La presentación de Zebadúa en el juicio para ser interrogado por las partes fue hecha por la propia defensa de la exfuncionaria federal y forma parte de las pruebas y testigos que se están presentando en la audiencia intermedia del proceso, la cual inició el pasado viernes y se reanudará esta tarde.
De acuerdo con fuentes judiciales, la Fiscalía General de la República (FGR) intentó frenar la orden de citar a Zebadúa bajo el argumento de que la defensa no estaba proporcionando un domicilio en el que pudiera ser localizado.
Sin embargo, la defensa puso sobre la mesa que Zebadúa está trabajando la obtención de un criterio de oportunidad con la FGR (con la finalidad de no ser procesado por el mismo caso) y que es la propia Fiscalía la que conoce el sitio donde el exfuncionario puede ser localizado.
Tras escuchar los argumentos el juez Villar Ceballos consideró que era procedente ordenar la comparecencia de Zebadúa como testigo en el juicio debido a su rol clave en los posibles desvíos. Se trata de una comparecencia obligatoria y que si el exoficial Mayor no atiende podría dar paso a multas u órdenes de arresto.
Otros testigos que el juez ha aceptado que comparezcan en el juicio son el extitular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) Juan Manuel Portal, y la exdirectora de Auditoría Forense, Muna Dora Buchaín. Ambos forman parte de la lista de 53 testigos presentados por la FGR.
La defensa encabezada por el abogado Epigmenio Mendieta ha pedido, por su parte, que también comparezca como testigo el exoficial Mayor de la Sedesol durante la gestión de José Antonio Meade al frente de esa dependencia, con la finalidad de que explique qué hicieron ellos para atender las observaciones de la ASF en Sedesol luego de que Robles dejara el cargo. También han solicitado que comparezca el actual titular de la ASF, David Colmenares. Ambas peticiones se resolverán hoy al retomarse la audiencia intermedia.
“Lo que puedo comentar es que, a diferencia de nosotros, la Fiscalía ha intentado que muchos de los testigos que estamos presentando no sean citados al juicio. Es como si quisieran que Rosario no se pudiera defender. Esto resulta bastante inusual pero el juez nos ha dado la razón hasta ahora”, dijo Mendieta.
En cuanto a las pruebas documentales, el juez aceptó que en el juicio se presenten todos los convenios que en su momento firmó la Sedesol y la Sedatu con instituciones públicas y que dieron pie al posible desvío de recursos. Se trata de más de 20 instrumentos de este tipo junto con los informes de las auditorías en donde se identificaron las irregularidades.
Lo que el juez no admitió como prueba son los expedientes de otros procesos penales que la FGR ha iniciado en contra de más exfuncionarios de las referidas dependencias de menor rango. Ello ya que el juzgador consideró que se trata de casos que siguen en curso y donde no existe una sentencia en firme, por lo que no se ha confirmado que se haya cometido un delito.
Lo que sigue: la reparación del daño
Este lunes a las 13 horas se reanudará, en el Reclusorio Preventivo Sur, la audiencia intermedia del proceso contra Rosario Robles luego del receso que se ordenó la noche del pasado sábado. La audiencia se realiza a puerta cerrada debido a las restricciones sanitarias ordenadas por el Consejo de la Judicatura Federal.
Entre lo que se encuentra pendiente es terminar la depuración de las pruebas que la defensa pretende llevar al juicio.
Concluido el punto anterior se deberá abordar el tema de la reparación del daño. La FGR considera que Robles debe devolver más de cinco mil millones de pesos que fueron desviados como resultado de las presuntas omisiones. La defensa, por su parte, considera que esa petición es improcedente dado que no se acusa de haberse quedado o enriquecido con ese dinero y a que ella simplemente no lo tiene.
El papel del juez Villar Ceballos será determinar si es legal o no la pretensión de la Fiscalía. Si decide que es procedente la mantendrá para que sea abordada llegado el momento del juicio.
La audiencia intermedia debería concluir con la emisión de un auto de apertura de juicio oral para que solo quede pendiente la fecha de arranque de este. Sin embargo, esto no será posible debido a que la defensa cuenta con una suspensión definitiva como parte de un proceso de amparo que impide, por ahora, el arranque del referido juicio.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
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