La detención de trabajadores petroleros por el supuesto robo de combustibles continúa. Ahora tocó el turno a seis empleados de la refinería de Tula, Hidalgo, quienes habrían sido capturados en flagrancia cuando transportaban productos petrolíferos en carros-tanque propiedad de la misma empresa petrolera del Estado, con una capacidad de 60 mil litros cada pipa, para presuntamente almacenarlos en bodegas controladas por el crimen organizado, y posteriormente proceder a su distribución y venta clandestina.
Sin embargo, al parecer las “pruebas” eran tan débiles que en el caso de Aguirre León a los dos días de su captura salió de prisión, mientras que el resto de empleados petroleros seguirían presos por haber sido detenidos cuando supuestamente robaban las gasolinas.
Ante esas detenciones, el gerente de la refinería de Tula, Felipe Careaga Campos, está muy molesto porque considera que se trata de un acoso judicial ordenado desde el piso 44 de la torre ejecutiva de Petróleos Mexicanos (Pemex), en donde despachan el director general Octavio Romero Oropeza y Marcos Herrería Alamina, director corporativo de Administración.
Aunque las oficinas de la Dirección Corporativa de Administración, a cargo de Marcos Herrería, están en el piso 12 del edificio A, este funcionario montó una oficina en el piso 44 de la Torre Ejecutiva, prácticamente al lado de su jefe el director general Romero Oropeza, a quien asesora en todo lo que tiene que ver con la empresa petrolera.
Esta serie de acusaciones y carpetas judiciales abiertas en contra de los gerentes de las seis refinerías que están distribuidas por todo el país son parte de una disputa por el control de la asignación de contratos que hay en Pemex, en donde Romero Oropeza y Herrería Alamina están en contra de las decisiones de la presidenta del Consejo de Administración y secretaria de Energía, Rocío Nahle.
La orden de abrir carpetas judiciales a los seis gerentes de las refinerías salió de ese piso 44 y también incluye al subdirector de Producción de Petrolíferos, José Manuel Rocha Vallejo, a quien también abrieron una investigación por “huachicol” con el propósito de que renuncie y tramite su jubilación después de 40 años de laborar en la petrolera del Estado.
Aunque las órdenes para enviar “espías” a los centros de refinación y armar las carpetas judiciales salieron de la Dirección General de Pemex, los responsables de ejecutarlas son el director corporativo Herrería Alamina y el director de Pemex Logística, Javier Emiliano González del Villar, quienes han enviado a “policías” para presionar y espiar a los seis gerentes de las refinerías.
De la acusación directa en contra del jefe de almacén de la refinería de Tula, el que armó el expediente es Concepción Aviña Díaz, quien cumple órdenes del director de Logística para vigilar e interrogar a los trabajadores.
La investigación de la FGR por el “huachicol” inició prácticamente desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República y el doctor Alejandro Gertz Manero ocupó el cargo de abogado de la nación, lo que permitió en los últimos dos años identificar el modus operandi de redes criminales vinculadas al robo de combustibles que operan al interior de Pemex. De esto se valen ahora los directivos de Pemex para presionar a cualquier trabajador que quieren correr.
Cuando el gerente de la Refinería, Felipe Careaga Campos, se enteró de la detención de los seis trabajadores, enfurecido, llamó por teléfono a la Dirección General de Pemex para quejarse y tratar de frenar dicha acción judicial que considera injusta y arbitraria.
Sigue disputa entre secretaría de Energía y director de Pemex
El acoso de Romero Oropeza y Herrería Alamina a directivos de las seis refinerías de Pemex tiene el propósito de que el plan de producción de combustibles de obtener 1.2 millones de barriles diarios no se cumpla y que la secretaria de Energía deje de intervenir en las decisiones sobre la refinación de petróleo crudo, aunque ésta sea una decisión del presidente López Obrador para que Rocío Nahle supervise lo que se hace en esa importante área y sea la responsable de la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco.
En ese contesto, Marcos Herrería ha enviado empleados en calidad de “policías” para espiar a los seis gerentes, supervisar su trabajo y presionarlos para distraerlos de su función principal, que es refinar el petróleo crudo.
Mientras los gerentes de las refinerías tienen que lidiar con las denuncias en su contra por “huachicol”, el director general de Transformación Industrial, Jorge Luis Basaldúa, jefe directo de los seis directivos de las refinerías y del subdirector Rocha Vallejo, se mantiene al margen ante el temor de que también pueda ser despedido de Pemex.
De estos casos de acoso ya fue enterado el presidente López Obrador y, como comentamos en una columna anterior, llamó fuertemente la atención al director Octavio Romero y a sus subalternos que, sin pruebas suficientes, han armado carpetas judiciales en contra de los seis gerentes y del subdirector Rocha Vallejo.
Los directivos petroleros a quienes les abrieron carpetas judiciales por el delito grave de robo de combustibles son: Abner Santamaría Hidalgo, gerente de la Refinería de “Ingeniero Héctor R Lara Sosa”, Cadereyta, Nuevo León; Felipe Careaga Campos, gerente de la Refinería “Miguel Hidalgo”, Tula, Hidalgo; Martín Rodríguez Aboites, gerente de la Refinería “Francio I Madero”, Ciudad Madero, Tamaulipas; Fidel Vizcaíno García, gerente de la Refinería “Ingeniero Antonio M. Amor”, Salamanca, Guanajuato; Hermilo Humberto de Atocha, gerente de la Refinería “General Lázaro Cárdenas del Río”, Minatitlán, Veracruz; y Ricardo Martínez Morales, gerente de la Refinería “Ingeniero Antonio Dovalí Jaime”, Salina Cruz, Oaxaca.
Fue el mismo Octavio Romero quien envió un oficio al director de Pemex Logística para que armara una investigación por “huachicol” en contra de los seis gerentes y de inmediato el abogado González del Villar integró, sin tener facultades para ello porque viola el estatuto de Pemex Logística, un equipo de “policías investigadores” para que ingresaran a las refinerías a recoger declaraciones de trabajadores y buscar “pruebas” que permitieran fabricar los expedientes.
Estas investigaciones han causado nerviosismo en las refinerías, mientras que en Palacio Nacional y en la Secretaría de Energía hay malestar porque estas acciones legales podrían impedir alcanzar las metas propuestas en la refinación de petróleo crudo.
AUTOR: MIGUEL BADILLO.
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