La Cámara de Diputados aprobó en la tercera semana de febrero la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para privilegiar a la pública Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de generadores privados, sobre todo de renovables.
La reforma fue aprobada con 23 votos a favor y 20 en contra. Se discutirá y votará en el Senado de la República el próximo jueves.
La Cámara de Diputados aprobó en la tercera semana de febrero la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, para privilegiar a la pública Comisión Federal de Electricidad (CFE) en detrimento de generadores privados, sobre todo de renovables.
Estas son las claves de la polémica reforma que aún debe pasar el Senado, pero que ya ha descargado choques de incertidumbre por priorizar a toda costa a la empresa eléctrica del Estado.
El principal impacto es eliminar el criterio económico en el despacho de la electricidad a cargo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), el operador del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Sin importar cuál sea más barata, el Cenace deberá despachar primero la energía generada en las hidroeléctricas de la CFE, después la de combustibles fósiles y otras fuentes de la compañía del Estado, luego la eólica y solar de generadores privados, y al final las de ciclo combinado de particulares.
El Presidente consideró que el actual sistema de despacho, creado por la reforma energética de 2013 que abrió el sector a la inversión privada, “es uno de los grandes mecanismos destinados a establecer grandes privilegios a la generación privada, con grave perjuicio a la CFE”.
La iniciativa pide “revisar la legalidad y rentabilidad” de los contratos de generación y compraventa del Gobierno federal con productores independientes de energía.
También “obliga” a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), un órgano autónomo, a revocar los permisos de autoabastecimiento obtenidos “mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley”.
Asimismo, demanda que los futuros permisos de generación “se encuentren sujetos a los criterios de planeación del Sistema Eléctrico Nacional emitidos por la Secretaría de Energía (Sener)”, lo que implica subyugarlos a la voluntad del Gobierno.
La nueva legislación modificará las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL), un instrumento financiero creado por la reforma energética de 2013 para promover la instalación de nuevas plantas renovables.
La propuesta ordena que “el otorgamiento de CEL no dependerá de la propiedad o la fecha de inicio de las operaciones comerciales de las centrales eléctricas”, lo que significa que plantas viejas de la CFE puedan acceder a los certificados, que perderían su valor de mercado.
Esto implicaría que México incumpla su compromiso en el Acuerdo de París de generar 35 por ciento de la electricidad con energías limpias para 2024, estimó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
La normativa eliminaría la obligatoriedad de las subastas eléctricas, licitaciones creadas por la reforma energética de contratos a largo y mediano plazo en la que generadores privados compiten por vender energía a la rama de suministro de CFE.
En su exposición de motivos, el mandatario justificó esta medida porque las subastas impiden al suministrador de servicios básicos contar con coberturas de energía y capacidad en volúmenes suficientes porque la energía contratada es “intermitente” por ser eólica y fotovoltaica.
“Las subastas son una perversa maquinación ideada con el único propósito de garantizar la rentabilidad de las inversiones de los generadores privados en detrimento de la CFE ya que los contratos correspondientes tienen una vigencia de veinte años”, argumentó López Obrador.
La bancada oficialista del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha defendido la inicativa con un reporte del Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP) del Congreso que estima un aumento de hasta 135 mil 558 millones de pesos (cerca de seis mil 777 millones de dólares) en las utilidades de CFE.
Pero el CEFP también advierte que están en riesgo más de 451 mil millones de pesos (unos 22 mil 550 millones de dólares) invertidos en 105 proyectos privados de generación de energías renovables.
Además, el análisis considera que 28 empresas con un conjunto de ocho mil 904 millones de dólares en inversiones estarían en posición de exigir indemnizaciones.
Un estudio de la asociación México Evalúa estimó un aumento de entre mil 350 y dos mil 750 millones de dólares del costo anual de producción porque las renovables cuestan entre 26 y 54 dólares por megavatio hora (MWh), mientras la electricidad con carbón cuesta entre 65 y 169 dólares por MWh.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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