La víspera fue capturada una de las colaboradoras del priista, identificada como Adriana “N”, internada en el Centro Femenil de Santa Martha.
Así lo informó la fiscal Ernestina Godoy, quien sostuvo que el pasado martes 9 elementos de la Policía de Investigación (PDI) concretaron cuatro órdenes de cateo en diversos inmuebles de las alcaldías Gustavo A. Madero y Tlalpan, posiblemente vinculados con dichas personas, para obtener indicios que se integren a la indagatoria correspondiente.
Luego de darse a conocer, ese día, que un juez de control ordenó la aprehensión del exlíder del PRI capitalino y sus ayudantes Sandra Esther Vaca Cortés, Roberto Zamorano Pineda, Claudia Priscila Martínez González y Adriana Rodríguez Regalado, acusados de los delitos de trata de personas en la modalidad de explotación sexual agravada en grado de tentativa, publicidad engañosa y asociación delictuosa, este jueves Godoy Ramos puntualizó:
“La Fiscalía pidió a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la Fiscalía General de la República (FGR) la emisión de fichas rojas para la búsqueda, localización y aprehensión” del exdiputado local y sus ayudantes.
En un video mensaje, la funcionaria local confirmó que la FGJ también solicitó la emisión de una Alerta ante el Instituto Nacional de Migración (INM), así como el congelamiento de las cuentas bancarias de dichas personas, ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que dirige Santiago Nieto.
Sin permitir preguntas de la prensa, añadió que elementos de la PDI cumplieron ayer una orden de aprehensión contra una mujer identificada como "Adriana". Ella –dijo-- “formó parte de las colaboradoras y subalternas del exlíder partidista que publicaban anuncios de ofertas de trabajo en periódicos y portales de internet, y reclutaban a mujeres para inducirlas a ofrecer servicios sexuales a su jefe”.
La entonces empleada del Revolucionario Institucional fue trasladada al Centro Femenil Santa Martha Acatitla, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que la requirió y en las próximas horas determinará su situación legal.
“Escondieron indagatoria para prescribir”
Godoy destacó que estos resultados se deben a la actuación “profesional, objetiva y apegada a la ley” del personal de la Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas, al realizar la investigación e integración de la indagatoria entregada al juez.
La fiscal recordó que el 11 de septiembre de 2020 ordenó ampliar las diligencias “para perfeccionar la investigación con el objetivo de encontrar la verdad y la justicia, ya que en su momento se pretendió ocultar la indagatoria para que con el tiempo prescribiera”.
La entonces Procuraduría –dirigida por Rodolfo Ríos-- “falló en su obligación de garantizar acceso expedito a la justicia a las víctimas, y en algunas de sus actuaciones estaban posibilitando que los delitos quedaran impunes”.
De igual manera, comentó que se hicieron diligencias y pruebas periciales “que no se habían hecho y que eran cruciales” para que el Ministerio Público determinara la existencia o no del delito y en consecuencia la responsabilidad penal de las personas imputadas.
Así, se realizaron más de 40 diligencias, entre análisis de declaraciones, tanto de testigos como de probables víctimas; informes de criminalística; dictámenes de informática, audio y video; y expedientes laborales de los probables responsables, con apoyo de peritos de la FGR.
Con ese trabajo realizado por personal de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas, presidida por Laura Borbolla --presente en el video mensaje--, el pasado 24 de febrero se logró la dictaminación del ejercicio de la acción penal contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y de otras cuatro personas, y el 2 de marzo el juez de control emitió la orden de aprehensión.
Según Godoy, la FGJ “ha activado todos los mecanismos legales de búsqueda para presentarlas ante el juez correspondiente. Y no habrá lugar seguro ni tiempo para sustraerse de la acción de la justicia”.
Luego pidió ayuda a otras víctimas de los acusados para acercarse a la Fiscalía a dar información.
“No se fabrican culpables, pero tampoco se realizan exoneraciones a modo. La relevancia política o social de las personas sujetas a una investigación penal no determina su inocencia o culpabilidad en los hechos que se le imputen. Son las pruebas y nada más las pruebas. Es la evidencia la que soporta nuestra acusación, así como un trabajo profesional que en su momento pudo hacerse y no se realizó”, remató.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
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