía incluso hizo el amago de esposarla, pero ella se puso a salvo con sus compañeros.
“Ellos tenían sus armas largas. Pensamos que nos iban a hacer algo. Así que empezamos a tuitear que nos iban a detener”, explica.
Ante la alarma generada, llegaron más integrantes de colectivos y también agentes de la Fiscalía General del Estado, que dejaron claro que no serían arrestadas.
El domingo se reanudó la búsqueda, aunque la FGE se tardó varias horas en llegar al lugar.
Fue hasta el lunes que se procedió a la mayor parte de exhumaciones y se continuó con la revisión de otros puntos marcados, ya protegidos por la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Desde entonces se han encontrado diez fosas y al menos 19 cuerpos, aunque los trabajos continúan.
“Los colectivos han establecido turnos de participación porque todavía hay restricciones por la contingencia”, explica Fabrizio Lorusso, académico de la Ibero León e integrante de la plataforma por la paz de Guanajuato. Según dice, en esta nueva búsqueda hay elementos positivos y negativos. Por un lado, “ha mejorado el cuidado que se da a la excavación y el procesamiento de la fosa y los restos”. Además, la FGE ha desplegado peritos especializados, como antropólogos y arqueólogos. Sin embargo, estos “llegan muy tarde”, lo que está ralentizando el inicio de los trabajos.
“Tenemos muchos puntos. Con apoyo o sin apoyo de las autoridades, las familias tenemos la visión muy clara de que vamos a seguir buscando. Sabemos los riesgos y nuestra condición, pero vamos a seguir”, dice Sánchez Barrón.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
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