Desde enero de 2019, más de 70 mil extranjeros fueron devueltos a ciudades del norte de México a la espera de que un juez de EU analizase su caso de petición de asilo. Se trata del programa “Quédate en México”, que se puso en marcha después de un acuerdo entre los gobiernos de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador. El plan inició en Tijuana y se extendió progresivamente por toda la frontera hasta que fue cancelado el pasado 21 de enero, en una de las primeras medidas adoptadas por Joe Biden, nuevo inquilino de la Casa Blanca.
Aunque el programa se puso en marcha en enero de 2019, no fue hasta junio que México y EU lo formalizaron a través de una declaración conjunta. En ella se afirmaba que “México, de acuerdo con sus principios de justicia y fraternidad universales, ofrecerá oportunidades laborales y acceso a la salud y educación a los migrantes y sus familias mientras permanezcan en territorio nacional, así como protección a sus derechos humanos”.
La realidad ha sido otra. Diversas organizaciones han documentado que cientos de los solicitantes de asilo sufrieron secuestros, extorsiones y otras violaciones a sus derechos humanos. Además, el gobierno mexicano se desentendió de ellos y apenas ofreció empleos o medios de subsistencia. Quedaron abandonados en ciudades peligrosas y que no conocían, expuestos a la explotación y el crimen organizado.
Aunque Ebrard aseguró en julio de 2019 que había 3 mil 700 empleos disponibles y que en ese entonces 327 ya estaban trabajando, los registros de la secretaría de Trabajo lo desmienten.
Según documentos a los que tuvo acceso Animal Político, únicamente 64 solicitantes de asilo recibieron un empleo a través de la secretaría de Trabajo. De ellos, 63 se encontraban en Ciudad Juárez, Chihuahua, y uno solo en Tijuana, Baja California.
Según las estadísticas de Trabajo, los empleados tenían entre 19 y 55 años y eran originarios de Guatemala (24), Honduras (24), El Salvador (2), Cuba (2) y Ecuador (1). Además, se incluyen cuatro personas de nacionalidad mexicana que no están incluidas en el programa “Quédate en México”. Además, 55 eran hombres y 9 eran mujeres.
Las empresas que contrataron a los solicitantes de asilo fueron Brown Jordan, Del Río, Global Printing, Química Apollo y Superior Bright, en Ciudad Juárez, y Center Com en Tijuana.
Según Trabajo, se ofertaron 236 empleos en Ciudad Juárez y 120 en Tijuana, sin especificar por qué las plazas quedaron vacantes.
“Se comunica que los solicitantes de asilo reportados son aquellos que, de manera voluntaria, personal y autónoma se acercan a los módulos para preguntar por información sobre ofertas de empleo disponibles, y que, tras expresar su interés por trabajar en México, son vinculados de manera directa con los empleadores”, especificó la secretaría de Trabajo en su respuesta.
Animal Político pidió datos también a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Instituto Nacional de Migración (INM). La primera institución, a pesar de ser la que negoció y aceptó la expulsión de solicitantes de asilo a territorio nacional, argumentó no disponer de información sobre esta materia. La segunda, por su parte, remitió a la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral de la secretaría de Trabajo, “por ser la autoridad designada por instrucción presidencial para coordinar la estrategia de atención a la población migrante en la frontera norte de nuestro país, que cuenta con solicitud de asilo en EU”.
Ante la gran diferencia observada entre las cifras que anunció Ebrard, Animal Político consultó al departamento de comunicación social de la SRE y de la secretaría de Empleo, sin recibir respuesta al cierre de la edición.
En su comunicación, la secretaría de Trabajo incluyó también los puestos ofertados en la Bolsa de Trabajo (2 mil 328 en Baja California, 365 en Tijuana, mil 028 en Chihuahua y 400 en Ciudad Juárez) y en el Portal de Empleo (98 en Baja California, 44 en Tijuana, 43 en Chihuahua y 21 en Ciudad Juárez). “Las plazas vacantes son incluyentes para cualquier persona que busque trabajo y cuente con autorización para hacerlo”, dice. El problema es que la mayoría de solicitantes de asilo que fueron devueltos desde EU no contaban con permiso de trabajo, ya que apenas se les entregó un CURP temporal, lo que les dificultaba el acceso a los puestos de trabajo.
El Programa de Protección de Migrantes (MPP por sus siglas en inglés) o “Quédate en México” fue uno de los principales programas diseñados por el gobierno de Donald Trump para impedir la llegada de solicitantes de asilo a México. Entre enero de 2019 y enero de 2021, más de 70 mil personas fueron devueltas por diversos puntos de la frontera norte. La mayoría quedó abandonada en ciudades que no conocía, como Tijuana, Baja California; Juárez, Chihuahua; Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas.
En estas dos últimas, el gobierno mexicano ni siquiera se molestó en prever la posibilidad de que los extranjeros obtuviesen un empleo. Desde agosto de 2019, según reveló Animal Político, puso en marcha autobuses que trasladaban a los solicitantes de asilo a la frontera con Guatemala, argumentando que se trata de municipios peligrosos. Los afectados ni siquiera sabían a dónde eran trasladados, lo que motivó quejas de Acnur y otros organismos internacionales. Aquellos traslados fueron financiados con dinero del Fondo México, supuestamente pensado para la cooperación internacional con Centroamérica.
El programa “Quédate en México” llegó a su fin el pasado 21 de enero después de que el presidente Joe Biden firmase una orden para que no se vuelva a expulsar a solicitantes de asilo. Se estima que unas 30 mil personas todavía tienen su caso abierto y esperan en México en lugares como el campamento de Matamoros, convertido en símbolo del abandono de este colectivo. Nadie ha dado una solución para ellos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
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