En su argumentación el ente público alegó que Ngu Cheo no está considerado como víctima ya que no forma parte del Registro Nacional de Víctimas (Renavi) ni tampoco una institución federal lo ha reconocido como tal.
La investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca, que se encarga del caso porque el cuerpo fue hallado en una playa de la entidad, sí le da tal consideración. Por eso la CEAV argumenta que es un asunto estatal en un dictamen fechado a 12 de noviembre de 2020 pero que fue recientemente comunicado a los afectados.
El gobierno de Oaxaca, por su parte, ya avisó a los representantes de la familia del migrante camerunés que no dispone de fondos para sufragar el gasto de repatriación. Mientras tanto, esta tuvo que endeudarse para pagar los 112 mil pesos que costó enviar los restos desde Ixtepec, donde permaneció tres meses en una funeraria, hasta Bamenda, en Camerún.
“Alegan que no forma parte del Registro Nacional de Víctimas (Renavi), pero son ellos los que no lo han inscrito”, dice Fabbienne Cabaret, abogada de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que acompaña a la familia del migrante fallecido.
En una queja presentada ante la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) interpuesta en febrero de 2020 la ONG explica algunos de los razonamientos esgrimidos de forma verbal por la entonces titular de la CEAV, Mara Gómez Pérez. Según el documento, esta llegó a asegurar que los recursos eran limitados y, por lo tanto, había que priorizar a los mexicanos ya que estos pagan los impuestos.
El naufragio tuvo lugar el 11 de octubre de 2019 en Puerto Arista, municipio de Tonalá, Chiapas. Allí aparecieron los cuerpos de otras dos víctimas: Romanus Atem Ebesor y Michael Atembe. Allí también fueron a parar los cinco sobrevivientes, quienes actualmente se encuentran en Estados Unidos tramitando su asilo. Todos los migrantes de aquella expedición habían escapado meses atrás de Camerún, que sufre un violento conflicto armado desde 2016.
“Nadie nos ha ayudado”, dice familia
“Nadie nos ha ayudado”, se queja Cecilia Ngu, hermana de la víctima y que actualmente trabaja como policía en Mineápolis, Estados Unidos. Casi año y medio después de la muerte de Emmanuel la familia no ha recibido apoyo alguno.
Tuvieron que endeudarse para lograr que el cuerpo pudiese ser enterrado en Camerún y a día de hoy no tienen noticia alguna sobre el avance de las investigaciones. La fiscalía de Oaxaca ni siquiera ha permitido que sus representantes tengan acceso a la carpeta de investigación.
El naufragio de Chiapas es el símbolo de cómo México se convirtió en una barrera para más de 7 mil solicitantes de asilo y migrantes africanos que permanecieron varados durante varios en meses en Tapachula, Chiapas, a lo largo de 2019.
Su objetivo era llegar a Estados Unidos pero un cambio en la forma de aplicar la ley por parte del gobierno mexicano les dejó atrapados en el sur del país. Emmanuel Ngu, de 39 años, era uno de ellos. Maestro de profesión, casado y con cuatro hijos, dejó Camerún tras el asesinato de un compañero. Atravesó Ecuador, Panamá, Nicaragua, Honduras y Guatemala antes de quedar atrapado en México. En su cuerpo todavía eran visibles las marcas de la tortura que padeció a manos de la policía. Su esperanza era la carta que llevaba en el bolsillo y con la que pretendía pedir asilo. Nunca llegó a entregarla a las autoridades estadounidenses.
“Es una víctima de las políticas migratorias de México”, dice la queja presentada ante la CNDH por la Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho. Hartos de esperar en un campamento en el exterior de la estación Siglo XXI de Tapachula, Chiapas, Ngu y sus compañeros decidieron jugarse la vida para continuar el su camino. En el naufragio tres de ellos se dejaron la vida.
Una vez muertos dejaron de importar
Tras el accidente comienza un nuevo calvario. Los sobrevivientes fueron encerrados durante días con la misma ropa que llevaban cuando casi pierden la vida. Finalmente, todos ellos lograron cruzar al norte y están peleando su caso de asilo. Por su parte, las familias de los muertos fueron ignoradas y maltratadas por diversas instituciones. En el caso de Ngu, su hermana Cecilia viajó al sur de México para identificar el cuerpo, lo que le permitió acordar con la funeraria que se mantendría en un congelador hasta que fuese repatriado.
Los allegados de los otros dos no lograron realizar el trámite y los restos fueron incinerados. Los ritos funerarios de Camerún no permiten la cremación del cuerpo, por lo que las urnas con los restos se quedaron en Tapachula, Chiapas. Las familias se negaron a recibirlas.
Durante el último año la CEAV trató de argumentar que Ngu no era víctima. Según se recoge en la queja ante la CNDH, quienes tienen el mandato de defender a los damnificados alegaron que se trataba de un accidente. No quisieron tomar en cuenta, como recuerda la Fundación en su escrito, que los cameruneses recurrieron al coyote tras permanecer atrapados varios meses a causa de la política migratoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Tampoco que se trata de un caso de tráfico de personas. Según testimonios recogidos por Animal Político de los sobrevivientes, hubo otro barco que logró su objetivo. Sus ocupantes hicieron referencias a casas de seguridad con hombres armados. Nada de esto está siendo investigado.
Existen dos carpetas de investigación, una en Oaxaca y otra en Chiapas. No hay constancia de avances en ninguna de ellas. Ngu es la única víctima con representación en México. Y sus familiares ni siquiera han logrado ver el expediente. Así que no parece que las pesquisas vayan a avanzar mucho en el caso de migrantes pobres muertos sobre los que nadie va a reclamar.
Al final, Ngu y sus compañeros fueron importantes cuando trataban de cruzar México e importunaban los acuerdos firmados con EU. Una vez muertos ya no podían tratar de cruzar ninguna frontera. Que les ocurra después dejó de ser un problema para las autoridades mexicanas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
FECHA: 25 MARZO 2021.
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