El litigante agregó que la FGR giró un citatorio a su cliente, por lo que García Cabeza de Vaca compareció el pasado 22 de marzo en las instalaciones de la propia Fiscalía. De esta manera, el gobernador de Tamaulipas se enteró que su situación jurídica es la de indiciado, por lo que su defensa se declaró lista para demostrar su inocencia.
El abogado Alonso Aguilar explicó que el juicio de amparo promovido por la defensa del gobernador de Tamaulipas está relacionado con el acceso a la carpeta de investigación, misma a la que ya tuvieron acceso.
“En relación con la información difundida, referente a un juicio de amparo promovido para acceder a la carpeta de investigación que se sigue en contra del gobernador Francisco J. García Cabeza de Vaca, esta defensa informa a la opinión pública, que atendiendo a un citatorio de la FGR, acudieron el día de ayer, 22 de marzo de 2021, personalmente a conocer dicha carpeta y todas las constancias que en ella obran. Por tanto, el gobernador y su defensa procederán a demostrar su inocencia”, señaló el litigante.
Por otra parte, la Jueza Décimo Segundo de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México, Rosa María Cervantes Mejía, negó de manera provisional la posibilidad de ordenar a la FGR que suspenda la acción penal contra el mandatario tamaulipeco, por considerar que se trata de una medida cautelar que se anticipaba a la calidad jurídica de García Cabeza de Vaca.
Sin embargo, esta suspensión no exime a la Fiscalía de esperar al resultado del proceso de desafuero que se le sigue al gobernador de Tamaulipas, ya que sólo podría ejercer acción penal en su contra en caso de que la Cámara de Diputados apruebe el juicio de procedencia en contra del mandatario panista.
“Conceder la suspensión pedida para el efecto solicitado sin tener la certeza que el promovente de amparo tiene el carácter de imputado en la carpeta de mérito, puede implicar una violación a disposiciones de orden público, como son la secrecía de la investigación y los registros que obran en la indagatoria, los cuales deben permanecer en resguardo como lo dispone el primer párrafo del artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, señala un extracto de la resolución.
La impartidora de justicia agregó que frenar la acción penal en este caso, podría afectar el interés social, por lo que resolvió negar la suspensión solicitada por la defensa.
“En consecuencia, con fundamento en los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, ante el eventual riesgo de que se cause perjuicio al interés social y se contravengan disposiciones de orden público, se reitera que no ha lugar a conceder la suspensión provisional para los efectos que pretende el impetrante”, sentenció.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO.
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