Pese a las advertencias del INAI de posibles sanciones y hasta denuncias si no acataba la orden, la Fiscalía no desclasificó ni un dato. El argumento que dio esta vez, según autoridades del Instituto, es que no había sido notificada formalmente de que el último de los amparos que tramitó en contra de la orden de abrir el caso ya había sido desechado.
Mientras tanto, la carpeta de investigación del caso Odebrecht cumple esta semana cuatro años de haber sido abierta sin que, hasta el momento, se haya conseguido llevar a ningún probable responsable a juicio. No hay detenidos, no hay condenas, y tampoco reparación del posible daño.
El único exfuncionario procesado, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin, también está libre. El 31 de enero terminó el periodo original de seis meses que un juez había dado para que la FGR definiera si lo lleva a juicio o no, pero debido a la pandemia sanitaria la resolución de su situación se aplazó hasta marzo.
La importancia de conocer quiénes son los funcionarios o exfuncionarios implicados en los hechos, y qué ha hecho la Fiscalía para investigar y esclarecer el caso, fueron justamente los argumentos que llevaron a jueces federales a confirmar las 13 resoluciones del INAI en donde ordenaba transparentar el expediente.
Lo anterior ya que la corrupción de Odebrecht, según las resoluciones judiciales, es un caso de interés público relacionado con graves hechos de corrupción, excepciones que Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública contempla para la desclasificación de una averiguación previa o carpeta de investigación.
Sin embargo, la FGR encabezada por el fiscal Alejandro Gertz Manero se ha rehusado reiteradamente a desclasificar el caso, al igual que lo hiciera la PGR en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. En cambio, emprendieron desde hace tres años una ofensiva legal a través de demandas de amparo contra el pleno del INAI.
Gracias a las suspensiones provisionales obtenidas como parte de dichas demandas de amparo, la FGR logró retrasar por tres años la entrega de la información. Pero en noviembre pasado un juez federal desechó de manera definitiva el último recurso judicial que la Fiscalía había propuesto.
En ese contexto, el INAI determinó dar un plazo de cinco días hábiles a la Fiscalía para cumplir con dichas determinaciones. Ese periodo venció la semana pasada por lo que ahora el instituto analizará con el poder judicial cuando fue notificada la FGR de la pérdida de los amparos y, a partir de ello, definirá posibles sanciones.
Animal Político requirió directamente a la FGR conocer las razones del incumplimiento a las resoluciones del INAI o un posicionamiento oficial, pero hasta la publicación de esta nota no se ha recibido respuesta.
Opacidad… también en el Poder Judicial
A diferencia de lo ocurrido en otros países de la región, la información relacionada con la investigación del caso Odebrecht difundida oficialmente al público es escasa. En primera instancia porque la Fiscalía se ha rehusado a cumplir con las órdenes de transparentar el caso, pero también porque el propio Poder Judicial ha reservado información.
De acuerdo con un reportaje publicado en el diario El País, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha usado evasivas para no responder integralmente a las peticiones de información sobre el proceso penal en curso por el caso Odebrecht.
En algunos casos, señala dicho reportaje, las peticiones no han sido respondidas, mientras que en otros casos sí se han aportado documentos, pero con páginas faltantes o con la mayor parte de la información suprimida. Además, hay múltiples retrasos en la entrega de informes bajo el argumento de que la pandemia complica los plazos y hay exceso de carga de trabajo.
El único proceso penal en marcha, el del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, tampoco ha podido ser presenciado por el público en general debido a que el Poder Judicial decidió restringir la presencia de personas ajenas a las partes en las audiencias, excluyendo con ello a los medios de comunicación. Ello bajo el argumento de prevenir posibles contagios.
Dichas restricciones para ingresar a las salas de audiencias de este y de otros casos se mantienen vigentes hasta la fecha.
Cuatro años de impunidad
El 25 de enero de 2017, la administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó una denuncia penal ante la entonces PGR para que se indagara y, en su caso, se sancionara a los funcionarios que resultaran responsables de haber acordado o recibido sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht.
Lo anterior, luego de que directivos de dicha compañía confesaran ante autoridades estadounidenses que pagaron sobornos por más de 10 millones de dólares a funcionarios mexicanos a cambio de obtener ventajas y contratos.
Pero a diferencia de investigaciones relacionadas con la misma empresa en otros países -donde incluso se han procesado a presidentes y expresidentes- en México los resultados conocidos han sido escasos.
En octubre de 2017 el entonces titular de la PGR Raúl Cervantes, dijo a senadores que el caso estaba prácticamente resuelto y eran inminentes las acusaciones contra los probables responsables. Sin embargo, los meses pasaron y nada de ello ocurrió. Los fiscales mexicanos argumentaron que había complicaciones con sus contrapartes brasileñas para que les proporcionaran información.
Fue hasta 2019, ya con el cambio de gobierno, cuando la FGR envió a un juez un desglose de la carpeta de investigación número FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017 para solicitar cinco órdenes de aprehensión en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, y familiares suyos. Esto por los cargos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
En julio de ese mismo año fue detenida en Alemania Gilda Margarita Austin, madre de Lozoya, y en noviembre fue extraditada a México. Debido a su avanzada edad el juez que revisó el caso le permitió seguir su proceso en libertad.
En febrero de 2020, tres años después de iniciada la indagatoria y tras varios meses de búsqueda, Lozoya fue detenido en una zona exclusiva desde Málaga, España. Ya bajo custodia judicial el exfuncionario ofreció colaborar con las autoridades para revelar y probar una supuesta red de corrupción encabezada por expresidentes, a cambio de ser exculpado de los cargos que se le imputaron.
De vuelta en México, dicha colaboración le ha permitido a Lozoya mantener su libertad condicional pese a estar vinculado a proceso y a que originalmente se dio a la fuga para no ser capturado. Ello mientras se resuelve si la denuncia e información que aportan le alcanzan para darle un criterio de oportunidad que, al menos, suspenda los procesos en su contra.
Hasta ahora la información aportada por Lozoya le ha permitido a la FGR iniciar una nueva carpeta de investigación en contra de varios exfuncionarios y exlegisladores, sin que hasta ahora alguno de ellos haya sido procesado. A finales de enero estaba prevista una audiencia en donde se comenzarían a imputar cargos a uno de los denunciados, el exsenador de PAN Jorge Luis Lacalle Maury, pero de última hora la Fiscalía General pidió su suspensión.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
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