El abogado, que acompaña a las comunidades que se oponen a la operación del Proyecto Integral Morelos (PIM), explicó que los estatutos de la Asurco establecen que los integrantes del consejo directivo o del consejo de vigilancia “deben estar al corriente en el pago de sus cuotas y no ostentar ni postularse en cargos de elección popular o en alguna otra actividad que le impida el cumplimiento cabal de sus obligaciones con la asociación, no tener cargo de algún partido político u otro cargo que le impida el cumplimiento imparcial de sus obligaciones con la asociación”.
Sin embargo, el presidente de la Asurco, Rogelio Plascencia Barreto, desde principios de 2019 y por lo menos hasta 2020 ostentó el cargo de regidor en el municipio de Ayala, asumiendo la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Igualdad y equidad de género y Asuntos de la juventud. Y a pesar de ello, Plascencia firmó el convenio con la CFE.
Flores Solís indicó que Plascencia debió renunciar a su cargo cuando llegó a la presidencia de Asurco en septiembre de 2019, pues de lo contrario los convenios firmados, incluido el de la cesión del agua de la PTAR a la termoeléctrica de Huexca, no tendrían validez.
“En las comunidades están generando una serie de firmas, de consensos para promover la destitución de Rogelio Plascencia y el desconocimiento de los convenios que haya firmado Asurco. La nulidad de la elección sería desde el inicio, porque no se llevó a cabo conforme marcan los estatutos, y por lo tanto cualquier convenio que haya firmado sería nulo”, explicó Flores.
“Cuando legalmente a una autoridad se le nulifica su cargo, los acuerdos que ella emitió son nulos también”, agregó el abogado.
Finalmente, Flores Solís recordó que aún hay suspensiones de plano y amparos interpuestos por las comunidades y pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala contra el funcionamiento del PIM, por lo que cualquier inicio de operaciones de la termoeléctrica, el gasoducto y el acueducto del megaproyecto sería ilegal.
AUTOR: REDACCIÓN.
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