Una “reacción errónea” para Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa y una “actuación impropia” para Olga Mazariegos Pérez, hermana de la víctima.
“Él estaba viniendo a la casa, porque teníamos una actividad y le estábamos esperando. Nos llamó unos minutos antes diciendo que llegaba, pero nunca llegó”, dice Olga, que no se explica lo ocurrido.
“La verdad, no sé qué pasó, porque nos dijo que no traía nada ilegal en el carro”, asegura. Entre las hipótesis que baraja, la de evitar problemas. “Nosotros estamos acostumbrados a que los soldados pidan dinero para unas aguas, no saben lo que cuesta llevar el dinero a la casa”, se queja.
El fallecido estaba casado y tenía tres hijos, las dos primeras de 8 y 5 años, y el menor de 3. “Él era el que se hacía cargo de la familia”, explica Olga, mayor que Elvin, que era el tercero de sus seis hermanos.
La zona en la que vivía Mazariegos Pérez y en la que fue asesinado es un lugar en el que México y Guatemala se difuminan. No hay aduana migratoria y los vecinos de los municipios cercanos cruzan a un lado y otro sin problemas y, sobre todo, sin papeles. Por ejemplo, el 10% de la población de Tacaná vive de comerciar con los productos que compra en Motozintla, según explica Eulalio de León, alcalde del municipio guatemalteco.
Estos pasos ciegos también son utilizados para el tráfico de migrantes irregulares o de mercancías ilícitas, que pueden ser tanto drogas como combustible. Son lugares que también dan pie a corrupciones como la que denuncia la guatemalteca. Una ayuda a la autoridad a cambio de que no haya una inspección rigurosa. Según su hermana, la victima ya había sufrido en alguna ocasión tener que pagar estas mordidas. Aunque, en este caso, la camioneta iba de regreso a Guatemala.
Operativo contra la migración
Que los militares del XV Regimiento de Caballería Motorizada estuvieran desplegados en la zona no es casualidad. En las últimas semanas se incrementaron los operativos de Ejército, Guardia Nacional e Instituto Nacional de Migración (INM) en la frontera, después de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunciara una ofensiva para impedir el paso de migrantes a petición del ejecutivo de Estados Unidos.
En teoría, personas como Mazariegos Pérez deberían disponer de su tarjeta de visitante regional, que le permite acceder de Guatemala a Chiapas legalmente. Sin embargo, a lo largo de toda la frontera se cruza indistintamente sin esta documentación, ya que las vidas de los municipios a ambos lados de la línea están interconectadas.
Lo que sabemos hasta ahora es que el piloto trató de dar la vuelta y que un militar mató a su acompañante. “Cuando los soldados se dieron cuenta trataron de auxiliar, estaban arrepentidos”, dice Olga. Pero para entonces el daño ya estaba hecho. Su hermano estaba muerto y decenas de lugareños, mexicanos y guatemaltecos, habían capturado a 15 soldados, sus vehículos y sus armas.
La intervención del ejército guatemalteco y las negociaciones con los mexicanos permitieron la liberación de los oficiales, que aparecen en algunos videos siendo filmados mientras dicen su nombre y graduación. Al mismo tiempo, la Sedena estableció un cauce directo con la familia para hablar de reparación. Según la hermana de la víctima ofrecieron dinero, aunque no quiso especificar cuánto. Por el momento se hicieron cargo del traslado y del ataúd. El resto habrá que negociarlo.
La familia busca que la Sedena pague una manutención a los tres hijos de Elvin hasta que sean mayores de edad.
“No quisieron dar a conocer qué soldado había agredido y cómo van a quedar los tramites”, explica Olga. Por eso las negociaciones no están cerradas. Está previsto que el jueves o el viernes, cuando Mazariegos Pérez ya haya sido enterrado, una delegación de la familia acuda nuevamente a Motozintla para dialogar. Por el momento, la Fiscalía General del Estado (FGE) anunció que el soldado está detenido. Pero la familia de la víctima no termina de fiarse.
Pagar para eludir responsabilidades
Los convenios privados para evitar que otras autoridades intervengan en los casos en los que el Ejército mata a civiles es una práctica habitual para Sedena. De hecho, Animal Político documentó cómo 187 víctimas recibieron cuantiosas indemnizaciones a cambio de confidencialidad y de que sus casos no fueran reportados, por ejemplo, a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Parece que este va a ser también el modo en el que el Ejército trate de resolver el asesinato de un civil desarmado. En un primer momento, las versiones que circularon en la prensa local era que Mazariegos Pérez había empuñado un arma. Era mentira, pero la reacción es habitual: primero, culpar a la víctima. “Al principio no quisieron hacer nada. Ellos decían que no hicieron caso. Por eso la gente se enfadó. Ahora reconocieron el error”, explica.
Parece lógico preguntarse qué hubiese ocurrido si decenas de personas no hubiesen capturado a los soldados para exigir justicia. Quién sabe si se hubiese reconocido la responsabilidad sobre los hechos con tanta contundencia. Ellos aceptaron el error, que actuaron de manera impropia, que no es justo lo que hicieron. Dispararon sin importarles que dejaban una esposa viuda y tres niños huérfanos”, se queja Olga.
La noche fue de dolor en el caserío La Esperanza, donde fue velado Mazariegos Pérez. Su hermana lo recuerda como un hombre al que le gustaba el fútbol, salir a divertirse y compartir con su familia. El miércoles a las 10 estaba previsto que se celebrase el entierro.
Tras el luto llegará el tiempo de la justicia. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido durante toda la semana en que el Ejército no viola los Derechos Humanos y que si hay algún caso, se investiga y se juzga. La familia del guatemalteco asesinado en un retén ya sospecha que los militares tratan de cubrir al que apretó el gatillo. “Y nosotros lo que queremos es justicia”, reiteran.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
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