Los tres principales representantes triquis acusan que ese ataque armado ocurrido hace unas semanas fue perpetrado por el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), con el respaldo del presidente municipal de Juxtlahuaca, el morenista Nicolás Feria Romero, y del gobernador priísta Alejandro Murat.
Entre los factores que han ocasionado este acoso y beligerancia en la zona están el control político que ostenta el MULT, organización afiliada por conveniencia momentánea al partido Morena [históricamente ha sido priísta] y que en los últimos años ha ejercido presión para afiliar a poblaciones enteras bajo amenazas de represión y violencia; así como la disputa por los recursos económicos provenientes de los Ramos 33 y 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación, destinados a municipios y poblaciones.
Esos son los mismos motivos que hace más de 10 años (27 de abril de 2010) provocaron el asesinato de los defensores de derechos humanos Alberta Cariño Trujillo, directora del Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (Cactus), y Jyri Jaakkola, finlandés observador de derechos humanos, durante la emboscada paramilitar en contra de los integrantes de una caravana de paz que se dirigía a San Juan Copala.
Ahora, los tres principales líderes de la región Triqui: Martín Anacleto Martínez, integrante de la Confederación Nacional Campesina (CNC); Macario García Merino, Integrante de la dirección política del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), y Fabián Pereda, representante estatal de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), acusan como promotor de la violencia a Rogelio Pensamientos Mecinas, líder del MULT, a quien piden que las autoridades federales y estatales investiguen por la agresión en contra de los habitantes de Tierra Blanca Copala.
Este grave problema ha sido reconocido por el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien en las conferencias matutinas ha señalado que se trata de “un conflicto entre hermanos”. Por ello, encomendó al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, la resolución y presencia, por lo que este próximo jueves se espera el arribo del funcionario a esta capital.
Los tres principales dirigentes temen que las familias desplazadas –actualmente refugiadas en Yosoyuxi y Juxtlahuaca, principalmente– pierdan definitivamente sus casas, pertenencias y todo el patrimonio que han reunido durante muchos años, igual como les ocurrió hace casi 11 años a los habitantes de San Juan Copala y San Miguel Copala, quienes siguen exigiendo justicia en plantones permanentes a las afueras de Palacio de Gobierno de Oaxaca y hasta en el Zócalo de la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México, frente a Palacio Nacional, en donde a veces el presidente López Obrador los saluda de lejos con el brazo levantado.
Los indígenas desplazados de Tierra Blanca están afiliados en su mayoría a la organización priísta CNC, y salieron huyendo de sus tierras luego de que un grupo paramilitar, supuestamente vinculado al MULT, disparara con metralletas durante 4 días continuos a sus viviendas durante la segunda quincena de enero.
El 20 de enero pasado, cuando los paramilitares seguían apostados en esas tierras, el presidente López Obrador respondió a Contralínea que se busca una paz definitiva en toda la región triqui. “Ha habido muchos enfrentamientos, es un asunto que viene de tiempo atrás. Últimamente ya se estaba consiguiendo un acuerdo general para la pacificación, porque es una confrontación entre hermanos; se tiene que evitar y vamos a seguir en eso”.
CNC: Tierra Blanca es de paz
Martín Anacleto Martínez, dirigente de la CNC en Oaxaca, comenta que esta organización ha sido la representante de Tierra Blanca desde hace décadas, y que la amenaza vino de “delincuentes y grupos organizados de sicarios del MULT. Tierra Blanca es un pueblo muy tranquilo, es gente de trabajo, de paz, que tiene solución para llegar a un acuerdo de paz”.
Relata que el pasado 15 de enero, el MULT empezó a atacar, “no sé con qué intereses, pero tenemos entendido que está metida la mano de varias personas del municipio, alguna estatal y esto es grave. Lo que ellos quieren es acabar ese poblado, controlarlo con venganza y violencia; quieren tener toda la fuerza”.
El líder triqui indica que los ataques en Tierra Blanca se dieron porque “son gente unida, de trabajo, de paz, tranquila y ellos tal vez no quieren que estemos así. Tal vez, el presidente municipal está metiendo la mano en esto, Nicolás Feria Romero”.
Lo anterior, como consecuencia de que en 2019 los habitantes de esta comunidad se manifestaron en contra de la administración del ayuntamiento por la falta de entrega de los recursos de los Ramos 33 y 28. El alcalde “está pagando la mitad de los recursos que deben llegar a Tierra Blanca y no quiere dar el dinero completo, pensamos que (el municipio) está metiendo las manos en ese poblado”, dice.
“El señor presidente municipal nos ha dicho que él sabe perfectamente que no vamos a ganar, pero yo digo que sí vamos a ganar. Lo que pasa es que con eso quieren desquitar a los delincuentes que están organizados por la región. Con eso quieren tapar la boca, que estemos callados”, indica.
Se trata de una comunidad a la que le corresponde 1 millón 500 mil pesos anuales del Ramo 33, y de los cuales les otorgan 1 millón 300 mil pesos por año. “Sospechamos que el alcalde se está robando esa partida. Tenemos un presidente que no mira bien a los grupos de Tierra Blanca; tal vez porque somos priístas. Él es de Morena; es una lástima, porque el señor presidente de la República ha dado indicaciones de portarse bien con todos los pueblos indígenas”, acusa.
El líder indígena identifica que las personas vinculadas al MULT son Mariano Díaz López, Tiburcio Ramírez Flores, Sóstenes Ramírez Flores, Antonio Ramírez Martínez, Pablo Santos, Carlos Martínez, Humberto Cruz Ortiz, gente también originaria de Tierra Blanca y con quien supuestamente habrían acordado la agresión, “cerquita de mí están los enemigos. Nosotros no estuvimos preparados para eso”.
El refugio de Yosoyuxi
Macario García Merino, integrante de la dirección política del MULTI, indica que desde esa organización “todo el tiempo hemos apostado por la paz. Somos una organización de paz; sin embargo, los ataques han sido en contra de Yosoyuxi y de otras comunidades. Queremos una paz real y no sólo en discursos, pero no dan sus propuestas para llegar a eso”.
Critica que el gobierno estatal y también el federal deben garantizar en la zona la seguridad de la población, “porque no podemos manejar el doble discurso de buscar paz por un lado y rechazar tajantemente la presencia de seguridad como es la policía del estado y la Guardia Nacional.
“No sé qué pacto hay entre la gente del MULT con el estado. Después de 3 días de haber permanecido la gente de seguridad, estuvieron bien todos los compañeros, pero después se fue la seguridad pública y empezaron los ataques. Nosotros fuimos muy insistentes ante el secretario general del gobierno de Oaxaca y el subsecretario, también con el presidente de derechos humanos del estado, el maestro Bernardo Rodríguez, exigiéndoles la presencia de seguridad en esos momentos fuertes del ataque a los compañeros. Pero nunca fuimos escuchados; por eso hoy tenemos mucha desconfianza con las autoridades estatales.
“Hoy estamos solicitando la intervención del gobierno federal, para que nos podamos sentar; pero para que haya una mesa de paz, queremos el retorno seguro de los compañeros a Tierra Blanca. Si no hay retorno seguro, no podemos sentarnos a dialogar cuando los compañeros andan fuera de sus hogares, son perseguidos, todos somos perseguidos. Hay el riesgo de que el MULT pueda volver a atacar a otras comunidades, como sucedió aquí, al pueblo de Yosoyuxi Copala, cuna del MULTI, que fue atacado con armas de fuego el 17 de enero pasado, donde ahora permanecen las familias desplazadas de Tierra Blanca”.
Ante la posibilidad de un plan de desarme, señala: “es necesario, porque los ataques han sido de manera permanente, pues cada 8 años se da esta situación y el MULT quiere invadir a todas las comunidades, tener presencia por la vía de las armas en todas las comunidades”.
García Merino acusa que entre los responsables del desplazamiento se ha identificado a Rogelio Pensamientos Mesinas (líder del MULT), Juan Domingo Pérez Castillo, Eleazar Ortiz, Emelia Ortiz, Manuel Ortiz Domínguez, Marcelo Ortiz Domínguez, Pablo Guzmán Ramírez y Mario Venado.
Otro dirigente de los indígenas es el representante estatal de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), Fabián Pereda, quien dice que es “delicado” identificar de dónde se han originado los ataques ocurridos recientemente contra la comunidad de Tierra Blanca. Sin embargo, desmiente que sea la Ubisort y el MULTI los que han confrontado la zona, como acusa el líder del MULT.
Ubisort fue involucrada en el ataque a la caravana humanitaria en 2010. Ante estos hechos, este joven mazateco de 33 años de edad asegura que esta organización ha sido reestructurada y se han eliminado los “vicios” que tenían los líderes anteriores como Rufino Juárez.
“Es momento de que las dirigencias se sienten a platicar”, enfatiza, así como los integrantes de las organizaciones. Asegura que los hechos recientes corresponden “a un tema político”, pues se vienen las elecciones intermedias.
Urge a que se lleve a cabo la pacificación y que el “gobierno estatal ponga el interés que se necesita para apoyar en la pacificación de la zona triqui y el gobierno federal haga su papel”.
MULT acusa a la “mafia del poder”
Rogelio Pensamiento Mesinas, el líder del MULT que ha sido señalado de promover la violencia, niega que los ataques ocurridos en Tierra Blanca hayan sido perpetrados por personas vinculadas a la organización que encabeza.
Entrevistado por Contralínea en el patio de una de las dependencias de gobierno estatal, el maestro de la Sección 22 dice que la violencia no viene de los pueblos, sino “de la mafia del poder local, conformada por funcionarios y caciques que tienen una intención de fondo, que es que nunca tengamos el cambio que anhelan los pueblos.”, y asegura que son dos priístas en Oaxaca los promotores de la violencia y aunque los tiene identificados “prefiero no decirlo para dejar la justicia haga su trabajo”.
En consecuencia, dice que grupos de choque y paramilitares están al servicio de esa “mafia del poder”. Contrario a las acusaciones en su contra, Pensamiento Mesinas señala a las otras tres organizaciones (MULTI, Ubisort y CNC) de aliarse al PRI y ser responsables de la violencia. “No digo que al gobierno estatal [trata de deslindar a su amigo el gobernador Alejandro Murat], sino a algunos personajes del PRI que están financiando las armas, prebendas y algunas dádivas, y han aprovechado el tema de desplazados para promover y dar terrenos”.
Dice que a los desplazados les están generando la posibilidad de movilización en contra de las mismas comunidades y en contra de los hermanos triquis. “Señalan a la dirección política del MULT de ser de los más violentos del mundo”.
Asegura que el MULT también tiene desplazados forzadamente. “Es doloroso, porque a los compañeros que simpatizan con el MULT los corren bajo el argumento de que hay que desterrarlos porque no pertenecen a tal grupo. Nuestros desplazados los recogemos nosotros en nuestras comunidades, y no los utilizamos para presionar al gobierno y que les den unas migajas los ambiciosos del poder.
“Nos parece incorrecto que el dolor de la gente, como quiera que se haya dado, se esté utilizando para venir a plantarlos y obtener dádivas. ¿Por qué no nos planteamos la mesa de paz nacional e impulsamos el desarrollo de las comunidades y los dirigentes que sirvan de puente, nada más, entre las instituciones y las comunidades?”
Este líder acusado de ser autor del ataque a Tierra Blanca, revira y acusa a García Merino de pretender invadir esas tierras. “Pero los habitantes no se dejaron amenazar ni intimidar y defendieron sus casas y a su gente”.
Sin embargo, Pensamiento Mesinas, de origen zapoteco y de “corazón triqui”, no está de acuerdo con un plan de desarme para la región Triqui, pues considera que todos tienen la posibilidad de tener una calibre 22 “para la defensa de su hogar”.
Acusa al MULTI, a la CNC y a la Ubisort de ser los “grupos de choque” del gobierno del estado, de haber recibido 16 millones de pesos y hasta motocicletas que “utilizan los sicarios para asesinar a la gente”.
El negociador de paz
El 29 de enero pasado, durante la conferencia de prensa matutina, el subsecretario Alejandro Encinas comentó que los habitantes de Tierra Blanca se vieron obligados a desplazarse a otros lugares en esta región de Juxtlahuaca por “agresiones y hostilidades que derivaron incluso en la pérdida de dos vidas humanas y agresiones al conjunto de la comunidad.
“Por supuesto, nos hemos reunido con una representación del MULTI, una de las organizaciones que existen dentro de la comunidad Triqui en el estado de Oaxaca y estamos atendiendo las demandas que nos han planteado, no solamente para fortalecer los mecanismos de seguridad en coordinación con las fuerzas estatales de seguridad y la Guardia Nacional, sino buscar una solución integral al fenómeno que se presenta de marginación y de violencia en esta región.”
Previo a su llegada a la región, el funcionario dijo que se atenderán demandas particulares, “como las vinculadas a la demanda de libertad de presos que ellos denominan presos políticos, que lamentablemente de todos los grupos existen en esta región.
“Y lo más importante es el convocar a que podamos establecer una mesa de reconciliación y de pacificación en la región Triqui, de una comunidad que durante muchos años fue ejemplo no solamente de unidad, sino de organización para enfrentar los gravísimos problemas de cacicazgo que se presentaban en esta región del estado de Oaxaca”, dijo.
El funcionario del gobierno federal agregó que el MULT, en 1981, “fue sin lugar a dudas uno de los referentes más importantes y las nuevas formas de organización de los pueblos originarios en el país para combatir los cacicazgos locales y la marginación.
“Es una experiencia que logró consolidarse, pero que fue objeto de muchas agresiones, de hostigamiento y también de la búsqueda de cooptación y de corrupción, no solamente por los caciques locales, sino también en su momento por las autoridades municipales y estatales que vieron con mucho recelo el surgimiento de un movimiento independiente con fortaleza y que llevó no solamente que se mantuviera la violencia, sino también a la penetración de grupos y de partidos políticos, a la formación de organizaciones paralelas que han llevado a esta situación”, expuso.
Para poder construir un acuerdo de paz, Encinas Rodríguez enfatizó que no se ha cejado en la idea de que se requiere una mesa donde estén todos los representantes: MULTI, MULT, Ubisort y CNC, también el gobierno del estado y las autoridades municipales.
FUENTE: CONTRALÍNEA.
AUTOR: ÉRIKA RAMÍREZ.
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