Jeanine Añez, la ex mandataria golpista de Bolivia, fue detenida a primera hora de este sábado en el departamento de Beni, horas después de que se giró una orden de aprehensión en contra suya y de cinco de sus ex ministros.
Más tarde se informó en un comunicado que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, llegaría esta madrugada a la ciudad de La Paz con la ex presidenta de facto.
Sus ex ministros de Energía, Rodrigo Guzmán, y de Justicia, Álvaro Coimbra, fueron detenidos ayer en la ciudad amazónica de Trinidad, capital del departamento del Beni, según transmisiones en vivo de varios medios. El canal oficial Bolivia TV afirmó que ambos fueron trasladados a la fiscalía de La Paz para prestar su declaración.
Cuando era detenido e introducido en el vehículo policial, Coimbra declaró: “Nosotros hemos dicho que nos vamos a poner a disposición de la ley siempre”.
Las órdenes fueron emitidas en el contexto de la causa por el golpe de Estado de noviembre de 2019, que derrocó al entonces mandatario Evo Morales. Áñez era senadora de oposición y asumió de facto la presidencia por un año tras la renuncia de Morales y su salida a México y luego a Argentina.
La disposición fiscal alcanza a los ex ministros de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Luis Fernando López; de Presidencia, Yerko Núñez; de Justicia, Álvaro Coimbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán.
De acuerdo con la imputación formal de la fiscalía, que circula en redes sociales, se acusó a los ex funcionarios y Áñez por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. El fiscal encargado del caso, Omar Alcides Mejillones, aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la medida.
Los ex ministros de Interior y Defensa salieron de Bolivia en noviembre pasado, y según la Interpol-Bolivia, se encuentran en Estados Unidos.
La fiscalía ordenó el jueves el arresto del ex comandante de las fuerzas armadas, general Williams Kaliman, y del ex jefe de la policía, Vladimir Yuri Calderón, por solicitar la renuncia de Morales, tras 14 años en el poder.
Kaliman, junto a su Estado Mayor, y el entonces comandante de la policía, Calderón, exigieron públicamente la renuncia del entonces mandatario cuando el país estaba sumido en un estallido social tras las elecciones, en las que venció Morales y que la oposición denunció como fraudulentas.
El primero no había sido detenido hasta este viernes y el segundo no fue hallado en su domicilio para asumir su defensa en un juicio por sedición y conspiración.
En una postura inédita, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), que enfrentó a las dictaduras militares en los años 70 y 80, apoyó a los jefes militares y policiales porque “salieron en defensa del pueblo”.
Morales, quien no se pronunció sobre las órdenes de captura, criticó a la APDHB, a la cual acusó de defender “el golpismo y la injusticia y ocultar las masacres que fueron condenadas por la Organización de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tantos organismos de derechos humanos en el mundo”.
“Persecución política”
Otro investigado es el ex dirigente cívico Luis Fernando Camacho, líder de protestas opositoras y virtual gobernador electo de Santa Cruz en los comicios del pasado domingo. Camacho aún no tiene orden de aprehensión y tras los incidentes mandó una carta al presidente izquierdista Luis Arce para decirle que “es una mentira” el discurso oficialista de que hubo “golpe de Estado” y lo acusó de practicar “persecución política”.
Jefes militares y policiales y líderes políticos opositores también son investigados por las masacres en Sacaba y Senkata contra seguidores de Morales, perpetradas por las fuerzas de seguridad, en las cuales murieron más de 20 personas.
También se solicita el arresto del almirante Palmiro Jarjuri, antiguo comandante de la armada, y Jorge Gonzalo Terceros, quien ostentaba el mismo cargo en la fuerza aérea, así como del general Gonzalo Mendieta. Entre los militares acusados por la fiscalía también están el general de división aérea Jorge Elmer Fernández y el ex jefe de Estado Mayor de las fuerzas armadas, Flavio Arce San Martín, quien fue detenido el miércoles.
Arce compareció ayer ante un juez, quien le dictó prisión preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz. También se busca al general Sergio Orellana, que ocupó el comando de las fuerzas armadas cuando Áñez asumió la presidencia.
El centrista Carlos Mesa (2003-2005) y el derechista Jorge Quiroga (2001-2002), ex presidentes de Bolivia, condenaron las detenciones y órdenes de aprehensión. Ambos fueron actores claves para el derrocamiento del gobierno de Morales.
El ministro de Justicia, Iván Lima Magne, indicó que el caso, abierto por la denuncia de la ex diputada Lidia Patty “en contra de los partícipes de lo que fue en criterio del gobierno un golpe de Estado, tiene dos componentes: primero, el momento histórico de la asunción al mando como presidenta de facto de Jeanine Áñez. A partir de ahí, cuando ella recibe la banda y la medalla presidencial debe seguirse un juicio de responsabilidades.
“Este caso ha sido presentado contra la ex senadora Jeanine Áñez, no contra la ex presidenta. Por lo tanto, no está protegida por un juicio de responsabilidades”, aseguró. Agregó que el gobierno no comentará el caso.
El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, declaró a la prensa que los anteriores mandos militares “limpiaron” la información sobre la actuación de las fuerzas del orden en contra de manifestantes partidarios de Morales.
El 15 de noviembre de 2019, el gobierno de Áñez promulgó el decreto 4078 que, entre otras disposiciones, eximía de responsabilidad penal a los efectivos de las fuerzas armadas que actuaran ante las protestas.
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