El órgano autónomo detectó en su última entrega de la Cuenta Pública 2019 contradicciones en la estrategia y alertó sobre la operación de sólo dos de los cuatro mercados de generación, lo que “ha incrementado el riesgo” de que no se cumpla con la obligación del Estado de garantizar la eficiencia y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional ni con la Agenda 2030, este año ni en 2024.
El pasado 19 de enero, antes del segundo apagón que dejó sin luz a más de cuatro millones de usuarios, recomendó ajustar la planeación con base en la Ley de la Industria Eléctrica y la de Transición Energética, para que la operación de la industria eléctrica opere de manera coordinada mediante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y la Secretaría de Energía (Sener). También requirió establecer las directrices para la implementación de los mercados suspendidos por la Sener así como la reanudación de las subastas de mediano y largo plazos.
“La legislación vigente, los documentos de planeación nacional y los planes estratégicos del Cenace y la CRE no sólo no están armonizados, sino que buscan objetivos distintos”, determinó.
Existen dos visiones de política en materia de electricidad. Por un lado, la establecida en el Plan Estratégico del Cenace 2017-2021 y en el Plan Estratégico de la CRE 2018-2020, documentos que establecen con base en la Ley Eléctrica vigente la conformación de un mercado y la libre competencia entre los generadores.
Y, por el otro, la visión que se señala en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y en el Programa Sectorial de Energía 2020-2024 que centran la política en “el rescate de la Comisión Federal de Electricidad”, la soberanía y seguridad energética, lo que para la ASF evidencia la “carencia de una planeación de mediano plazo, integral y articulada”, con objetivos, estrategias, prioridades y mecanismos de coordinación.
Además, el Cenace operó sólo dos mercados (de Corto Plazo y para el Balance de Potencia) de los cuatro que integran el Mercado Eléctrico Mayorista, ya que la Secretaría de Energía (Sener) le solicitó suspender temporalmente las actividades del Mercado de Certificados de Energías Limpias (CEL) y de Subastas de Derechos Financieros de Transmisión, así como las subastas de mediano y largo plazo y el subcomponente del Mercado de Energía de una Hora en Adelanto.
“A la fecha de conclusión de esta auditoría, la Sener no ha definido las directrices necesarias para su operación. El Cenace manifestó los riesgos de que no se operen estos instrumentos, entre ellos, que no se pueda cumplir con las obligaciones de cobertura eléctrica; que las entidades de carga no puedan satisfacer los requisitos de CEL, y que no se alcance la meta de 35 por ciento de participación de energías limpias en la generación de electricidad al año 2024”, observó el órgano fiscalizador.
En cuanto al avance en el cumplimiento de la Agenda 2030, como compromiso internacional, la Auditoría determinó que no existió una planeación ni coordinación para contribuir al logro del Objetivo de Desarrollo Sustentable 7, relativo a “garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos” ni la meta 7.2 de “aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas”.
El Cenace indicó que se tuvo 22.9 por ciento de energías limpias en la generación neta inyectada, inferior en 2.1 puntos porcentuales a la meta establecida para 2018 que era de 25 por ciento. Pero con la suspensión de las Subastas de Energía Eléctrica y la suspensión indefinida del Programa Sectorial de Energía 2020-2024, se corre el riesgo de que la participación de energía generada proveniente de fuentes renovables disminuya, por lo que no se lograría la meta del 30 por ciento para este 2021 ni de 35 por ciento para 2024.
FALLAS EN GAS NATURAL
El 28 de diciembre del año pasado, más de 10 millones de usuarios se quedaron desconectados. Las autoridades lo atribuyeron a un desbalance entre la carga y generación, derivado de un incendio de pastizales en Tamaulipas. Dos meses después, la región norte volvió a sufrir cortes de electricidad a causa de la dependencia a las importaciones de gas natural provenientes principalmente de Texas, entidad estadounidense afectada por las intensas nevadas atípicas.
Respecto al transporte de este hidrocarburo, con el que se genera más de la mitad de electricidad en el país, la Auditoría Superior de la Federación observó en su último informe que de los 25 gasoductos revisados, en 22 de ellos la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –por herencia de la Reforma Energética– pagó por Cargo Fijo por Capacidad 19 mil 711 millones de pesos “sin recibir el beneficio esperado” respecto de los puntos de entrega señalados en los contratos para suministrarles gas natural.
De los 22, nueve gasoductos por seis mil 978 millones de pesos no se tienen beneficios actuales porque tres de ellos terminados (por cuatro mil 391 mdp) que suministrarían a seis centrales eléctricas se encontraron sin licitar; y los otros seis gasoductos (por dos mil 587 mdp) se encuentran en caso fortuito. Los 13 gasoductos restantes, con pagos por 12 mil 732 millones de pesos, son puntos de entrega terminados con prueba de gas, pero operarán en un futuro.
Ante ello, la ASF recomendó a la CFE evaluar la viabilidad de la construcción de las centrales que no han sido licitadas o, en su caso, determine las acciones para el aprovechamiento de la construcción de los gasoductos.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
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