La titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, señaló que en los últimos años han crecido los actos de violencia política principalmente por parte del crimen organizado y del crimen de cuello blanco.
“Hubo regiones del país donde decidían a los candidatos y buscan seguir controlando mediante campañas de miedo”, refirió.
De acuerdo con la funcionaria, de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales hubo 64 personas víctimas de homicidio, en algunas regiones del país.
Más de la mitad de los hechos de violencia política (como asesinatos y agresiones) se concentran en siete estados: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.
Mientras que en Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco la SSPC identificó un alto riesgo de que las y los candidatos tengan cooptación por parte de la delincuencia.
Rosa Icela Rodríguez indicó que además de las agresiones y los homicidios, el crimen organizado suele intimidar, secuestrar, extorsionar e incluso quemar los domicilios de los aspirantes políticos.
También “se coluden con actores políticos de los partidos o gobiernos locales y desde antes del proceso electoral ofrecen financiamiento o donativos en especie o les otorgan protección y personal”.
La estrategia
Ante este contexto, la SSPC emprenderá acciones para detectar y prevenir las amenazas y riesgos en el sector político a través de mesas de trabajo con los tres niveles de gobierno, así como acciones de blindaje y protocolos territorializados.
Las autoridades pondrán especial énfasis en los municipios, ya que los actores políticos de esas zonas suelen ser los más vulnerables.
En las mesas de trabajo también participarán los partidos políticos, con el fin de compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos con vínculos con la delincuencia organizada o la delincuencia de cuello blanco.
En casos específicos, se pedirá a los gobiernos estatales garantizar las medidas de protección a personas candidatas amenazadas.
Las acciones concretas son:
- Reforzar la estrategia de seguridad en las entidades federativas y municipios de alto riesgo, con presencia de las fuerzas de seguridad.
- Brindar atención a aspirantes y candidatos amenazados por el crimen organizado, previa apertura de carpetas y determinación de niveles de riesgo y protección.
- Coadyuvar en la protección y la coordinación operativa con autoridades ministeriales e instancias competentes, tanto locales como federales.
- Establecer protocolos territoriales especializados, según el nivel de violencia política, de incidencia delictiva y riesgos para el proceso electoral.
- Evaluar semanalmente el avance de la estrategia y presentar un informe en el Gabinete, y detectar las zonas en las que se necesita más apoyo.
En las elecciones de 2021, que se realizarán el 6 de junio, se elegirán más de 21 mil cargos. Entre estos, 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, más de mil 900 presidencias municipales, mil 63 cargos en congresos locales y más de 17 mil entre regidurías, sindicaturas y concejales.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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