Tudor es señalado como el presunto líder de la ‘Banda de la Riviera Maya’, investigada por las autoridades mexicanas y estadounidenses por su involucramiento en la clonación de tarjetas bancarias y tráfico de personas con fines de explotación sexual.
A partir de que la SCJN admitió a trámite la petición, el Tribunal Colegiado encargado del caso ha suspendido su análisis. Lo anterior, en tanto la Primera Sala de la Corte decide si ejerce su facultad de atracción.
El periódico Milenio reporta que, de acuerdo con el expediente judicial, la detención de Tudor, ocurrida en mayo de 2019 en Cancún, Quintana Roo, fue ilegal, por lo que una juez federal ordenó su libertad. Además, resolvió que el cateo que se hizo durante la detención, ejecutado por la FGR y la Secretaría de Marina, fue realizado “forma incorrecta”. Esta resolución fue ratificada por el Segundo Tribunal Unitario con residencia en Quintana Roo.
En septiembre de 2019 el juez de control decretó la nulidad del acuerdo de aseguramiento de las propiedades de Tudor.
Si bien el caso fue desechado, las propiedades no le fueron devueltas por la FGR. “El expediente menciona que Tudor no acreditó ser el poseedor de dichos inmuebles, que son los que ahora reclama”. La petición a la SCJN fue realizada en noviembre de 2020, aunque ahora fue admitida a trámite. La Corte resolverá si ejerce su facultad de atracción sobre el caso.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
No hay comentarios:
Publicar un comentario