Este miércoles, con 118 votos a favor y 1 en contra -del legislador independiente Emilio Álvarez Icaza-, el Pleno aprobó en lo general y los artículos no reservados la Ley de la Fiscalía General de la República, así como reformas a diversas disposiciones de distintos ordenamientos legales.
En un adendum que fue acordado entre todas las fuerzas políticas de la Cámara Alta, en negociaciones con el fiscal general Alejandro Gertz Manero y la Secretaría de Gobernación, tras la presión de los colectivos y organizaciones de la sociedad civil, se logró mantener a la FGR en los mecanismos para la protección de derechos humanos.
Se trata del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas; la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas.
Además, se pactó la creación la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas para la investigación y persecución de los delitos del orden federal previstos en el Código Penal Federal, relativos a hechos de violencia contra las mujeres por su condición de género, y delitos de trata de personas.
“Había un debate por una malentendida y supuesta vulneración de la Fiscalía, por pertenecer a estos sistemas (…) Por supuesto que no se vulnera la autonomía de ningún órgano por permanecer en los sistemas nacionales de coordinación, porque los sistemas nacionales de coordinación derivan de leyes generales que distribuyen competencias, son esquemas de coordinación no de subordinación, y eso fue lo que aclaramos en la ley y por eso se logró el consenso”, dijo el senador Damián Zepeda del PAN al manifestarse a favor del dictamen.
Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano explicó que cuando se planteó la autonomía de la Fiscalía en la reforma constitucional fue para separarla de las instituciones de gobierno, para que tuviera independencia de presiones e injerencias indebidas, no para “liberarla de responsabilidades de Estado”.
“Mantener a la Fiscalía en la mayoría de los sistemas, juntas de gobierno, u órganos establecidos en las leyes, es lo mínimo aceptable en un país que apenas está intentado resolver enormes rezagos en la materia”, añadió.
Mientras que el senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, señaló que los acuerdos fueron producto del consenso tras un diálogo con el titular de la FGR.
“Agradecerle (al Fiscal), pues a pesar de que no era su función autorizar o flexibilizar, su posición, su sensibilidad, su flexibilidad y su atenta actitud. Estuve conversando con él en las últimas horas y logramos este consenso”, expresó Monreal durante su intervención.
En tanto, el senador sin grupo parlamentario Emilio Álvarez Icaza dijo que esta adenda es de la mayor importancia al tomar en cuenta a los colectivos, a las organizaciones y a las víctimas, pero lamentó que en el Senado quedaron a deber en materia de legitimidad pues los parlamentos abiertos están siendo cada vez más débiles.
“El Senado cada vez se está cerrando más para legislar de la mano de organizaciones de la sociedad civil y con expertos”, dijo Álvarez Icaza y recordó que hay organizaciones y colectivos que trabajan en temas de reparación, justicia restaurativa y transicional, que fueron muy poco considerados en la discusión de la ley orgánica de la Fiscalía.
Por último, reconoció al Movimiento Nacional de Nuestros Desaparecidos, y a los colectivos de víctimas que levantaron la voz para que la Fiscalía permaneciera en los distintos sistemas.
Luego de una fuerte controversia debido a que la iniciativa impulsada por el senador Monreal establecía que la FGR participaría en los sistemas de atención a víctimas como invitado, sin voto, bajo el argumento de que se vulneraba su autonomía e independencia al pertenecer a estos sistemas.
Otro de los temas que la oposición logró consensuar fue que se mantuviera el Consejo Ciudadano al interior de la Fiscalía, pues desaparecía del dictamen original, y la responsabilidad del Senado de la República de evaluar el plan estratégico de procuración de justicia.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NELDY SAN MARTÍN.
No hay comentarios:
Publicar un comentario