-Rápido -la apresuró una voz al otro lado del teléfono-. Toca las campanas.
Presta, la mujer de 48 años encargada de resguardar el templo dejó sus quehaceres y comenzó a tirar de unas cuerdas que sacudieron las dos campanas que coronan la torrecita azul claro de la parroquia de Donaciano Ojeda, una pequeña comunidad indígena ubicada en plena Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, en la zona oriente de Michoacán.
El ritmo de las campanas era frenético. Alocado. Muy distinto al doblar sereno de la misa y de los repiques lentos que anuncian muerte.
De inmediato, ante la señal de alerta, los vecinos comenzaron a salir de sus casas rumbo al zócalo del pueblo para reunirse en espera de noticias. Mientras tanto, a escasos cinco minutos en carro de distancia, en el poblado vecino de Carpinteros, un grupo de hombres peinaba el bosque persiguiendo a siete hombres que llevaban a dos personas secuestradas a bordo de dos camionetas, una Ford F150 con placas americanas, y una Volkswagen Tiguan negra que robaron esa misma mañana en un retén.
Cuatro comuneros que narran los hechos en condición de anonimato por seguridad, explican que los “mañosos” a los que perseguían eran de La Familia Michoacana.
Lo saben bien, recalcan en entrevista, porque un día antes esos hombres llamaron a sus casas para exigirles comida y cobijas, y vieron que en cuello y hombros llevaban tatuadas las palabras ‘LFM’, un tigre, y el emblema ‘el Sobrino’; un integrante de La Familia Michoacana detenido el pasado 23 de octubre, también apodado por la prensa local como “el terror de Zitácuaro”.
Ese mismo lunes, antes de que se desatara la persecución en el monte, los comuneros fueron a las 10 de la mañana al cuartel de la Guardia Nacional, en la carretera Zitácuaro-Toluca, para denunciar la presencia de este grupo armado en Carpinteros desde el domingo. Pero nadie le hizo caso: “Nos dijeron que no tenían personal y que no podían ayudarnos”.
Y fue tras este homicidio cuando la comunidad estalló: minutos después del repicar de las campanas, cientos de personas ya estaban reunidas en la iglesia, enardecidas y listas para unirse a la caza con machetes y escopetas.
Pero ese día la situación no fue a más: los comuneros cuentan que 10 horas después de que les pidieran ayuda, la Guardia Nacional llegó a Donaciano junto con la policía estatal para contener a la turba y desarmarla.
La cuota del narco: 12 mil pesos por hectárea de cultivo
Los vecinos entrevistados coinciden en que la llegada del narco a sus pueblos y a sus bosques ha sido gradual. Antes, la violencia solo se escuchaba en la cabecera municipal, en Zitácuaro. Pero desde hace un par de años, la delincuencia ha buscado diferentes formas de entrar a las comunidades indígenas de Donaciano Ojeda, Carpinteros, Crescencio Morales, Francisco Serrato, y a sus bosques semivírgenes donde cada invierno llegan millones de mariposas monarcas que viajan más de 4 mil 500 kilómetros desde las praderas frías de Canadá y la costa Este de Estados Unidos para hibernar en México de noviembre a marzo.
“Empezaron muy discretos; tirando algo de droga por aquí y por allá, y buscando cómplices dentro de los ranchos para ir tejiendo la red”, explican.
Pero ahora esos intentos ya no son nada discretos. Sobre todo desde 2020, cuando al recrudecimiento de la violencia en la zona oriente de Michoacán y el vecino Estado de México –un polvorín donde La Familia y el Cártel Jalisco Nueva Generación se disputan la zona junto a otros 26 grupos– ha generado que el narco busque expandirse y expandir sus negocios ante la competencia criminal por el territorio.
Un mes después del primer intento de La Familia de establecerse en las comunidades, el 16 de enero lo intentaron de nuevo: otro grupo llamado Los Cristaleros -reducto de Los Caballeros Templarios- entró a Donaciano ofreciendo “ayuda” a las autoridades comunales indígenas.
“Nos dijeron que ellos no cobran cuotas y que no financian a talamontes que destruyen nuestros bosques y la monarca, como sí hace La Familia”, cuenta Martín, uno de los muchos campesinos que fueron víctimas de las extorsiones: “Nos llamaban y nos hacían bajar a Zitácuaro a pagarle al Sobrino una cuota de 12 mil pesos por hectárea de aguacate”.
A cambio de su protección, los Templarios querían vender cristal (metanfetamina) en las comunidades.
Las autoridades indígenas rechazaron el ofrecimiento y exigieron al grupo que saliera de inmediato. Estos se negaron, se atrincheraron en el bosque de Carpinteros, y una delegación de comuneros se trasladó al día siguiente, el domingo 17, al cuartel de la Guardia Nacional para pedir ayuda, con el mismo resultado de un mes atrás: no disponían de elementos suficientes.
La delegación regresó con la noticia y un grupo de alrededor de 40 comuneros tomó la decisión de enfrentar al grupo criminal que los recibió a balazos en el bosque. El saldo: nueve muertos, según la Fiscalía estatal, 11 según los comuneros, de los cuales tres eran defensores del bosque.
Fue ahí cuando, ante el abandono de las autoridades, las comunidades se decidieron a organizar sus propias policías indígenas para recuperar la paz en la Reserva Monarca.
“O nos organizamos, o morimos”
Luis es originario de Crescencio Morales y lleva más de 10 años estudiando la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca. Esta reserva es una zona protegida que abarca 56 mil 259 hectáreas -desde el municipio de Senguio, al norte de la zona oriente de Michoacán, a San Juan Xoconusco, en el sur-, y que fue creada mediante un decreto del gobierno mexicano en 1980 -ampliado en 1986 y en el 2000-, luego de que en 1976 el zoólogo canadiense Fred Urquhart reportó la ubicación de los sitios de hibernación de las monarcas en los bosques de Michoacán.
Pero Luis, cuya identidad cambió por seguridad, explica que los decretos gubernamentales no han frenado a grupos como La Familia.
“El narco patrocina a los talamontes”, plantea. “Les dan protección para que vendan la madera en el mercado negro exigiéndoles a cambio una cuota”.
Y, al mismo tiempo, esa tala ilegal origina muchas otras consecuencias.
En primer lugar, expone Luis, “la tala voraz” provoca que los ríos cambien su caudal y que muchas especies vegetales, como el pino y los árboles de oyamel, sean arrasadas por la falta de agua y humedad.
Esto, a su vez, impacta directo en la mariposa monarca, que pierde su alimento, agua, y hábitat. Tanto es así que, a pesar de los programas actuales de conservación federales e internacionales, no se logró frenar la tendencia a la baja de monarcas en hibernación.
Según los datos más actualizados por WWF (Fondo Mundial para la Naturaleza por sus siglas en inglés) apenas dados a conocer en febrero de este 2021, el número de mariposas se redujo 26% con respecto al año anterior. Los comuneros dicen que no están sorprendidos por el dato ante la poca efectividad de un modelo de conservación que disminuye la capacidad local de proteger al bosque.
A su vez, la presencia del crimen organizado en los bosques genera que santuarios monarcas como El Rosario, a unos 40 kilómetros de Donaciano y 35 de Zitácuaro, vean reducidas las visitas de turistas locales y de extranjeros que viajan desde varios puntos de Norteamérica a los bosques de Oyamel para admirar y fotografiar la hibernación de la monarca.
“El turismo ha caído mucho por la pandemia, sí. Pero también porque la gente tiene miedo a venir”, plantea Luis, que aporta otro dato que cierra el círculo perverso: la falta de turismo y de ingresos provoca que muchas familias se ven obligadas a dedicarse a la tala ilegal y a pagar cuotas al narco.
Además, el crimen organizado no solo ve negocio en la madera ilegal. El bosque es un lugar idóneo también para instalar laboratorios de droga, donde aprovechan sin límites el agua y los recursos naturales a su alcance. De hecho, el agua que venden ilegalmente a las poblaciones escasas de este recurso es otro de sus negocios junto con el aguacate, un cultivo al que le sacan ganancias cobrando derechos de piso a los agricultores.
“El narco está dispersando sus negocios mediante la apropiación del bosque”, resume Luis, que también responsabiliza a algunos comuneros de la expansión descontrolada del aguacate en perjuicio del bosque.
“Los comuneros no talan el bosque. Tradicionalmente se ha protegido por ellos y sus ‘abuelos’ de origen mazahua o Jñato como se autonombran. Pero también hay mucha ambición por parte de algunas personas que les va bien con el aguacate y que pretenden expandir sus huertos hasta los cerros. ¿Y cómo lo pueden hacer si la comunidad no se los permite? -pregunta Luis-. Pues con la ayuda del crimen organizado. Ellos son los que hacen el trabajo sucio de amenazar a las comunidades y a quienes defendemos el bosque”.
Precisamente, sobre este último punto que menciona Luis de las agresiones, organizaciones como Amnistía Internacional recuerdan que México es uno de los países más peligrosos del mundo para defender la naturaleza.
Entre 2019 y 2020, al menos 38 activistas fueron asesinados. Y dos de los casos más recientes fueron, precisamente, personajes conectados históricamente con la mariposa monarca: Homero Gómez, quien administraba el santuario de El Rosario y fue hallado en un pozo de agua tras desaparecer en enero de 2020. Y Raúl Hernández Romero, guía turístico de la monarca que fue asesinado apenas unas semanas después.
“El narco es como un cáncer, una enfermedad sin cura -concluye el académico con una metáfora-. Y no tiene cura porque ninguna autoridad toma acción. Por eso las comunidades nos estamos organizando. Porque si no lo hacemos nos matan, o nos tenemos que ir de nuestras tierras, o tenemos que trabajar para ellos y perder nuestra libertad”, concluye.
“No confiamos en la autoridad; no hace nada para ayudarnos”
Ha pasado más de un mes desde el enfrentamiento del 17 de enero. Pero Juan, campesino de Carpinteros, dice que la tensión ha vuelto a las comunidades indígenas de Zitácuaro.
Tocado con un sombrero de paja y protegido por un cubrebocas que le cubre el rostro, el agricultor cuenta que apenas el pasado miércoles 17 de febrero enterraron a un joven de 18 años que se trasladaba por la carretera federal a la cabecera del municipio cuando fue emboscado y asesinado a balazos.
Oficialmente, no hay versión de los hechos. Pero Juan no tiene duda: es una venganza del narco.
Cuestionado a colación por qué no denuncian ante la Fiscalía michoacana, el campesino da un sonoro resoplido: “Porque ya no se les tiene confianza”, contesta resignado. “Se les pide ayuda y no hacen caso. Solo vienen a levantar a los muertos después de que ya pasó todo”.
Tan no les tienen confianza, subraya, que no solo buscan defenderse de las represalias de la delincuencia, sino también de la autoridad. “Sobre todo de la Fiscalía michoacana”, precisa Juan. Especialmente, luego de que esta abriera una investigación tras los enfrentamientos del 17 de enero, lo cual es entendido por los comuneros como una forma de amedrentarlos.
“La Fiscalía sabe muchas formas de cómo incriminar a alguien -asegura-. Y basta con que salgamos un día a vender nuestras cosas a Zitácuaro, para que nos detengan y nos lleven presos inventándose cualquier cosa”.
Animal Político buscó a la Fiscalía estatal para solicitarle una entrevista sobre los sucesos del 17 de enero, pero se limitó a responder por escrito que “la institución ha realizado y lleva a cabo las investigaciones con relación a los hechos de los que tiene conocimiento, bajo una premisa de garantizar acceso a la justicia y que los hechos no queden impunes”.
Mientras que el gobernador michoacano, Silvano Aureoles, dijo a medios locales el pasado 15 de febrero que los reclamos de los comuneros de Zitácuaro tienen “otro fondo”. “Estos quejosos están siendo manipulados por los delincuentes de la región”, acusó el mandatario en unas declaraciones que son interpretadas por los comuneros como un intento de criminalizar su movimiento de autogobierno y de defensa indígena.
León Pérez es activista de Servicios de Asesoría para la Paz (Serapaz) y lleva años trabajando sobre el terreno en comunidades indígenas de la meseta purépecha michoacana, como Arantepacua, Comachuén, o Nahuatzen, donde siguiendo el ejemplo de Cherán en 2011 los vecinos expulsaron a los partidos políticos y decidieron también formar sus policías indígenas para frenar a los talamontes y al narco. Y habla con pleno conocimiento cuando dice que el temor de los comuneros de la Reserva Monarca no es infundado.
“Existen patrones de criminalización y de generar un desprestigio hacia los defensores del medio ambiente y de las comunidades”, señala. “Incluso, hay casos de empresas madereras vinculadas al crimen organizado que intentan a través de las amenazas que las personas cedan sus territorios. Y si no lo logran, las acusan de delitos que no cometieron”.
Tan solo un ejemplo de esto son los casos de José Luis Jiménez Meza y José Antonio Arriola Jiménez, integrantes del Concejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, que están encarcelados desde 2018 por defender la autonomía de gobierno de su comunidad.
“Nosotros no queremos que nos pase lo mismo”, apunta ahora Juan, que insiste en que las comunidades indígenas de Zitácuaro ya instalaron barricadas en las carreteras con rudimentarias tiendas de lona, sacos de arena, y grupos de personas armadas que vigilan el paso.
“Ahora las comunidades estamos unidas, y el enemigo, sea el que sea, se lo tendrá que pensar mucho para venir aquí. Somos más de 20 mil personas listas para defendernos”, advierte.
“No queremos pelea, pero tampoco pedimos limosna”
Alberto, comunero indígena de Crescencio Morales, tiene un tono menos combativo. Recalca que las comunidades no son violentas y que simplemente están reaccionando a las agresiones de la delincuencia. De ahí que lo que buscan es mantener un diálogo con las autoridades, asegura.
“No queremos pelear con ningún gobierno, aunque tampoco vamos a pedir limosna”, matiza el comunero. “Porque el derecho se exige. Y lo que pedimos es el derecho a protegernos, y a proteger a nuestros bosques y a la monarca”.
El pasado 26 de enero ya entregaron a las autoridades un pliego petitorio con tres puntos clave: el reconocimiento de las autoridades de Zitácuaro de la Guardia Indígena que será elegida por el Consejo Indígena de Seguridad; la asignación directa de presupuesto y poder administrativo para gestionarlo; y la no intervención de ningún poder judicial que “realice o haga represalias o persecución de nuestros comuneros”.
Aunque ya se han producido varios acercamientos con las autoridades de los tres niveles de gobierno -la última junta fue el 23 de febrero-, aún no han conseguido un acuerdo definitivo para que el Estado reconozca a esas policías indígenas, y además las capacite, equipe, y les otorgue un salario.
Aun así, más allá de si se logra un acuerdo o no, Alberto hace hincapié en que el proceso de autogobierno y de Guardia Indígena ya es imparable.
“Pase lo que pase, esto va a continuar -insiste-. Porque si no fuera por la organización de las comunidades, los bosques, la mariposa monarca, y muchos de nosotros, ya estaríamos muertos”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: MANU URESTE, COLUMBA GONZÁLEZ-DUARTE.
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