Fue la propia CNDH, en una recomendación de 2013, la que constató que Gisela Peraza, exempleada doméstica del antiguo gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, fue torturada y víctima de detención arbitraria y desaparición forzada a manos de policías. La institución federal retomó el caso después de que la defensoría estatal presidida por Ramírez Ramírez lo cerrase por no encontrar pruebas.
Desde el miércoles, Animal Político quiso conocer la versión del nuevo visitador y solicitó una entrevista, así como la postura oficial de la CNDH, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta alguna.
Ramírez Ramírez es el nuevo quinto visitador general de la CNDH y entre sus principales áreas tendrá la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes. El exombudsman sonorense llega en sustitución de Elizabeth Lara Rodríguez, quien renunció el martes pasado, un mes después de que Animal Político revelase que la institución presidida por Rosario Piedra Ibarra ocultó por más de un año múltiples testimonios de extranjeros en su camino hacia Estados Unidos que fueron víctimas de secuestros masivos y otras violaciones graves.
El perfil de Ramírez Ramírez viene marcado por su trabajo al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Sonora, institución que presidió en dos períodos: de 2010 a 2014 y de 2014 a 2018. Es en el primero de ellos en el que tiene lugar la denuncia por torturas a la que dio carpetazo.
En marzo de 2011, Gisela Peraza, que trabajaba para el entonces gobernador Guillermo Padrés -quien hoy cumple condena por lavado de dinero en libertad condicional-, denunció haber sido detenida ilegalmente por funcionarios de seguridad y acusada de un robo en casa del mandatario sin pruebas. El 13 de ese mes fue arrestada e interrogada violentamente en la casa del exgobernador, donde ella laboraba. Un mes después volvió a ser arrestada y denunció nuevamente torturas. En el relato de la recomendación 54/2013, que puedes consultar aquí, habla de cómo un funcionario público “la trató de asfixiar con una bolsa de plástico, le vendó la cara, le quitó los zapatos, la golpeó en la planta de los pies con una tabla de madera, la jaló del cabello, la enrolló en una cobija, y junto con otros agentes le vertía agua sobre las vendas que le pusieron en la cara”.
A pesar de que en 2013 la CNDH le dio la razón, la mujer permaneció en prisión durante cuatro años, hasta que recuperó la libertad en 2015.
Posteriormente presentó una denuncia contra Padrés y 19 personas, de las que tres ya fueron condenadas por actos de tortura: dos policías ministeriales de Sonora y el entonces encargado de seguridad del exmandatario.
Esta es una de las polémicas que acompañan a Ramírez Ramírez, pero no la única. En 2018 fue empujado por Movimiento Ciudadano como candidato a una diputación federal plurinominal. En aquel momento, la revista Proceso señaló que, además de ignorar las torturas de Peraza, también fue acusado de presunto blanqueo de divisas, riqueza inexplicable y ejercicio abusivo de funciones, motivos por los que previamente, en febrero de 2017, el abogado sonorense Juan Antonio Ortega interpuso una denuncia ante el Congreso local para que se llevara a cabo un juicio político en contra del hoy quinto visitador de la CNDH, mismo que a la fecha no ha originado ningún resultado.
“Un insulto a las víctimas”
Juan Antonio Ortega Luna sustituyó a su padre tras su fallecimiento en 2019 como abogado de Gisela Peraza. En entrevista telefónica, el letrado dijo que el nombramiento de Raúl Ramírez al frente de la Quinta Visitaduría de la CNDH lo dejó “consternado y sorprendido” por los antecedentes del exombudsman sonorense en el caso de su representada.
“Está plenamente probado que sí hubo tortura y que sí hubo violaciones a derechos humanos en contra de Gisela. Tan es así que ya hay tres funcionarios sentenciados por este caso. Sin embargo, el ex ombudsman le dio carpetazo al caso. Y este es el funcionario a quién hoy la CNDH está premiando de manera incomprensible”, recalcó Ortega.
Por su parte, Gisela Peraza recordó también en entrevista telefónica que ella y su familia fueron muchas veces a la Comisión estatal de Derechos Humanos que dirigía el hoy quinto visitador a pedirle ayuda para documentar las torturas que sufrió.
“Pero este señor (Raúl Ramírez) dijo que no era cierto que me torturaron. Incluso, me revictimizó diciendo que, como se trataba del gobernador, que era un personaje público importante, yo quería sacar un provecho económico”, acusó Gisela, que enfatizó que tuvo que ser la Comisión nacional la que tuvo que ir desde México a Sonora “a hacer el trabajo que el ombudsman no quiso hacer y ponerse a investigar”.
“De haber sido por Raúl Ramírez, mi caso hoy aún seguiría siendo una terrible injusticia. Por eso me parece un insulto a las víctimas que este señor ahora ocupe un cargo nacional en la misma CNDH que en su día me ayudó a demostrar que fui torturada”.
Polémica renuncia de antecesora
La llegada de Ramírez Ramírez también viene marcada por un contexto turbulento. Especialmente, por la salida de su antecesora, Elizabeth Lara Rodríguez, de la que se anunció su dimisión apenas 48 horas antes de que llegase su sustituto. Un mes antes, Animal Político hizo públicos duros testimonios de secuestros, extorsiones y torturas sufridas por migrantes en la ruta hacia Estados Unidos y que la CNDH mantuvo ocultos durante un año. Tanto Lara Rodríguez, como la titular actual de la CNDH, Rosario Piedra, tenían conocimiento de estos testimonios, según prueban documentos en poder de este medio. Sin embargo, la CNDH no los hizo públicos ni en comunicados, ni en recomendaciones, ni en informes especiales de violaciones sistemáticas a migrantes, como los que la Comisión sí publicó en 2009 y en 2011.
Tras la publicación, la institución que dirige Rosario Piedra Ibarra pidió a Elizabeth Lara que diera una “explicación” sobre los testimonios ocultos, y anunció una investigación interna de la que más de un mes después no se conocen las conclusiones.
Aunque la CNDH anunció que Lara Rodríguez dejó el cargo por voluntad propia, activistas de apoyo a los migrantes han denunciado que fue la dirección de la institución la que le hizo marcharse.
Por ejemplo, Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano, denunció que “Rosario Piedra le solicitó la denuncia” y defendió la trayectoria de la exvisitadora. También Pueblo Sin Fronteras, organización que integra a estadounidenses, mexicanos y centroamericanos, emitió un comunicado en el que mostró su inconformidad con la “destitución” y aseguró que con la marcha de Lara Rodríguez “se pierde el único interlocutor y contrapeso” con las organizaciones.
Animal Político se puso en contacto con la antigua visitadora para conocer su versión de los hechos pero esta declinó hacer declaraciones.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA, MANU URESTE.
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