En un comunicado, la Alai indicó que no es facultad del regulador de telecomunicaciones decidir en materia de libertad de expresión.
También, dijo, bajo la definición de redes sociales de la iniciativa prácticamente todos los servicios que se ofrecen en Internet están sujetos a ser controlados por un organismo público.
“Se pondría en riesgo la propia naturaleza descentralizada y abierta de la red, al tratar con un carácter nacional un fenómeno global y transjurisdiccional, al mismo tiempo que desincentiva la innovación al imponer barreras de entrada”, precisó.
La Alai señaló que la erosión de las medidas técnicas y humanas que ya toman las plataformas para proteger la legalidad y la integridad en las redes sociales afectarían de forma desproporcionada a los usuarios, emprendedores y negocios en México, incluso a los sectores más vulnerables.
“No se dimensiona el volumen de cuentas, perfiles y contenido que se dan de baja diariamente a través de sistemas de Inteligencia Artificial por violar las políticas de las plataformas”, apuntó el organismo.
La iniciativa también atenta contra los nuevos lineamientos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en materia de trato nacional, poniendo barreras injustificadas al comercio digital que no son requeridas en Estados Unidos ni en Canadá.
“Esta regulación tendría impactos negativos sobre el desarrollo digital de México como vehículo para la recuperación económica y el desarrollo humano y social, dadas las barreras para usar libremente las redes sociales como medio de difusión de productos, servicios y diversas causas sociales, de los que las micro, pequeñas y medianas empresas y organizaciones de la sociedad civil dependen para llegar a sus audiencias, sobre todo en tiempos de pandemia”, añadió.
Ante estas aclaraciones y dado que el internet es un insumo básico mundial, la Alai hizo un llamado para que distintas voces de la sociedad como usuarios, organizaciones de derechos humanos y digitales, periodistas, académicos, estudiantes, emprendedores, pequeñas y medianas empresas, entre otros sean tomadas en cuenta previo a la presentación de la iniciativa.
“Lo anterior para reducir al máximo una afectación permanente a la libertad de expresión de los mexicanos, a la innovación, a la seguridad en línea y a la economía digital”, agregó.
AUTOR: JULIO GUTIÉRREZ.
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