La Fiscalía General de la República reabrió una investigación que involucra a la familia de Manlio Fabio Beltrones –esposa e hija– y a un cercano del poderoso exlíder nacional del PRI, la cual fue desestimada por la entonces Procuraduría General de la República, en tiempos del Gobierno de Enrique Peña Nieto, que le dio carpetazo al concluir que el delito fiscal ya había prescrito. El caso atraviesa la Ley Televisa, pues la Jueza de Andorra considera que los recursos eran una comisión por la aprobación de esa polémica legislación.
Manlio Fabio Beltrones, su familia y uno de sus cercanos son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por depósitos millonarios entre 2009 y 2010 a cuentas en la Banca Privada d’Andorra (BAP), reveló el diario El País este miércoles.
El trabajo periodístico del rotativo español indica que la FGR investiga a Beltrones, a su hija Sylvana Beltrones Sánchez, y a su esposa Sylvia Sánchez por presuntas irregularidades relacionadas con cuentas ocultas de ellas en un banco de Andorra. Otra persona indagada es un cercano al poderoso priista sonorense: Luis Alejandro Capdevielle, quien fue su suplente como Diputado federal en 2012.
“La Senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Sylvana Beltrones Sánchez, hija única del que fuera hasta 2016 presidente de la formación tricolor y una de las figuras más influyentes de la política mexicana, Manlio Fabio Beltrones, depositó en la Banca Privada d’Andorra (BPA) 10.4 millones de dólares entre 2009 y 2010″, destaca la nota firmada por José María Araujo.
El texto resalta que el ingreso de los recursos se registró cuando Beltrones Sánchez tenía apenas 26 años, “no ocupaba ningún cargo público y su padre era el poderoso coordinador de los priistas en el Senado”.
El reportero detalló que la Jueza Canòlich Mingorance imputó en julio de 2015 a la Senadora, a su madre y al expresidente del PRI el delito de blanqueo de capitales como parte de la causa conocida como Operación Sonora, por lo que se embargaron las cuentas.
El medio explicó que la investigación en Andorra se archivó en 2018 después de que la entonces la Procuraduría General de la República (PGR), en el sexenio de Enrique Peña Nieto, elaborara un informe de no ejercicio de la acción penal, pues argumentó que el delito fiscal ya había prescrito.
La indagatoria fue retomada ya por la FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, por presuntas irregularidades en la indagatoria.
“La nueva investigación consiste en determinar una vez más la licitud de los recursos depositados en Andorra. Y nos investigan a las mismas personas, a la familia Beltrones y a mí, por los mismos hechos. Se están violando derechos fundamentales. Este es un caso juzgado y resuelto. Todo quedó ya aclarado “, indicó Alejandro Capdevielle al medio.
Capdevielle, quien es indagado por un depósito de 10 millones de dólares y que presidió entre 2003 y 2007 la Asociación de Editores de Periódicos, Diarios y Revistas de la República Mexicana (AEDIRMEX), sostiene que el dinero procedía de la venta a Televisa de la marca de la publicación Aviso de ocasión.
Pero la Jueza acusaba que el pago era una supuesta comisión a Manlio Fabio Beltrones por la denominada Ley Televisa aprobada en 2006, con la que se profundizó el dominio de los concesionarios de radiodifusión sobre el espectro radioeléctrico, les permitió extender su actividad a los mercados de telecomunicaciones como la telefonía, Internet, radio y estableció como su órgano regulador a la COFETEL, la cual tiene un papel menor frente a las empresas.
“Es ridículo y falso que se pueda haber hecho. No teníamos mayoría en el Congreso. Además, he tenido momentos de fricción con las televisiones cuando reformamos la ley electoral y les quitamos el derecho de vender publicidad a los partidos. Aquella fue una reforma de gran calado que nos costó muy cara”, dijo el exdirigente priista consultado por el medio español.
Beltrones se mantiene en una especie de retiro luego de su fugaz paso al frente de la dirigencia nacional del PRI, en cuya gestión el declive en las preferencias electorales comenzó a ser evidente en medio de las acusaciones de corrupción a la gestión Peña Nieto y a los gobernadores de su partido.
A su vez, Sylvana Beltrones dijo a El País que abrió su cuenta en la BPA en 2009 para cobrar un dinero que le debía el editor tras la disolución de una tienda de artículos del hogar que gestionó con él en la Ciudad de México.
AUTOR: REDACCIÓN.
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