La jornada electoral de este año tiene un tinte que no había tenido en anteriores ocasiones y es el de la violencia de género. Aunque el caso de Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena al Gobierno de Guerrero, es el que más controversia ha causado, no es el único aspirante que arrastra estos señalamientos.
Son hombres y una mujer que están en las listas de futuros gobernadores, congresistas o presidentes municipales por los partidos Morena, Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y Encuentro Social (PES).
A pesar de que los partidos han dicho comprometerse con la causa de las mujeres y en contra de la violencia de género, no se han posicionado de manera abierta sobre las acusaciones que pesan sobre sus militantes.
El caso de Morena con Félix Salgado Macedonio—acusado por cinco mujeres de abuso sexual— fue diferente, sobre todo por las protestas que su candidatura al Gobierno de Guerrero despertó. Sin embargo, luego de un proceso interno para deliberar si era adecuada su postulación, concluyeron que sí lo era.
En la lista de contendientes acusados de cometer violencia contra las mujeres en distintos grados está Gabriel Quadri, excandidato presidencial que ahora busca una diputación por la Alcaldía de Coyoacán bajo los colores del PAN. Él tiene denuncias por acoso sexual a alumnas de la Universidad Iberoamericana.
Entre los señalados también figura Sandra Vaca, que se registró como candidata a Diputada federal por el PRI, pese a que está documentada su participación en una red de prostitución dentro del mismo tricolor y sobre quien ya hay una orden de aprehensión.
Yndira Sandoval Sánchez, activista e integrante de Las Constituyentes, organización que impulsó el requisito de la 3de3 de violencia contra las mujeres, señaló que se tiene el registro de 25 políticos que tienen diversos señalamientos como violencia política, deudores, agresores en el ámbito familiar y abusadores, y que aún así aspiran a un cargo.
Ante la pregunta de por qué los partidos políticos abanderan a estas personas, Sandoval Sánchez consideró que se debe a un tema de impunidad, lo que provoca que esas instituciones, que deberían ser un filtro para no permitir esos comportamientos, se vuelvan cómplices.
“El 98 por ciento de los delitos cometidos contra mujeres guardan un estatus de impunidad, es decir que sólo uno o dos de cada 10 casos de denuncia llegan a judicializarse y muy pocos llegan a sentencia y eso todavía hay que revisar el debido proceso y la debida diligencia al respecto […] es un tema de impunidad al que se suman no sólo las fiscalías que no operaron en tiempo y forma, que no generaron carpeta, sino principalmente los partidos políticos que le dan la entrada, el soporte, le abren las puertas para que puedan participar pese a que hay denuncias”, comentó a SinEmbargo.
“Se ha destapado una cloaca a nivel nacional”, dijo por su parte Gabriela Herrera, representante de la asociación civil Jurídicas Feministas, que es integrante de la Observatoria Sonora por la Ley 3 de 3. En entrevista, mencionó que un factor que influye en estos procesos electorales es que las mujeres ya no están dispuestas a votar por estos personajes.
“Somos más del 50 por ciento de la población y no estamos dispuestas a votar por estos personajes que tienen estos antecedentes […] hay un grado de corrupción que no permite que haya justicia y verdad para las mujeres. El Estado debe poner en práctica lo que marca la Constitución: la igualdad entre hombres y mujeres en el Artículo 4 y además los tratados internacionales que defienden los derechos políticos y civiles de las mujeres. Eso se ha pasado por alto y es lo que vamos a estar vigilando”, agregó.
Al respecto, la organización Ipas señaló que la atención a las víctimas está establecida en la Constitución y además en el tratado de la Convención de Belém do Pará al que México está adscrito y con el cual el país se compromete a adoptar políticas y medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar estas formas de violencia contra las mujeres.
Para María Antonieta Alcalde Castro, Directora para Ipas Centroamérica y México, en la cultura política de México los casos de acoso y violencia siempre fueron minimizados, eran considerados asuntos de la vida privada y o algo cotidiano.
“Los hombres que tienen poder consideran que las mujeres que le rodean están a su servicio para todo, incluyendo los temas sexuales. Hoy lo que vemos no es que haya más candidatos en esta situación que antes, sino que ya se hace visible gracias a un movimiento feminista que dice que esto es público, que lo privado es público y vamos a evidenciar esta situación de violencia y a los agresores, y les tiene que costar políticamente”, comentó.
LA 3DE3 CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
En octubre del año pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió los lineamientos para que los partidos políticos nacionales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género; para comenzar, asentaron que los deudores de pensión alimenticia y condenados por violencia familiar o delitos sexuales no podrán ser candidatos en las elecciones de 2021.
Dichos lineamientos incluyen el formato de 3de3 contra la violencia, con la cual los partidos políticos quedan obligados a solicitar a los aspirantes a una candidatura “firmar un formato, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se establezca que no hayan sido condenados o sancionados por violencia familiar o doméstica; por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal”, se explicó en un comunicado de prensa.
Sandoval Sánchez mencionó que la propuesta de la 3de3 es un avance que coloca en el radar público estándares de legitimidad, idoneidad y probidad que buscan responder a la realidad que viven las mujeres mexicanas, pero el hecho de que se base solamente en sentencias dictaminadas, deja un margen amplio a los acusados, ya que por ejemplo, Salgado Macedonio firmó la 3de3 porque no hay una sentencia en su contra.
“Desde Las Constituyentes precisamos que la redacción de la 3de3 propusimos que incluyera ‘no aspirar a cargos de elección popular una persona que tenga antecedentes de denuncias, investigación, procesamiento y/o sentencia’, porque en una democracia medianamente decente, bastaría un señalamiento o una denuncia por un delito grave como lo es la violación sexual para renunciar al cargo. En comparación con el feminicidio, basta un antecedente de violencia de género para que se configure un delito tan grave, ¿por qué en la parte electoral no se consideran los antecedentes de denuncia, de investigación, de procesamiento y solo se basa en la sentencia?”, señaló.
Este miércoles, el presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, deslindó a los órganos electorales de la designación de las candidaturas, que es responsabilidad exclusiva de los partidos políticos y —en conferencia de prensa digital con medio de guerrero— dijo que “ojalá y los partidos políticos registren a personas honorables, que sean irreprochables, pero esa es responsabilidad de los partidos”, subrayó. Incluso aclaró que este no es para un partido en específico, sino para todos los que están en la contienda.
ALGUNOS CANDIDATOS SEÑALADOS
La organización Las Constituyentes tiene identificados a través de la 3de3 a 25 aspirantes que han incurrido en agresiones contra mujeres, una lista que espera a dar a conocer en su totalidad en los días próximos. De este grupo, algunos perfiles han sido identificados por la prensa o denunciados por las víctimas de estos políticos.
Aunque algunos señalados aún están en calidad de precandidatos, Alcalde Castro, de Ipas, consideró que cuando ya estén en las competencia, desde el periodo de campaña se les tiene dar seguimiento; si alguno de ellos logra hacerse del puesto, deberá haber una vigilancia de sus prácticas cotidianas en cuanto los derechos de las mujeres y deberán comprometerse con la agenda de las mujeres y poner en orden los señalamientos de omisiones y de actos.
-Félix Salgado Macedonio
Dos mujeres denunciaron formalmente a Salgado Macedonio, candidato de Morena para la gubernatura de Guerrero, de haber cometido agresiones sexuales. Una de ellas dijo que el Senador con licencia la violó cuando ella tenía 17 años y le pidió 100 pesos para regresarse a su casa. El caso fue desestimado por la Fiscalía de Guerrero porque el delito ya había prescrito. En el segundo caso, la denunciante entregó a las autoridades fotografías, conversaciones y testimonios y como resultado la enviaron a terapia psicológica. Tanto el Presidente Andrés Manuel López Obrador como Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, han dicho que los señalamientos contra Salgado son por asuntos políticos.
En esos años, él llegó a ser parte del Consejo Consultivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), actuó en una película y recibió el Premio al Mejor Alcalde del Año, otorgado por la Asociación de Autoridades Locales de México. En 2018 logró obtener un puesto en el Senado por Morena.
Aunque el partido hace dos semanas reabrió el proceso para elegir al candidato para Guerrero, no le impidió al guerrerense competir. En la nueva encuesta resultó ser el elegido. Incluso ganó en el rubro de respeto a las mujeres.
-Gabriel Quadri
En 2012 fue candidato presidencial por el Partido Nueva Alianza (Panal), hoy extinto. En marzo del año 2020, en la Universidad Iberoamericana se colocó un tendedero de denuncias contra profesores de la institución y ahí apareció su nombre. Él respondió que eran “motivaciones políticas” y difamación. Pese a ello, es uno de los candidatos del PAN, instituto que no se ha manifestado al respecto.
-Sandra Vaca
Militante del PRI, Sandra Esther Vaca Cortés fue acusada de participar en la red de prostitución de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre cuando él era líder del PRI en la Ciudad de México. Ahora ella aspira a una diputación por la alianza de Va por México.
En días pasados, una Juez de la capital giró una orden de aprehensión en su contra y de otras tres personas por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa, al considerarlos probables responsables de los delitos de explotación sexual agravada y publicidad engañosa.
El PRI no se quiso posicionar al respecto de este hecho.
-Hugo Rodríguez Murray
Este político se registró como aspirante a una diputación federal por Nayarit con el partido Morena. Sin embargo, de acuerdo con lo que relató su exesposa al medio NTV Noticias, ella y sus hijos han sufrido violencia por 11 años. Hay en su contra dos denuncias en la Fiscalía General de Nayarit por violencia familiar y abandono, por lo que tiene tres carpetas de investigación activas.
-Alfonso Vázquez
También abanderado por Morena, Alfonso Vázquez se registró para una diputación en la Ciudad de México. Sobre él hay denuncias por delitos sexuales dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) donde él fue profesor. Las denuncias de las estudiantes señalan que sufrieron acoso, comentarios “lascivos” y violación sexual a dos mujeres.
-Rubén Barroso
El profesor de la Universidad de Guanajuato se registró para una diputación federal por Morena, pero la Red Feminista de León denunció que ha sido señalado como acosador de sus alumnas.
-Guillermo Villaseñor
En el mismo estado y también por Morena, este político aspira a una diputación federal y tiene denuncias de acoso sexual.
-Paul Velázquez
Este hombre tuvo proyección gracias a su asistencia a la conferencia matutina del Presidente López Obrador y por su canal en Youtube. Justo en la “mañanera” agredió a varias reporteras; una de ellas lo llamó “falso pirata” porque se hizo pasar por tuerto luego de una agresión que sufrió.
Él respondió que deseaba que esa reportera también recibiera un balazo, “se lo deseo y si queda viva, platicamos el tema del parche”, dijo en el programa Sin Censura. Ahora busca una diputación, también por Morena.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
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