A pesar de las sentencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Estado mexicano se resiste a cambiar las estructuras militares para evitar que sus fuerzas armadas sigan torturando sexualmente a las mujeres.
Para evitar nuevos casos de tortura sexual, la CoIDH ordenó al Estado mexicano reformar sus leyes para que, en violaciones a DH y delitos contra civiles cometidos por militares, éstos fueran juzgados bajo el fuero ordinario y no militar como ocurrió durante todos estos años.
Las sentencias de Inés y Valentina la CoIDH también ordenaron a México la elaboración de un protocolo para la atención e investigación de violaciones sexuales, así como programas y cursos permanentes de capacitación para los funcionarios federales, no sólo del estado de Guerrero sino de las fuerzas armadas, sobre investigación diligente en casos de violencia sexual contra las mujeres, con perspectiva de género y etnicidad.
Una violencia sistemática
La violencia sexual cometida por elementos castrenses no es reciente en México, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C, Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) han documentado en distintos informes consultados por esta agencia, que de 1994 hasta 2018, al menos en 17 casos, militares y marinos de México habrían torturado sexualmente a mujeres, sin embargo, estiman que la cifra es mayor pues muchos no se denuncian.
La extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) creada durante el sexenio de Vicente Fox, documentó en el “Informe histórico a la sociedad mexicana” que hizo público la National Security Archive, diversas situaciones y formas de tortura sexual perpetrada por militares y agentes policiacos contra mujeres dentro de campos castrenses en el contexto de contrainsurgencia, pero fueron los casos de Inés y Valentina, los que sentaron un precedente para que otras víctimas de tortura sexual por parte de militares acudan a los juzgados civiles, aunque ello no necesariamente implique el acceso a la justicia pues prevalecen “pactos de impunidad” entre actores de poder y el Ejército.
Impunidad y deudas pendientes
En 2011, las investigaciones por la tortura sexual contra Inés y Valentina fueron trasladadas de la jurisdicción penal militar a la jurisdicción ordinaria. La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) asumió la investigación de ambos casos en 2013.
En el caso de Valentina se lograron dos sentencias condenatorias que no son definitivas, ya que –aún con los plazos constitucionales vencidos– hay dos amparos no resueltos. En el caso de Inés, la investigación sigue abierta sin ninguna sentencia. En 2015, el soldado Salvador Aguilar Otáñez –imputado quien aceptó parte de los hechos e involucró a otros– fue asesinado dentro de una cárcel militar y hasta el momento se desconoce el estado de las investigaciones por su asesinato. En ninguno de los dos casos hay una ruta de investigación clara para detener a los otros 16 militares implicados en los hechos.
Con respecto a las reformas legislativas, en 2014 el Congreso de la Unión reformó el artículo 57 del Código de Justicia Militar para establecer que los casos de violaciones de DH de personas civiles deberán ser juzgados por el sistema ordinario de justicia y no por tribunales militares.
El informe “Falsas salvaguardas”, que presentaron en 2020 las organizaciones “Intersecta” y “Equis Justicia para las Mujeres” con base en diversas solicitudes de información, reveló que persiste mucha opacidad dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina, y la Guardia Nacional, para saber si han tenido una formación permanente con perspectiva de género y etnicidad durante al menos estos 11 años desde que lo ordenó la Corte.
Las instituciones respondieron en más de una solicitud de manera reiterada, que no encontraron evidencia documental de ello. No obstante, se pudo constatar que la Sedena no tiene información sobre capacitaciones en DH, perspectiva de género y pueblos indígenas, sino hasta el 2013. Aunque la formación debía ser permanente, los militares reportaron como capacitación sólo siete videoconferencias de dos horas cada una, con 38 por ciento del personal que integraba la Sedena, lo que equivale a 82 mil 163 personas.
También se encontró que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) impartió tres talleres en temas de género titulados “Prevención de la Discriminación, Violencia de Género y Hostigamiento y Acoso Sexual”. Cada taller tuvo una duración de 19 horas con 30 minutos, repartidas en tres sesiones. Las personas que asistieron a los tres talleres fueron 146, la mayoría soldados de bajo rango.
La Marina, por su parte, negó tener responsabilidades sobre la sentencia por tortura sexual contra México. En esa dependencia no se impartió un curso o programa permanente y obligatorio sino hasta 6 años después de haber sido ordenado por la Corte pero no hay registro de capacitaciones en los términos que se ordenó.
En la misma situación está la Guardia Nacional que tampoco fue capaz de brindar información sobre los temas específicos que se imparten en los cursos que dice tener, así como los cargos de quienes las recibieron, ni el tipo de capacitaciones que brindaron, cartas descriptivas, temarios ni personal docente.
Ninguna institución pudo proporcionar evidencia sobre los mecanismos de evaluación que utilizan para garantizar que estas capacitaciones cumplieron con sus objetivos, por ejemplo una copia de un examen de conocimientos o evaluación.
Las causas de la tortura sexual
En entrevista con Cimacnoticias, la subdirectora del programa para Centroamérica y México del Cejil, Marcela Martino Aguilar, explicó que si bien ha habido algunos esfuerzos por parte del Estado mexicano para que estos casos no queden en la impunidad, aún hay muchas deudas pendientes, especialmente aquellas más estructurales que construirían la guía para garantizar la no repetición de los hechos.
En su opinión, la tortura sexual en México ha prevalecido por tres razones. La primera de ellas es la impunidad. Como se ha discutido en otros casos de tortura sexual en México– relató Martino– existe un pacto de impunidad entre actores políticos y de las fuerzas castrenses o de los cuerpos de seguridad que consiste en que mientras las fuerzas armadas sigan actuando por orden o a favor de intereses de los grupos de poder, éstos van a asegurar la impunidad y continuidad de estas prácticas.
“Hasta que no haya verdaderos mecanismos de rendición de cuentas y haya justicia en cada uno de estos casos, difícilmente se va a poder romper ese ciclo”, declaró.
La segunda razón, continuó, son los aspectos socioculturales de sociedades profundamente racistas, misóginas y patriarcales donde la construcción de las masculinidades está cruzada por una serie de estereotipos que implican la necesidad de dominación sobre las mujeres y sus cuerpos.
Y la tercera razón es que las instituciones, incluyendo las castrenses, no sólo dependen de quienes las conforman en un momento determinado, sino que tienen una historia e identidades propias, en este caso marcada por la tortura. “Eso debe llevarse a la luz, reconocerse y generar cambios a todos los niveles: en las normas, en las prácticas, en la formación y en la rendición de cuentas, para detener el ciclo de violencia que ha sido parte de su actuar”, detalló.
La abogada puntualizó que si las investigaciones se hicieran de manera adecuada y oportuna de todas las personas responsables de todos los casos juzgados en México, daría un mensaje de que este tipo de violaciones no se tienen que repetir, que no serán toleradas por las autoridades ni por la sociedad. Por el contrario, “cuando hay impunidad, en palabras de la CoIDH, lo que se comunica es la repetición crónica de estas violaciones”.
Respecto a la formación en Derechos Humanos y perspectiva de género a los elementos castrenses, dijo: “si no se implementan de manera adecuada, lamentablemente hechos como los que ocurrieron a Inés y Valentina pueden y se han seguido repitiendo”.
En entrevista, integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan (una de las organizaciones que litigó el caso de Inés y Valentina ante la CoIDH), Abel Barrera Hernández y Sandra Ferrer Alarcón, consideraron que México no sólo no ha cumplido las medidas de no repetición sino que ha dado pasos contrarios a las recomendaciones internacionales y a las sentencias, ya que sigue el despliegue del Ejército en las regiones indígenas y el riesgo de las mujeres de las comunidades de vivir tortura sexual prevalece por dos hechos que van de la mano: el fortalecimiento de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y el agravamiento de la violencia contra las mujeres.
“Es difícil documentar estos hechos por la falta de apoyo por parte de las instituciones, sin embargo, sabemos que la práctica se mantiene porque el instituto castrense no ha cambiado en comunidades indígenas la forma en cómo actúan, la forma en la que perciben al ciudadano como un enemigo y a las mujeres como un objeto, eso no ha cambiado. Por ello, el hecho de que las fuerzas armadas continúen en las comunidades ejerciendo tareas de seguridad pública es un riesgo latente para las mujeres”, refirió Abel Barrera.
Ejemplificaron que en Ayutla de los Libres y Zopilotepec, dos municipios de la Montaña de Guerrero, se conoció al menos de seis mujeres indígenas que sufrieron tortura sexual en el contexto de la guerra de contrainsurgencia. Estas violaciones se observaron como un patrón que utilizó el Ejército para generar terror en las comunidades y el impacto prevalece, señalaron Barrera y Ferrer.
Las organizaciones civiles que acompañan a las víctimas de esta violencia en la región documentaron que a pesar de que las sentencias de Inés y Valentía ordenaban garantías de atención, persiste la falta de peritos del sexo femenino, personal especializado para atender a las mujeres, insensibilidad de las y los agentes investigadores, personal de psicología que desconoce el tema y maltrata a las víctimas, sobrecarga laboral y dilación en las indagatorias, fallas procesales en los actos de investigación e inobservancia de las reglas del debido proceso al realizar los actos de investigación.
De acuerdo con la y el defensor de Tlachinollan, si bien históricamente el Ejército ha fungido como un poder fáctico, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y la creación de la Guardia Nacional, las fuerzas armadas tienen más funciones y presupuesto.
“Les está dando funciones de control territorial, social y de actividades económicas con una mirada que va en contra de las instituciones democráticas, de seguridad pública y que robustece la tendencia a concentrar el poder en el instituto armado, brindándoles todas las canonjías y mandándoles un mal mensaje: que se va a proteger a quienes han violado DH y han cometido grandes crímenes”.
Esta postura, reconocieron, no va sólo en contra de la sentencia sino de lo que las mujeres víctimas y las propias comunidades han exigido como una justicia para el impacto de las violaciones a los DH que han padecido. Las consignas que enunciaron desde la guerra de contrainsurgencia no cambian y ahí está el mayor actor de reparación para ellas: “Guerrero no es cuartel, fuera Ejército de él”.
La administración actual, explicaron, tendría que pasar por un proceso de justicia transicional donde se llame a cuentas a los responsables de esos delitos del pasado; sin embargo, prevalece una “férrea postura de no tocar al Ejército, mucho menos a las élites castrenses (…), por el contrario, en la práctica estamos viendo que la postura es afianzar la relación con el Ejército, mantener intocable este pacto y proteger a quienes han violentado DH”.
Pero ello tiene un impacto en las comunidades como lo demostró el peritaje antropológico que para el caso de Inés y Valentina realizó la doctora e investigadora del CIESAS, Rosalva Aida Hernández Castillo, quien determinó que la presencia misma de fuerzas militares sin la correspondiente aplicación de la normatividad internacional vigente en materia de conflictos bélicos generó una situación de indefinición y de terror en las comunidades.
La justicia implica generar nuevas condiciones para que tanto las hijas de Inés y Valentina y las demás niñas de la comunidad, no estén expuestas al riesgo de una violación sexual, de tortura o de otros actos de violaciones a sus derechos por parte del Ejército y ello implica necesariamente la desmilitarización de los pueblos y de la región en la que viven.
En 2015, con la presión del Sistema Interamericano encima por el caso de Inés y Valentina, y otros, el Estado mexicano creó un Mecanismo para dar seguimiento a casos de tortura sexual, a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob). De acuerdo con Centro ProDH, entre 2014 y 2018 conoció de más de 110 casos de mujeres sujetas a procesos penales y sobrevivientes de diversas formas de tortura sexual por parte de militares marinos y fuerzas de seguridad; sin embargo, hasta 2018 el mecanismo había emitido dictámenes en menos de un caso por año.
Ernestina Ascencio, ¿una sentencia que se avecina?
Aunque la sentencia de la Corte fue en 2010 y muchos casos de tortura sexual sucedieron previo a la sentencia, continúan llegando al Sistema Interamericano, como el de Ernestina Ascencio Rosario, ocurrido en Zongolica, Veracruz, en 2007.
En la audiencia más reciente por este caso en la CIDH, del 4 de diciembre de 2020, el Estado mexicano llegó sin el informe que debía presentar para explicar su postura y pidió prórroga para entregarlo. Aún sin el informe, el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Cristopher Ballinas Valdés; el Fiscal General de Veracruz, Hernán Cortés; y el Secretario Ejecutivo del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Daniel Pereida, sostuvieron la versión de hace 13 años del entonces titular del Ejecutivo, Felipe Calderón quien aseguró que la señora murió como consecuencia de una gastritis crónica y que no se cometieron violaciones a sus Derechos Humanos toda vez que se llevaron a cabo todas las diligencias correspondientes, se actuó bajo derecho y se protegieron en todo momento los derechos de la víctima y su familia.
Por su parte, las organizaciones litigantes del caso sí presentaron a la CIDH información nueva que demuestra que la familia de Ernestina fue engañada por el gobierno veracruzano para evitar que ratificaran su denuncia, que las y los testigos han sido silenciados, y que las autoridades han evitado a toda costa que se conozcan todas las pruebas que conforman la carpeta de investigación y que demostrarían la existencia de tortura sexual.
Seis días después de la audiencia en la CIDH, el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, se retractó públicamente de esta postura y ofreció que la Fiscalía General de Veracruz reabriría las investigaciones; sin embargo, las organizaciones civiles piden que sea una autoridad independiente quien dé seguimiento y que se les permita a ellas, y no sólo a la familia, revisar el expediente original.
Si la CIDH resuelve próximamente en su informe de fondo que México podría ser responsable de violar los DH de Ernestina Ascencio, el Estado enfrentaría un nuevo juicio internacional porque aún con una sentencia de hace 11 años, se ha seguido tolerando que las fuerzas armadas no cambien sus estructuras, gocen de impunidad y sigan violando los DH de las mujeres.
AUTOR: ANGÉLICA JOCELYN SOTO ESPINOSA.
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