Para el director de incidencia de la IBERO, Ing. Pablo Reyna, este proyecto representa una postura ético-política para comprender y dar seguimiento a la expansión del extractivismo en México y entender la manera en la que éstos entran en conflicto con las personas en distintos territorios del país.
“Estos extractivismos en toda la región latinoamericana son un modelo de desarrollo basado en la sobreexplotación de bienes naturales, del agua, de la tierra, del aire y los mares. Este tipo de modelo de desarrollo se caracteriza por ocupar de manera intensiva los territorios y acaparar las tierras”, señaló Reyna.
El Observatorio de Conflictos Socioambientales identificó, a través de una investigación hemerográfica realizada del 1 de enero de 2017 al 30 de marzo de 2020, la existencia de 596 proyectos extractivos en México con implicaciones multifactoriales y profundas como afectaciones ecológicas y sociales, así como el ejercicio de violencias y violaciones de derechos humanos, no sólo en las comunidades y pueblos donde se establecen, sino en amplias zonas de influencia.
Asimismo, alrededor de 469 de estos megaproyectos han generado alguna acción colectiva de rechazo, entre las que se encontraron protestas, posicionamientos y denuncias públicas, asambleas, procedimientos legales, entre otras.
De acuerdo con los datos del OCSA, en al menos 27 conflictos socioambientales se han identificado asesinatos de personas defensoras del territorio. Entre estos, uno de los más emblemáticos es Samir Flores, opositor al Proyecto Integral Morelos; también Isidro Baldenegro, defensor de los bosques en Chihuahua, y Mariano Abarca, opositor a la mina Blackfire, en Chiapas. Entre las violencias ejercidas para implantar proyectos hay desaparición forzada, como el caso de la defensora Irma Galindo, en Oaxaca, o Sergio Rivera, en Puebla
Pablo Reyna añadió que, desde la perspectiva del Observatorio de Conflictos Socioambientales, se identificó que América Latina y México, en particular, son epicentro de donde emergen muchos proyectos extractivos que, al aumentar estas fronteras, también incrementan las violaciones a los derechos humanos, el daño al medio ambiente y el debilitamiento de la democracia.
“Queremos mostrar que la expansión extractiva entra en conflicto con los movimientos de defensa del medio ambiente, de la justicia ambiental, con las comunidades indígenas y campesinas que están en defensa de la tierra y del territorio, con movimientos ecofeministas, así como gran diversidad de actores”, dijo el académico.
Añadió que ha sido del interés del equipo del OCSA tratar de comprender y sistematizar estas tensiones y diferencias que se generan entre los megaproyectos y su expansión en la lucha que tienen con las personas que habitan en sus lugares, que son conflictos generados por el uso, acceso, control y apropiación de bienes comunes y naturales en los territorios. Esta disputa es la que entendemos por conflictividad socioambiental.
Por su parte, Fernanda Paz, investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM, destacó la pertinencia de este observatorio en un entorno de aumento y profundización del extractivismo como política nacional en los países de América Latina. También reconoció el aporte del observatorio para ubicar las formas en que se resiste y se defiende la vida, ubicar los procesos de acción colectiva y defensa contra el avance del capital.
Luchas territoriales no están en un momento sencillo
Santiago Aguirre, director del Centro ProDH, señaló que las luchas territoriales no están en un momento sencillo en México, pues ha llegado al poder una opción política que, al menos teóricamente, tendría que tener mayores afinidades con las luchas, pero éstas se están presentando solamente en el discurso. En algunos casos sí en acciones concretas, pero en otros están resultando en animadversiones como en el caso del Tren Maya o la Propuesta del Tren Transístmico.
“Esto genera un momento de mucha contradicción; por eso, es importante no dejar de insistir desde el conocimiento universitario, el cual puede compilar un observatorio como éste, más allá de las contradicciones del momento y retóricas. Mientras no cambie el andamiaje legal que se originó en los treinta años pasados para facilitar el despojo, las condiciones en la realidad estarán dadas para continuar el despojo en los años que siguen”, dijo Aguirre.
Añadió que no podemos darnos por satisfechos con cambios discursivos cuando el andamiaje legal que facilita el despojo no ha sido modificado. Recordó la Ley Minera que sigue privilegiando la explotación de los recursos naturales sin mecanismos adecuados de consulta y respeto a la libre determinación de comunidades indígenas y campesinas; así como la Ley de Aguas Nacionales que no ha sido dictaminada.
“Todo ese andamiaje que se generó no ha sido tocado, y mientras subsista el despojo será relativamente sencillo en México y hay que apostarle a que ese marco legal cambie. Por eso, observatorios como éste pueden nutrir procesos de incidencia importantes y necesarios en el país”, refirió.
Claudia Bucio, colaboradora del Programa Universitario para la Sustentabilidad (PUS) de la IBERO e integrante del equipo de trabajo del OCSA, explicó que el observatorio es una plataforma digital que, a través de un mapa interactivo y un archivo de prensa, permite la búsqueda y localización de megaproyectos extractivos a nivel nacional.
El OCSA se conforma de tres grandes herramientas: un mapa interactivo, una base de datos y un archivo con las notas periodísticas que se utilizaron como fuente de información.
AUTOR: VALENTINA GONZÁLEZ.
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