Las organizaciones denunciaron que actualmente se registran 73 proyectos mineros al interior de territorios de resguardo en México, en oposición al objetivo prioritario de preservarlos, de acuerdo con datos del Servicio Geológico Mexicano (SGM).
Además, indicaron que la Secretaría de Economía ha otorgado concesiones mineras en 2.39 millones de hectáreas “protegidas”, una superficie que equivale a la del estado de México.
Las organizaciones, entre las que se encuentran Fundar y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), agregaron que también es «fundamental descartar de una vez por todas el mito de ‘la minería sustentable’, dado que no existe, como lo han demostrado diversos especialistas en la materia, en México y en otros países».
Frente a ello, urgió a las autoridades a implementar medidas o acciones preventivas y de mitigación de los impactos ambientales que las actividades mineras provocan a perpetuidad.
El comunicado completo:
La iniciativa para prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos y/o minerales en las Áreas Naturales Protegidas (ANP), así como el establecimiento de asentamientos humanos, aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 3 de marzo, representa un gran avance para obtener una protección real y sustantiva de estos territorios. Sin embargo, urge que las senadoras y los senadores voten a favor de dicho proyecto en beneficio de los ecosistemas y del interés público, frente a los intereses privados de las grandes corporaciones mineras y petroleras, tanto nacionales como extranjeras.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil saludamos que las legisladoras y legisladores hayan escuchado la voz de especialistas y se sumen a las miles de personas que han firmado una petición en línea para exigir el cese de actividades mineras en las ANP. Ante este paso que dio la Cámara de Diputados, con una abrumadora mayoría de 407 votos a favor, hacemos un llamado urgente para que las comisiones responsables dictaminen a favor esta iniciativa y, con ello, fortalezcan la creación de leyes para preservar los refugios naturales de nuestro país, para garantizar nuestro derecho a un ambiente sano establecido en el artículo 4 de la Constitución.
De acuerdo con datos del Servicio Geológico Mexicano (SGM), a la fecha existen 73 proyectos mineros al interior de ANP (federales, estatales y municipales), incluso en sitios emblemáticos como el primer Parque Nacional Los Mármoles, la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca y la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda de Guanajuato, entre otras. Además, la Secretaría de Economía ha otorgado concesiones mineras en 2.39 millones de hectáreas supuestamente “protegidas”, una superficie que equivale a la del estado de México.
Es importante subrayar que en las ANP se garantiza la conservación de cientos de especies en riesgo que son amenazadas por la caza o para usarse con fines ornamentales, además dichas áreas son territorio fundamental para la provisión de servicios ecosistémicos de nutrientes, soporte y regulación (hidrológica, climática, suelo, etc.). Asimismo, las ANP resguardan entornos naturales fundamentales para la cultura y la identidad nacional, principalmente de los pueblos originarios que son los que generalmente allí habitan. Además, estas áreas proporcionan un campo propicio para la investigación científica enfocada en la regulación ambiental. Sin embargo, las ANP tienen al enemigo en casa, pues las leyes vigentes permiten que se instalen minas dentro de ellas.
Con la iniciativa se busca impedir una afectación mayor provocada por la actividad extractiva de gran escala que ha impactado severamente el derecho a la salud, al agua y a la alimentación de la poblaciones, especialmente por el alto consumo de agua y la destrucción irreversible de grandes espacios territoriales para obtener recursos minerales a bajo costo. Al mismo tiempo, la medida favorece que pueda preservar el manejo de las reservas con las que cuentan conforme a sus propias modos de vida y desarrollo.
Por otro lado, no existen medidas o acciones preventivas y de mitigación de los impactos ambientales que las actividades mineras provocan a perpetuidad. Es fundamental descartar de una vez por todas el mito de ‘la minería sustentable’ dado que no existe, como lo han demostrado diversos especialistas en la materia, en México y en otros países. De hecho, organizaciones internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) han mencionado que esta actividad representa un alto riesgo socioambiental en el corto y largo plazo, por la falta de capacidad para evitar filtraciones químicas, de vapores y otros elementos tanto al subsuelo como al mismo aire que respiramos.
El Senado debe velar por el interés público y votar a favor de esta reforma al artículo 46 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) que prohíbe las actividades mineras dentro de las ANP. Además, instamos al Senado a abrir la discusión sobre la necesidad de realizar cambios profundos en la actual Ley Minera, con el fin de contar con una legislación que ponga en el centro el bienestar colectivo y los derechos humanos y no los intereses del sector privado.
Desde la sociedad civil colaboraremos con el Senado para instarlo a la aprobación inmediata de la iniciativa, recordándoles que ya cuenta con el amplio aval de la ciudadanía representada por las y los legisladores en la Cámara de Diputados.
AUTOR: REDACCIÓN.
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