Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales registró un total de 560 conflictos socioambientales identificados en el país, de los que 173 son causados por esta actividad.
Las mineras canadienses con más conflictos son Metallica Resources Inc, Minefinders Corporation, Great Panther Minning Limited, Blackfire Exploration, Torex Gold Resources Inc, Alamos Gold Inc, Almaden Minerals y First Majestic Silver Corp.
La mayoría de estos conflictos están relacionados con despojos de tierras, violaciones laborales, asesinatos y afectaciones a los recursos naturales de las comunidades. El informe anual de Global Witness reporta 18 homicidios relacionados a conflictos socioambientales en México hasta 2019. Se destaca que la minería fue señalada como la actividad más letal.
De acuerdo al Sistema Integral sobre Economía Minera de la Secretaría de Economía, en el país hay un total de 242 empresas con proyectos mineros, de los cuales 160 corresponden a mineras canadienses. otro informe del Instituto Fraser indicó que el 74% de las concesiones para exploración minera son otorgadas a empresas de Canadá.
Y el reconocimiento es para…
A inicios de marzo la minera First Majestic fue reconocida por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Fundación Mexicana para la Sostenibilidad y la Equidad como empresa líder en Responsabilidad Social Corporativa por sus “prácticas éticas y de buen gobierno” así como su “dedicación al cuidado del medio ambiente” en las minas de San Dimas en Durango, La Encantada en Coahuila, y Santa Elena en Sonora.
Ante esto, la Red Mexicana de Afectadas/os por la Minería (Rema), a través de un comunicado, llamó a los responsables del Cemefi a no ser cómplices “del lavado de imagen de las mineras” y pidió que sus reconocimientos “al menos, sean más apegados a las realidades que vive la población de los pueblos en donde operan esas empresas”.
Esta empresa canadiense tiene una demanda contra gobierno mexicano, por medio de un arbitraje internacional intenta evitar pagar impuestos de hasta cuatro mil 919 millones de pesos, “no parece por ningún lado una práctica ética, menos aun de buen gobierno”, afirmó la Red.
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