“Quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros es un traidor a la patria”, sentenció el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 11 de febrero, luego de que empresas canadienses chinas y británicas han anunciado inversiones millonarias para proyectos del llamado “oro blanco”: el litio.
Este metal blando alcalino es fundamental para la fabricación de baterías en todos los dispositivos electrónicos y es considerado esencial en la conversión de la industria mundial automotriz, que en esta década pasará del uso de la gasolina al de la electricidad, por lo cual usarán acumuladores.
Ante este panorama que hace atractiva la industria minera nacional ante las trasnacionales, el presidente ha hablado del tema en tres conferencias mañaneras durante este año:
“Era una fiebre de concesiones, muy parecido a lo que fue la fiebre de los baldíos durante el porfiriato; pero les ganó en la entrega de superficie, de enajenación del territorio nacional”, añadió.
En los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, dijo, se entregaron 120 millones de hectáreas de territorio nacional para concesiones mineras. “El doble de lo que se concesionó con Porfirio Díaz y más de la mitad del territorio nacional, que se compone de 200 millones de hectáreas”.
Mientras expertos y activistas confrontan sus ideas con legisladores y funcionarios acerca de que el litio represente la mejor opción para el manejo de energías limpias o para el mercado verde, el 11 de noviembre del año pasado el senador morenista Alejandro Armenta Mier presentó una iniciativa para nacionalizar el litio.
El legislador propone reformar el Artículo 27 constitucional y nacionalizar el litio para que las empresas extranjeras no se lleven toda la riqueza del metal, como ha sucedido con otros productos de la minería.
En entrevista, detalla que actualmente la explotación y extracción del litio están reguladas por el artículo 4 de la Ley Minera, que no lo considera un instrumento estratégico, como sucede con los hidrocarburos en el Artículo 27 de la Constitución.
No obstante, antes de dejar el cargo como titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo Mansur soltó en junio de 2020 que el litio es el nuevo petróleo y llamó a nacionalizarlo.
“La idea de los autos eléctricos es ya un tema que debe estar atendido por el gobierno tanto de la Ciudad de México como por el gobierno federal y por el resto de los gobiernos”, dijo en el foro Pos Covid, pos neoliberalismo, la pandemia y el futuro de América Latina.
El exfuncionario, que renunció a su cargo dos meses después, informó que en el gobierno federal ya revisaban la posibilidad de crear autos eléctricos mexicanos generados por la propia inteligencia mexicana, con tecnología mexicana.
“México tiene litio también, mucho litio en Sonora… y pues estamos impulsando, esperemos lograrlo, que el gobierno nacionalice los recursos del litio y no deje que, porque ya están entrando las compañías chinas e inglesas y el litio se nacionalice, y que el gobierno cree una empresa, puede ser incluso público-privada, pero que el gobierno controle el uso del litio”, insistió en el foro.
Cuatro meses después de ese foro, quien era la secretaria de Economía federal, Graciela Márquez Colín, minimizó el potencial de litio en el país.
Sostuvo en otro foro de la misma dependencia: “México no tiene el yacimiento más grande de litio (…) México no produce litio, no hay un solo kilogramo que se produzca (…) tenemos unos yacimientos con una ley, con un contenido muy bajo”.
Sin embargo, López Obrador prevé que el litio será una fuente importante de ingresos y por eso ya plantea la idea de nacionalizar su producción.
Fragmento del reportaje publicado en la edición 2315 de la revista Proceso
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA.
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