“La resolución presidencial concreta que el territorio definido será respetado como exclusiva propiedad de la tribu y, aún más, indica que les será señalada una cantidad de agua necesaria para sus cultivos una vez que esté funcionando la gran presa de Langostura que está próxima a concluirse”, dijo el secretario de Huíriviris sobre la restitución del territorio que poseían desde 1740, pero les fue arrebatado durante el porfiriato.
La Conagua coordina el abasto de agua potable, alcantarillado y saneamiento de las comunidades yaquis mediante la construcción de un acueducto y planta potabilizadora que conducirá agua desde la presa Álvaro Obregón (Oviachic) hasta las comunidades y su distribución a través de una red de agua potable, alcantarillado y su disposición hacia 13 plantas de tratamiento, detalló en entrevista el director del organismo de cuenca Noroeste, Jose María Martínez.
También debe elaborar el proyecto de Decreto y transferencia del Distrito de Riego 018 al pueblo Yaqui, el cual será el encargado de administrarlo y operarlo a través de un organismo comunitario, con el acompañamiento técnico y financiero de la Conagua, que a su vez estimará el volumen y mecanismos para la recuperación del caudal ecológico en la parte baja de la cuenca del río Yaqui.
“Actualmente, el pueblo Yaqui analiza el documento presentado por el Gobierno federal que contiene la propuesta de decreto y transferencia del Distrito de Riego. Una vez hecho este análisis y, para aclarar las dudas que puedan surgir, se llevarán a cabo mesas de trabajo para abordar en detalle por parte de las dependencias las dimensiones del distrito y los volúmenes de agua que les serán asignados, así como la figura organizativa que ellos crearán para hacerse cargo de la administración y operación”, dijo Martínez.
Hace medio año, el Presidente López Obrador declaró que en 2021 ya tenía que estar avanzado el programa de justicia “y yo voy a estar viniendo para ver cómo se va avanzando”, prometió. El director del organismo de cuenca Noroeste detalló que la transferencia del Distrito de Riego 018 tomará cuatro años.
Por ahora, abundó, se cuenta con los términos de referencia para la construcción del acueducto Yaqui, y una vez concluidos los estudios respectivos se contempla iniciar los trabajos a partir de septiembre. También ya cuentan con los proyectos ejecutivos para lanzar la licitación para la construcción de las redes de agua potable y drenaje. En conjunto con las autoridades Yaquis, concluyó Martínez, se trabaja en la puesta en marcha de plantas garrafoneras de agua potable en cada uno de los ocho pueblos Yaquis.
LUCHA CONTRA EL GASODUCTO
La tribu yaqui es un pueblo originario. Ha vivido siempre en lucha y resistencia desde la Conquista, la Independencia, el Porfiriato, la Revolución y, ahora, contra los megaproyectos energéticos, incluyendo el Acueducto Independencia que amenazó –hasta lograr su pausa– con secar el río Yaqui. De ello ha resultado que sus integrantes, al menos los consultados en Loma de Bácum, estén dispuestos a dar la vida por su territorio y recursos naturales, así como lo hicieron sus ancestros. Sus creencias son una mezcla entre el catolicismo y sus antepasados. A la entrada del poblado y de cada casa, hecha de palmas y suelo de tierra, lucen cruces.
La empresa Gasoducto Aguaprieta, filial de Infraestructura Energética Nova (IEnova), construye un gasoducto en territorio sagrado para la comunidad yaqui. Sobre ese suelo caliente resguardado por sus ancestros, se planea un proyecto energético desde la frontera con Estados Unidos a Sinaloa para proveer de gas natural a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó SinEmbargo en 2017. Actualmente la CFE negocia diversos contratos de gasoductos, incluyendo el de Ienova.
Los habitantes de uno de los ocho pueblos, Loma de Bácum, se han opuesto por la falta de una consulta previa, libre e informada, y el riesgo de una explosión que afectaría a unos 15 mil habitantes. Sus usos y costumbres, entre ellos resguardar su territorio aun con la vida y solicitar autorización entre ellos para llegar a un consenso en cualquier decisión, choca con la visión empresarial y eso, al intentar comprar su aprobación, ha destruido su tejido social.
Este diario conversó con los integrantes de la Guardia Tradicional, la máxima autoridad yaqui, así como con algunos de sus habitantes. Acusaron que “traidores aliados al gobierno [estatal]” y miembros de la Guardia Tradicional de los siete pueblos yaquis restantes fueron quienes firmaron el contrato a cambio de 7.5 millones de pesos por pueblo, dinero que, calculan, no fue repartido por completo entre sus 40 mil habitantes, cuya mayoría no está de acuerdo con la instalación e incluso ignoraban el plan.
Es como si pasaran a tu casa sin pedirte permiso, explicaron los yaquis Hirginio Ochoa y Paulino Valenzuela parados a lado de dos policías estatales que estacionaron una camioneta oficial enfrente de la entrada de la obra en construcción, donde cuelga un letrero con la leyenda: “Prohibido la entrada a quien no sea yaqui”. Es una intimidación, acusaron furiosos. Los oficiales justificaron que buscaban la sombra de un árbol y fueron enviados “por los jefes”. Era mediodía a casi 40 ºC.
En la empresa IEnova se presenta el fenómeno de la puerta giratoria, esto es, pasar del sector público al privado con información privilegiada para facilitar el negocio. Está bajo la dirección de Carlos Ruiz Sacristán, quien durante diciembre de 1994 dirigió Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera estatal, y posteriormente fue designado como Secretario de Comunicaciones y Transportes (1994-2000).
IEnova es, además, la filial en México de la empresa norteamericana Sempra Energy, en cuyo consejo de dirección participa desde 2006 Luis Téllez Kuénzler, exsecretario de Energía y de Comunicaciones y Transportes.
El 4 de abril de 2016 los de Bácum interpusieron un amparo que prohibe a la empresa realizar cualquier actividad dentro de su territorio, pero al ver que la obra continuaba, en junio de 2017 los mismos yaquis arrancaron los cables eléctricos de parte de la obra.
Para Martín Valencia, Secretario de la Guardia Tradicional de Loma de Bácum, la ley interna es su prioridad: resguardar el territorio de la comunidad yaqui y no ceder un solo grano de arena: por sus antepasados y por sus hijos. “¿De qué nos sirve la vida si no nos queda la tierra”?, pregunta. “En nombre del desarrollo, que no ha llegado, el Gobierno estatal y la empresa nos han despojado de forma engañosa”, dijo.
El 21 de octubre del 2016 marcó un antes y un después en Bácum, lo cual hasta el momento los mantiene en alerta constante. Al mediodía, mientras los niños salían de la escuela, alrededor de 600 “cholos enviados del Gobierno” arribaron al poblado para atacar a 40 habitantes con palos, piedras e incluso balazos. Durante el conflicto se tocaron las campanas de la Iglesia de la Virgen del Camino de una manera atípica, por lo que la gente se alarmó. Hubo un muerto –miembro de los del grupo foráneo–, heridos y al menos 12 autos incendiados.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
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