En la respuesta a una solicitud de transparencia formulada por Animal Político, la institución que dirige Alejandro Gertz Manero, argumentó que el documento está todavía en fase de elaboración, por lo que “su difusión importa el riesgo de interrumpir, menoscabar o inhibir el diseño de la herramienta en cuestión, situación que puede influir en la implementación de las acciones de política pública a desarrollar para el cumplimiento de Ley General de Desaparición Forzada de Personas, en específico en cuanto a la identificación forense de personas que aún son buscadas por sus familiares”.
Según la citada ley, la FGR forma parte del Sistema Nacional de Búsqueda junto a la Comisión Nacional de Búsqueda, las comisiones estatales, las fiscalías estatales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el consejo ciudadano. Sin embargo, la reforma promovida por Gertz Manero y la mayoría de Morena en el legislativo prevé que la institución abandone diversos organismos de control y defensa de los Derechos Humanos como el Mecanismo de Protección de Defensores y Periodistas, el Mecanismo contra la Tortura y el Sistema Nacional de Búsqueda. Es decir, que el argumento de la fiscalía es proteger las políticas públicas de un espacio institucional que quiere abandonar.
La marcha de la FGR del Sistema Nacional de Búsqueda es uno de los puntos incluidos en la reforma de la Ley de Fiscalía General del Estado que se aprobó el lunes en comisiones del Senado y que está previsto que se debata este jueves en el pleno. Esta iniciativa generó las protestas de colectivos de familiares de desaparecidos y de representantes institucionales como Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
¿Qué dice el análisis y por qué no lo hace público?
La violencia desatada en México desde que Felipe Calderón declaró la llamada “guerra contra el narcotráfico” en 2006 tiene múltiples rostros. Se calcula que son cerca de 300 mil víctimas mortales, más de 84 mil desaparecidos y cerca de 40 mil cuerpos que no han sido identificados.
El análisis de la crisis forense era el paso previo para la puesta en marcha de políticas públicas de identificación y entrega de los restos a sus familiares. El documento debería abordar la capacidad para mantener los cuerpos en buenas condiciones o la existencia de bases de datos que permitan cotejar el ADN con los familiares de desaparecidos, que son algunos de los problemas denunciados por los afectados.
“A partir de abril de 2019, se inició la integración del Análisis de la Capacidades de los Servicios Médicos Forenses del País, documento que continúa en proceso de elaboración y del cual dependerá la toma de decisiones, políticas públicas y procedimientos a llevar a cabo por los integrantes del SNBP, de la FGR y de la CNB”, dice la FGR.
“En los documentos que se han recopilado constan opiniones, recomendaciones y puntos de vista de los servidores públicos que participaron en esos procesos. La herramienta a la que se hace referencia se encuentra en fase de elaboración, lo que implica la posibilidad de complementación, modificación o eliminación de aspectos o precisiones que al efecto pudieran ser procedentes, para mayor garantía de su eficacia”, asegura.
Desde el inicio del proceso existe una fuerte opacidad por parte de la FGR, que se niega a entregar los resultados del estudio.
“Conllevaría un riesgo real en la dinámica del proceso deliberativo; ya que significaría hacer de conocimiento público, todos aquellos documentos que aún se encuentran en procesos de análisis, sistematización y que incluso están siendo actualizados; toda vez que dicho documento es uno de los elementos necesarios para la creación de políticas públicas que mandata la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, relacionadas con el fenómeno de la desaparición forzada de personas, las cuales aún requieren de consolidación”, dice la FGR en su respuesta.
Añade que “acceder a la entrega de los insumos solicitados afectaría directamente a las víctimas de esos delitos”.
El INAI ya pidió a la CNB hacer públicos los datos
La transparencia y la posibilidad de acceso a la información es una reivindicación que los distintos colectivos de familias de desaparecidos siempre han mantenido. Durante los últimos dos años, sus representantes en el consejo ciudadano tenían la posibilidad de compartir mesa con la FGR en el Sistema Nacional de Búsqueda, pero la reforma que se tramita en el Senado permitirá que la institución eluda este espacio de control.
Esta no es la única institución a la que se le solicitaron estos datos por transparencia. Se da la circunstancia de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ya instruyó a la CNB a hacer público el estudio sobre los Servicios Médicos Forenses (Semefo) y los servicios periciales.
En un comunicado emitido en diciembre de 2020, el órgano garante llamó la atención sobre el diagnóstico que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador realiza sobre la situación forense. “Dijeron que la situación de los Semefos es prácticamente penosa, paupérrima, miserable, tremenda, en pocas palabras, y ¿por qué? Pues por muchos factores que no son solamente culpa del pasado, sino son culpa del tiempo y de la distancia y que ya este gobierno recibió así, pero también así siguen las cosas”, dijo en el comunicado el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
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