Recibieron casi 300 impactos de bala, aunque en la zona se encontraron más de 450 casquillos, ya que los guardias de seguridad también se defendieron. Han transcurrido seis meses y no hay detenidos ni una sola línea de investigación sobre quiénes pudieron ser los responsables.
Este no es el único ataque sufrido por personal de Pemex. A lo largo de 2020 se registraron 81 agresiones, según datos obtenidos por Animal Político a través de solicitud de acceso a la información. Esto hace una media de un ataque cada cuatro días. Tabasco fue el estado que concentró más agresiones, un total de 22, seguido de Hidalgo (11), Puebla (8) y Tamaulipas (8). Querétaro se encuentra en el medio de la lista, con 7 ataques registrados. Sin embargo, la emboscada que mató a Pacheco Malagón y sus compañeros fue el atentado más mortífero de todos.
El combate al robo combustible fue una de las primeras apuestas estratégicas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que asegura haber logrado una fuerte disminución de este delito.
“Para mí lo más extraño es que no hay una línea de investigación. No hay un grupo señalado. Se me hace muy ilógico, a estas alturas tendríamos que saber quién ordeno el ataque”, dice Elena Pacheco Malagón, hermana de la víctima. Ella es la que está llevando el peso de sacar adelante la denuncia. Desde ocurrieron los hechos, la mujer presiona para que la Fiscalía General de la República (FGR) y Pemex aclaren lo sucedido. Dice que no quiere saber nada de indemnizaciones, que no es lo que le preocupa. Que su único objetivo es conocer la verdad sobre el asesinato de su hermano.
“Pareciera que no lo quieran investigar. Y yo me siento nadando a contracorriente”, explica.
Cuenta Pacheco Malagón que su hermano, que estaba casado y tenía dos hijos, entró en el Heroico Colegio Militar cuando tenía 17 años y que pasó la mayor parte de su vida vinculado al ejército, hasta que lo abandonó con rango de capitán. Incluso participó en operativos contra el crimen organizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la década de los 90 del siglo pasado, antes de que Felipe Calderón declarase la llamada “guerra al narcotráfico”. Al final colgó el uniforme, pero tenía necesidades económicas. Así que, como muchos compañeros de armas, dedicó los últimos ocho años a trabajar en Pemex, haciéndose cargo de la seguridad de diversas infraestructuras. Pasó por Zacatecas, Tabasco y Veracruz hasta que lo destinaron a Querétaro, más cerca de su ciudad natal Corregidora. Allí se encontraba como líder de un grupo de vigilancia hasta el fatídico 13 de agosto, cuando fue emboscado.
Aquella noche los agentes de seguridad venían de buen humor, bromeando entre ellos, según viene registrado en la transcripción de sus conversaciones incluida en la carpeta de investigación FED/QRO/SJR/0001735/2020. Cuenta Pacheco Malagón, que es la única que ha podido leerla, que incluso alguien hacía una referencia a qué harían si les atacaban, ya que se habían registrado agresiones en esa zona.
A las 22:46 horas ese presagio se cumplió. Los disparon llegaron desde cuatro flancos y apenas les dio tiempo a reaccionar. Es decir, que fue un ataque bien coordinado. Durante varios minutos, dice Pacheco Malagón, hubo disparos. Y, lo que sorprende a la hermana de la víctima, nadie apareció para socorrer a los empleados de Pemex. Es cierto que todos ellos estaban armados y tenían formación militar, pero no bastó para repeler el ataque: cuando llegaron los agentes de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) los cuatro estaban muertos y les habían arrebatado sus armas.
A partir de aquí se abre un espacio oscuro sin detenidos y sin pistas que seguir. No se localizaron los vehículos que transportaban a los atacantes ni tampoco se encontró a sus ocupantes. No se giraron órdenes de aprensión ni se señaló a grupo alguno. Sabemos que esta es una zona huachicolera porque hasta Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, reconoció en febrero que esta práctica se había generalizado en el área. Lo que no se ha hecho público es qué grupos pueden operar en el sector y cuál es su estructura o quiénes pueden ser sus líderes. Para Pacheco Malagón estas podrían ser las personas que estén detrás del asesinato de su hermano y sus compañeros.
Desde que tuvo lugar el ataque la mujer ha sufrido una larga travesía de despacho en despacho. En la FGR abrieron una carpeta de investigación, pero no hay avances. Incluso cambiaron hasta en cuatro ocasiones de fiscal a cargo, para regresar a la funcionaria que tomó el caso por primera vez. Además, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) también ofrece asesoramiento, hasta el momento sin muchos resultados.
Dice Pacheco Malagón que sería clave obtener los videos que debían haberse grabado desde la camioneta en la que viajaba su hermano. Sin embargo, estas solo alcanzan hasta las 22:45, un minuto antes de que, supuestamente, se iniciase el ataque. “La tarjeta no está dañada así que esa información debería estar”, se queja. En la carpeta únicamente están impresas las fotografías de los agentes y la transcripción de su plática, aquella en la que bromean sobre la posibilidad de que les disparen.
La hermana de la víctima insiste en reclamar el video y recuerda que en investigaciones como la que dio lugar a la recomendación 2020 37VG de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) sobre el asesinato de varias personas en Puebla se recoge que los vehículos de Pemex van equipados con dispositivo de grabación. En este caso, sin embargo, el video desaparece misteriosamente justo antes de iniciarse la balacera.
Hasta el momento la única prueba pericial que se realizó con éxito fue la prueba de pólvora practicada a su José Guadalupe. Esta determinó que disparó con ambas manos antes de que 19 impactos de bala lo matasen. “Muestra qué desesperación tuvo que sentir”, dice su hermana.
Se queja la mujer de que Pemex tampoco está facilitando la investigación. Que la FGR pidió, por ejemplo, el expediente de su hermano y que la empresa petrolera se negó a entregarlo. Animal Político pidió un comentario a la petrolera, pero al cierre de la edición no había recibido respuesta.
Pacheco Malagón, siguiendo su investigación, solicitó a través de transparencia detalles sobre aquella noche tanto a Pemex como a la FGR. Ambas instituciones clasificaron la información alegando que se trata de una investigación en curso. Al menos, la semana pasada pudo ver la carpeta de investigación y constató que los avances eran exiguos.
El ataque genera sospechas en la hermana del militar. Dice que alguien tuvo que avisar del recorrido que haría el vehículo de vigilancia, que el atentado estuvo demasiado bien preparado. “¿Cómo un grupo criminal puede moverse a una zona estratégica y ponerse en cuatro flacos si no sabían por dónde iban a pasar?”, se pregunta. Además, se queja de que a día de hoy no haya una sola línea de investigación. Dice que Cazadero, la zona en la que se registró el asesinato, es un pequeño poblado de apenas mil 500 habitantes y alguien debe saber qué ocurrió. Aunque entiende el miedo, debido al control de los grupos dedicados al huachicol. Ella misma ha recibido presiones y amenazas. Por un lado, quienes le recomiendan que deje de buscar culpables porque podría ponerse ella misma en peligro. Por otro, las voces oficiales que le dicen que seguir con la investigación podría perjudicar a sus familiares ya que les podría dificultar el acceso a las indemnizaciones a cargo de Pemex.
A pesar de las dificultades, dice Pacheco Malagón que no va a dejar de exigir justicia para su hermano. “No fue un enfrentamiento, lo emboscaron”, afirma. Y está dispuesta a que el crimen no quede impune.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
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