Una semana después de los hechos, la fiscalía obtuvo 12 órdenes de aprehensión en contra de los probables incitadores del linchamiento, entre los que se encontraba el actual alcalde del mismo municipio, Joel Huazo Canales.
Sin embargo, a casi dos años y medio de este asesinato artero, el caso permanece totalmente impune debido a los errores y negligencias –definidas así por varios jueces que han revisado el caso – de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.
Entre esas anomalías destaca, por ejemplo, la liberación de 2 de los 3 únicos detenidos en el caso por falta de pruebas en las audiencias iniciales; las escasas acciones para dar con el resto de los inculpados o reunir más evidencia; la desaparición o posible fabricación del testigo clave de los hechos; la falta de apelación a fallos judiciales desfavorables; y la lentitud para trasladar la carpeta a una unidad especializada.
“En efecto, la investigación por parte de la Procuraduría respecto a la identificación de los probables responsables ha sido negligente, y no solo eso, sino también escasa, escueta y por demás ineficiente. No es posible que, a casi 3 años de los hechos, la fiscalía no haya podido sustentar una sola línea de investigación decente para esclarecer los hechos”, dijo Oscar Mora, abogado de las víctimas.
Desde finales del año pasado la familia del agente Alberto Vargas logró que una jueza federal les concediera un amparo que confirma la “pasividad” y “desinterés” de la Procuraduría para dar con los probables responsables, hecho que además revictimiza a los afectados pues impide conocer la verdad de lo ocurrido y que haya una reparación del daño. La jueza les ordenó a los fiscales agilizar las indagatorias.
Animal Político buscó directamente a la Procuraduría para conocer un posicionamiento en torno al avance en la investigación de este caso y los señalamientos hechos por los jueces, pero hasta la publicación de esta nota solo se indicó que por el sigilo de las indagatorias era complicado dar un comentario específico.
A continuación, se presentan los puntos clave de la investigación de la Fiscalía sobre un homicidio que le costó la vida a uno de sus propios funcionarios, quien además era Maestro en Derecho Penal, y cuyo crimen ocurrió un mes después de haberse comprometido.
El linchamiento: una policía rebasada
La mañana del 27 de septiembre de 2018, aproximadamente a las 9:30 horas, una patrulla de la policía municipal de Metepec recibió por radio una alerta: un grupo de vecinos muy molestos denunciaba que tres o cuatro hombres se encontraban “merodeando” una escuela con la supuesta intención de secuestrar a unos niños.
Al llegar al lugar los policías se encontraron con Alberto Vargas y tres personas que lo acompañaban. Vargas se identificó plenamente con su credencial de agente del MP e indicó que él y sus acompañantes habían parado en la localidad pues estaban buscando un mecánico. Pero ante la actitud cada vez más hostil de las personas en el sitio, los policías municipales le pidieron a Vargas y a sus acompañantes acompañarlos al cuartel de policía para resguardarlos.
Lo anterior fue insuficiente. Aproximadamente a las 11 de la mañana una turba de 100 a 300 personas ingresó a la propia comandancia de la policía y sustrajo de los separos (donde habían sido ingresados para su seguridad) a Vargas y sus acompañantes.
No había forma de que los policías contuvieron el ataque. El municipio cuenta con apenas 14 agentes, según declaro alguno de ellos, para dar seguridad a más de 13 mil personas. El día de los hechos estaban trabajando la mitad. Además, solo contaban con 4 patrullas, de las cuales dos estaban descompuestas.
Videos de los hechos muestran lo que ocurrió después. El agente del MP y sus acompañantes fueron golpeados en múltiples ocasiones en plena plaza central. En un momento los colgaron de cabeza de un poste y lo dejaron caer al suelo. A Vargas, además, lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego.
El linchamiento terminó solo hasta que un contingente de policías estatales con equipo antimotines llegó casi 45 minutos después… pero ya era tarde: Vargas ya estaba muerto y los otros tres hombres gravemente lesionados. Dos semanas después otro de los heridos, Miguel Ángel Hernández López, falleció a causa de las lesiones.
A partir de las declaraciones de policías que presenciaron los hechos y de un testigo que presenció los hechos, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo obtuvo de una jueza doce órdenes de aprehensión en contra de probables involucrados en el linchamiento, entre ellos Huazo Canales, quien desde el año pasado es el presidente municipal del mismo municipio.
Las audiencias fallidas: errores y negligencia
En los dos años y medio que han transcurrido desde el linchamiento, la Procuraduría estatal solo ha conseguido cumplimentar 3 de las 12 órdenes de aprehensión que solicitó en contra de los probables responsables. Y de los tres detenidos solo uno sigue preso, luego de que en los otros dos casos falló en presentar datos suficientes ante jueces de control para que los vinculara a proceso.
El primer detenido fue el hoy alcalde de Metepec, Joel Huazo Canales. Su audiencia inicial se realizó los días 23 y 28 de abril ante la jueza Miriam Verónica Alcocer Espinoza. La Procuraduría presentó como pruebas declaraciones de algunos policías que señalaban que esta persona estaba en el lugar y había participado en la agresión. Huazo, por su parte, declaró que sí estaba en el sitio pero que lo que hizo fue intentar ayudar a los heridos.
Tras revisar los datos la jueza decidió no procesar a Huazo. Consideró que los señalamientos eran demasiado generales y que no quedaba claro su rol en la agresión. Y aunque se presentó un video como prueba, en el mismo no se identifica bien al hoy alcalde.
La segunda liberación ocurrió este 2021. La detenida era Guadalupe Jarillo Sosa y fue presentada en audiencia inicial el 22 y 26 de enero. En su contra se presentaron los mismos testimonios levantados por los fiscales dos años antes, aunque ninguno de los policías la identifica claramente. El único que sí la señala directamente fue un vecino que desde esa fecha está ilocalizable.
La defensa de la detenida, por su parte, argumentó que Jarillo no estaba en el lugar el día de los hechos sino en una zapatería donde trabajaba, y subrayó la falta de nueva evidencia de los fiscales.
El juez a cargo de la audiencia, José de Jesús Vázquez Contreras, consideró que no había datos iniciales para abrir un proceso en contra de la detenida, pero fue mas allá: acusó a los fiscales de no haber investigado lo suficiente en más de dos años para reunir nueva evidencia en un caso tan relevante como el linchamiento de uno de sus propios funcionarios.
“No se ha hecho ninguna investigación al respecto, no se ha explorado la línea de investigación planteada. No se ha buscado al testigo que no aparece. Es claro que el Ministerio Público desde 2018 nada ha hecho para robustecer que Guadalupe es quien intervino (…) Ha obviado investigar… hay negligencia clara con la que el MP ha manejado este asunto que es por demás relevante”, advirtió el juez.
Aun cuando Huazo y Jarillo no fueron vinculadas a proceso, la Procuraduría estatal tenia la posibilidad de apelar dichas determinaciones o continuar con la indagatoria para presentar nueva evidencia en contra de los involucrados, pero nada de eso ha ocurrido.
El único detenido y vinculado a proceso es un sujeto de nombre Sergio Aguilar Gómez alias “Lagrimita”. Sin embargo, a 14 meses de que se realizara su audiencia inicial su proceso está atorado debido a un amparo indirecto que tramitó y falta por resolverse. No hay fecha para el arranque de su juicio.
Testigo clave perdido y ¿fabricado?
Entre los testimonios que la Fiscalía de Hidalgo reunió horas después del linchamiento hay uno que es clave: el del civil Miguel Ángel Hernández Roldán. Su importancia radica en que es el único que identifica a los doce implicados con nombres, apellidos y hasta seudónimos. Además, proporciona sus características físicas y detalla de que forma participaron en la agresión.
El problema es que desde esa declaración brindada la noche del 27 de septiembre dicho testigo – supuesto vecino de Metepec – no aparece. Ni la defensa, ni los abogados de las víctimas, ni los propios fiscales lo han encontrado. En la colonia Ignacio Zaragoza, donde supuestamente vive, nadie lo ubica.
No existe un Certificado Único de Registro de Población (CURP), un acta de nacimiento, una credencial del INE, o algún registro oficial que de cuenta de su existencia. Documentos en poder de este medio confirman estos hechos.
El policía ministerial que recabó la declaración de dicho testigo, Jorge Harneth Sánchez Martínez, tampoco sabe donde ubicar a la persona que supuestamente entrevistó. Dicho policía fue cambiado de adscripción luego de esta investigación.
Los abogados de Alberto Vargas dijeron que ellos no están seguros de que esta persona realmente exista y acusan a la Procuraduría de tratar de encubrir este hecho.
“Hemos realizado búsquedas en registros nacionales y no hay dato alguno de su existencia. Cuando confrontamos a las autoridades de la fiscalía respecto a esta situación, nos comentaron que no nos preocupáramos, que ellos se enfocarían en procedimientos abreviados para evitar correr riesgos en juicio. Esto nos da a entender que ellos (directivos) ya sabían de la inexistencia del testigo y lo están tratando de encubrir”, dijo el abogado Oscar Mora.
Dos años y medio de impunidad… y contando
El próximo 27 de marzo se cumplirán exactamente dos años y medio del linchamiento en el que murieron Alberto Vargas y Miguel Ángel Hernández. El caso permanece hasta ahora impune pues no hay nadie sentenciado por estos hechos, y solo hay una persona procesada de la turba de 300 que participaron en la agresión.
El 13 de noviembre de 2020 la jueza federal Bertha Patricia Orozco Hernández le concedió un amparo a la familia de Alberto Vargas tras considerar que la Procuraduría ha sido “omisa” en investigar el caso a fondo para dar con el resto de los probables responsables.
“Sin lugar a duda hay evidencia de una actitud pasiva de las autoridades responsables, las cuales se encuentran obligadas legalmente a dar cumplimiento a los mandamientos judiciales, demostrándose con ello el desinterés en cumplir las funciones que tienen encomendadas, lo cual vulnera los derechos constitucionales de la víctima”, indica la sentencia de la jueza.
Luego de este amparo y del nuevo fracaso al intentar vincular a proceso a uno de los detenidos en enero pasado, la Fiscalía decidió turnar la carpeta de investigación a su unidad de casos de alto impacto. Sin embargo, hasta el pasado 4 de marzo la carpeta aun no llegaba a esa unidad, y según los abogados de las víctimas, llevaba más de un mes ilocalizable.
Oscar Mora explica que, desde el lado de la representación jurídica de los afectados, y ante la pasividad del Ministerio Público para indagar y fortalecer la línea de investigación con la que cuentan o abrir una nueva, ellos han intentado aportar nuevos elementos a la indagatoria, pero la Fiscalía tampoco los ha aceptado.
El pasado 9 de marzo la familia formalizó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo.
-¿A qué le atribuyen ustedes que la Procuraduría de Hidalgo no haya conseguido resolver un crimen de tan alto impacto como el linchamiento de uno de sus propios agentes?, se le pregunta al abogado de las víctimas.
– A una completa incapacidad por parte del titular para esclarecer un hecho de esta magnitud y a la falta de capacitación por parte de los agentes del Ministerio Público para argumentar adecuadamente a fin de sostener su propia teoría del caso. No es el primer linchamiento que queda impune en los últimos años – respondió el asesor legal.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
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