Para Bouzas Ortiz –doctor en derecho social y experto en economía laboral–, “la subcontratación se reduce exclusivamente al hecho de que un tercero ofrece o aporta personal a una empresa beneficiaria final y ésta realiza sus actividades con los trabajadores de este tercero. La beneficiaria final trabaja sin trabajadores”, con el propósito de “liberarse de obligaciones laborales y beneficiarse en aspectos fiscales”. En esquemas así participarían unos 5 millones de trabajadores.
En ese contexto, en noviembre de 2020, el Poder Ejecutivo lanzó un proyecto para reformar seis leyes –entre ellas la Federal del Trabajo– y el Código Fiscal de la Federación, para “fortalecer el empleo”, combatir “las prácticas que dañan los derechos laborales” y, sobre todo, tipificar como fraude fiscal el uso de esquemas simulados de prestación de servicios especializados, o la ejecución de obras especializadas o subcontratar personal.
No obstante, la iniciativa privada (encabezada por el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, el Consejo Nacional Agropecuario y la Confederación Patronal de la República Mexicana) la rechazó y, por ello, su discusión en el Congreso permanece empantanada.
En opinión del investigador Bouzas Ortiz, aunque la iniciativa “es muy buena” es “insuficiente”, porque se reduce a reformar unos cuantos artículos. Y aunque tiene el propósito de eliminar la subcontratación fraudulenta, omite el cómo se identificará una subcontratación verdaderamente justificada y cuándo no es más que una simulación en beneficio de la empresa final. Y con ello se omite cómo facultar a las autoridades para responsabilizar a ese beneficiario final.
Por su parte, el doctor en derecho Luis Manuel Pérez de Acha advierte flaquezas en la prohibición que enarbola la iniciativa: una consecuencia sería el tener problemas de interpretación importantes, porque “hay servicios que no son de outsourcing sino que son de logística, proveeduría de bienes de servicios que se les trata de asimilar a outsourcing”.
Por ello, el experto en derecho constitucional, fiscal y administrativo advierte que prohibir la subcontratación es una postura radical, pues se ignora la realidad económica de México para encubrir la inacción de las autoridades laborales, fiscales, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Y es que considera que la falta de acusaciones permitió que la tercearización avanzara a un grado de “degeneración en perjuicio de los trabajadores”, mientras se encubrieron los abusos de los outsorceros y de grupos importantes de empresas.
Luis Pérez de Acha –socio del despacho Pérez de Acha e Ibarra– señala que las reformas siempre son aconsejables pero lo necesario son acciones legales y penales para inhibir esas conductas. Eso sí se está haciendo ahora, indica en referencia a la orden de aprehensión contra Raúl Beyruti, conocido como el rey del outsourcing, obtenida por la FGR el 25 de febrero pasado. Y agrega que con la ley existente “es más que suficiente para proceder fiscalmente y penalmente contra los outsorceros de alto perfil en el país”.
Para Francisco Retama –asesor sindical y académico de la Facultad de Economía de la UNAM–, la reforma propuesta contra el outsourcing sólo busca regular a las empresas para cobrarles impuestos: la iniciativa no apuesta por atacar de fondo la subcontratación ni frenar a las empresas que “venden al mejor postor la fuerza de trabajo de mujeres y hombres”.
Agrega que, a pesar de que “en toda la justificación de motivos de la iniciativa se denuncia la violación a derechos de los trabajadores”, la comercialización de la fuerza de trabajo se mantendría en los mismo términos.
Negociar con el sector empresarial
A inicios de 2021, el sector empresarial pidió no resolver la discusión en el Congreso y decidir hasta el siguiente periodo de sesiones. Esto, a pesar del acuerdo entre el gobierno y el sindicalismo corporativo y las cámaras empresariales de tener una reforma consensuada en los primeros meses de este año, señala el investigador Alfonso Bouzas Ortiz.
Para el doctor, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador “tenía que optar por una de dos reformas: la energética o la de subcontratación, porque las dos causarían inconformidades”. En el segundo caso, porque a los trabajadores se les debería reconocer como tal y se les deberían respetar sus derechos: eso pasaría con todas las grandes empresas y, de un día para otro, se podría acabar con esta simulación; se formarían auténticos sindicatos, se demandaría la contratación colectiva y que se les reconociera su antigüedad.
Por su parte, el economista Francisco Retama observa que, para los privados, una de las consecuencias de la reforma al outsorcing sería la “afectación brutal a sus ganancias”. Como ejemplo expone el caso de los contratos del gobierno federal, el capitalino y el Poder Legislativo con empresas tercearizadoras de servicios de limpieza: los márgenes de ganancia que tienen por mediar en la venta de trabajo de las personas son a veces de hasta el 50 por ciento.
El catedrático de la Facultad de Economía señala que algunas empresas subcontratistas han desarrollado un gran poder y “tienen la posibilidad con ese poder económico de ejercer una presión fuerte sobre el gobierno”. Para Francisco Retama, el aplazamiento se debe a que el propio gobierno es un usuario asiduo de la subcontratación.
Por ello cuestiona si la intensión de la cuarta transformación de acabar con esta práctica es genuina “o si solamente lo están utilizando como una moneda de cambio para negociar otras cosas con sectores empresariales. Si eso quisiera empezaría por la casa y no lo han hecho”.
Al respecto, el doctor Pérez de Acha considera que en la propuesta de reforma no está claro cómo operará la prohibición de la subcontratación en el gobierno. “Lo obligado incluso es que una prohibición de igual tipo con iguales consecuencias, incluyendo penal y delincuencia organizada, se tendría que hacer con dependencias públicas federales, estatales y municipales. En dependencias importantes, incluso en la Secretaría de Hacienda se tiene el outsourcing. Es real. ¿Cómo le vamos con las dependencias de gobierno?, ¿también se les va a prohibir o cómo va a operar esto?”
Insourcing, invisibilizado
Pese a los avances que podría significar la iniciativa de reforma, hay otras formas de precarización que no se han visibilizado. Al respecto, el doctor Luis Pérez de Acha señala el insourcing, que surgió hace décadas para “aminorar” el impacto que las empresas tienen con el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades (PTU). Éstas transferían a los trabajadores a empresas en donde la utilidad de la empresa madre no se reflejaba en la empresa de insourcing, y por lo tanto los trabajadores tenían o tienen una participación de utilidades menor.
El 19 de marzo pasado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pactó con el sector empresarial que la PTU ascendería hasta 3 meses de salario, es decir una media de 18 mil 557 pesos. Esto es “2.59 veces más de lo que reciben actualmente”, afirmó la secretaria Luisa María Alcalde Luján.
No obstante, el abogado alerta que el esquema de transferir trabajadores de una empresa muy rentable a otra con números en rojo, quebrada o menos exitosa se mantiene vigente en el país.
El doctor Pérez de Acha advierte que incluso “hay empresas que se crean especialmente [con ese propósito]: se transfieren los trabajadores y luego esa empresa desaparece. Entonces los trabajadores son transferidos a otra empresa dando la impresión de la falta de permanencia”.
Finalmente el doctor Alfonso Bouzas critica que el gobierno de la cuarta transformación no “tiene una política clara laboral”, pues dentro de su definición política el tema laboral no ocupa un lugar preponderante, como sí lo es el tema de los pobres, con los subsidios y las ayudas.
FUENTE: CONTRALÍNEA.
AUTOR: JORDANA GONZÁLEZ.
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