Así lo consigna una denuncia interpuesta por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), y que dio paso a la apertura de una nueva carpeta de investigación en contra de quien resulte responsable por los daños que dejó esta contratación irregular.
En 2017, la entonces PGR había iniciado una indagatoria por las operaciones de lavado de dinero y corrupción detrás del pago de sobornos de Odebrecht a Lozoya y otros funcionarios en México, pero esta es la primera investigación penal en curso por el quebranto que dejó uno de los contratos.
Se trató del proyecto para el tratamiento de aguas residuales y diversos trabajos de mantenimiento en la Refinería Miguel Hidalgo de Tula, Hidalgo, que Pemex adjudicó el 17 de febrero de 2014 a la constructora Norberto Odebrecht por un monto inicial de 1 mil 436 millones de pesos. Como es habitual, dicho contrato se concedió sin convocar a una licitación pública.
Lo que los auditores encontraron al profundizar en las condiciones de este proceso de contratación, de acuerdo con el informe de resultados de la auditoría 479-DE que dio pie a la denuncia interpuesta, fue un cúmulo de situaciones desventajosas y claramente irregulares, que derivaron en una pérdida para Pemex y para la hacienda pública por 1 mil 250 millones, 555 mil 400 pesos.
En total, la ASF documentó al menos ocho tipos de anomalías. Una de las más graves y recurrentes fue el haber cotizado los precios para esta adjudicación por encima de los precios del mercado –posiblemente de forma deliberada– generando precios unitarios y sobrecostos del orden de los 700 millones de pesos que favorecieron a la constructora brasileña en detrimento de Pemex.
Además, Odebrecht realizó servicios pactados en el contrato, pero con costos superiores a los establecidos en el mismo. Solo por ello Pemex le pagó 139 millones 923 mil pesos extra sin pedir mayores explicaciones, y sin establecer sanciones para la compañía.
Los auditores también identificaron que en el desarrollo de los trabajos la constructora brasileña presupuestó una mayor cantidad de insumos, herramientas y materiales a los que realmente se utilizaron, y que de nueva cuenta fueron cubiertos por Petróleos Mexicanos. Tan solo por un tramo de valla galvanizada y accesorios no utilizados se pagó 1 millón 287 mil pesos.
En síntesis: durante el periodo de ejecución de este contrato se realizaron múltiples pagos en exceso y/o improcedentes, sumado a penalidades no cobradas, que llevan a concluir a los auditores que, en general, Pemex “no cumplió las disposiciones legales y normativas” para este tipo de contrataciones.
Al contrastar ello con los sobornos confesados por exdirectivos de Odebrecht y por el propio Emilio Lozoya, la ASF y la FGR presumen que las irregularidades fueron deliberadamente pasadas por alto para favorecer irregularmente a dicha compañía en detrimento de la empresa productiva del Estado.
La denuncia formal de la ASF fue presentada el pasado 17 de febrero y la apertura de la carpeta de investigación ha quedado a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC). Autoridades federales señalaron que se esperan más denuncias sobre el daño patrimonial ocasionado por los contratos a Odebrecht en los próximos días.
Mega lavado de 3 mil millones
Otra investigación en curso relacionada con Odebrecht, y que se prevé de paso a una nueva denuncia ante la FGR, es la que realiza desde mediados del año pasado la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) sobre presuntas operaciones de lavado de dinero que podrían alcanzar hasta los tres mil millones de pesos.
En octubre de 2020, Animal Político adelantó que los trabajos de inteligencia financiera ya habían permitido la identificación de un medio centenar de compañías presuntamente fantasma, mayoritariamente constituidas en México, a través de la cual se habrían triangulado recursos provenientes de la constructora brasileña y su estructura de sobornos.
De acuerdo con autoridades federales, la denuncia aún no se presenta debido a que se continúan documentando conexiones no solo entre empresas sino con personas físicas, entre ellas el propio Lozoya. Y la cantidad puede ser incluso mayor.
Se prevé que la denuncia de la UIF ante la FGR por las presuntas operaciones de lavado de dinero de Odebrecht en México se presente antes del cierre del primer semestre de 20201.
Lozoya: pacto sin resultados. Se acaba el tiempo
El próximo 7 de marzo vence el plazo que un juez federal le dio a la FGR para definir si acusa formalmente a Emilio Lozoya de lavado de dinero y asociación delictuosa y lo lleva a juicio. El exdirector de Pemex fue vinculado a proceso por dichos delitos desde julio de 2020, pero se encuentra en libertad.
Tanto los abogados de Lozoya como la FGR anunciaron, en su momento, que estaban negociando un criterio de oportunidad debido a la colaboración que el exdirector de Pemex ofreció para denunciar hechos de corrupción a gran escala en el gobierno pasado. Lozoya presentó una denuncia formal y entregó algunas pruebas. También ofreció testigos que ya rindieron declaración.
El beneficio del criterio de oportunidad para el exfuncionario, como confirmaron funcionarios federales a este medio, es que el proceso en su contra se suspenda temporalmente (sin ser cerrado definitivamente) mientras se espera que los juicios que se inicien a partir de sus denuncias deriven con sentencias efectivas y condenatorios.
Sin embargo, hasta ahora la información aportada por Lozoya no le ha permitido a la FGR obtener alguna vinculación a proceso en contra de las personas que denunció, por lo que la concesión del criterio sigue en duda.
En su momento, la Fiscalía intentó proceder en contra del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, y el exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, ambos implicados en los sobornos denunciados por Lozoya. Pero en ambos casos la FGR se desistió de las solicitudes que ya habían presentado ante los jueces.
En ese contexto, autoridades federales indicaron que se continúa valorando la decisión que se tomaría en el caso. Una posibilidad es que la defensa del exdirector de Pemex o los propios fiscales soliciten una ampliación de plazo al juez del periodo de investigación complementaria para tratar de avanzar en la obtención de resultados.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
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