Hasta inicios de este mes, 73 mil 25 elementos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) estaban asignados a “Operaciones para la Construcción de la Paz” (OCP); el total de activos de ambas corporaciones es de 214 mil 157.
Las OCP son parte de la estrategia nacional de seguridad pública, promulgada en mayo de 2019, donde se planteó que la descomposición e ineficacia de las corporaciones policiales hacían necesario recurrir a las fuerzas armadas.
El informe de la Sedena señala que Jalisco es el estado con más militares destinados a estas labores, con 8 mil 444 elementos. Ahí surgió el cártel Jalisco Nueva Generación, que durante el año pasado buscó expandir su área de influencia a las entidades vecinas, desatando enfrentamientos con grupos rivales.
El segundo con mayor despliegue castrense en tareas de seguridad pública es Tabasco, con 5 mil 617 elementos, seguido de Chiapas, con 4 mil 597. La mayoría de las entidades tiene entre mil y mil 500 militares asignados a estas labores; las de menor territorio, como Tlaxcala o Nayarit, cuentan con 935 y mil 33 efectivos, respectivamente.
La participación de miembros de la Sedena en la seguridad pública incluye a los 35 mil 848 militares transferidos temporalmente a la GN para dar estructura y capacitación a la nueva corporación.
Según los decretos y acuerdos que dieron origen a la Guardia, la participación de las fuerzas armadas en dichas tareas deberá terminar el 27 de marzo de 2024, fecha en la que se espera haber cumplido con la capacitación de las corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno, para que queden completamente integradas por civiles.
AUTOR: EDUARDO MURILLO.
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