Argumenta que el caso está bajo investigación y que la matanza de 19 personas todavía no puede ser clasificada como “grave violación a los derechos humanos”.
Así lo determinó el Poder Judicial del estado norteño ante una solicitud de transparencia formulada por Animal Político. Los agentes de la Policía Estatal están acusados de los delitos homicidio calificado, abuso de autoridad en el desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad y fueron detenidos días después del hallazgo de 19 cuerpos calcinados, en su mayoría migrantes guatemaltecos que trataban de alcanzar Estados Unidos.
Todos ellos declararon ante la jueza de Ciudad Victoria los días 3 y 8 de febrero y posteriormente quedaron vinculados a proceso dentro de la causa 23/2021 que investiga la masacre. La audiencia se celebró a puerta cerrada debido a la contingencia por COVID-19 y ahora las autoridades quieren guardar bajo llave su contenido.
Por el momento estas declaraciones seguirán bajo reserva durante cinco años o hasta que se firme una sentencia que no pueda ser recurrida. El Poder Judicial de Tamaulipas argumenta que dar publicidad a la carpeta de investigación podría perjudicar tanto a los acusados, que gozan de la presunción de inocencia, como a las víctimas, porque podría dañarse la investigación.
“El hecho de hacer públicas las audiencias, y constancias procesales que integran la causa penal 23/2021, con motivo de la investigación y culminación de la misma realizada por la fiscalía, permitir el acceso al expediente a personas no autorizadas, podría generar un daño irreparable en la investigación y persecución del delito, que iría en perjuicio tanto de las víctimas u ofendidos, como de los imputados”, dice la juez en su resolución.
En este sentido, reconoce el derecho de las víctimas y policías a conocer la verdad de lo que ocurrió, pero considera que, para ello, está prevista la investigación de la Fiscalía.
A su vez, advierte de que la publicidad de las declaraciones podría perjudicar a las pesquisas y facilitar la impunidad.
“La investigación podría verse obstaculizada, culminando en una sentencia absolutoria”, dice el Poder Judicial al justificar su reserva, y añade que la publicidad haría que se conociesen los datos que llevaron al auto de vinculación a proceso, cuando los acusados todavía gozan del principio de presunción de inocencia.
A la espera de la CNDH
Según la Ley de Transparencia del estado de Tamaulipas (al igual que ocurre en la ley federal) los hechos constitutivos de graves violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad no pueden ser declarados como reservados. Sin embargo, la jueza considera que hasta el momento, el asesinato de 19 personas no puede considerarse como una violación grave a los derechos humanos ya que el caso se encuentra todavía en fase de investigación complementaria.
“No se puede emitir un pronunciamiento en ese sentido, esto es, si existen o no violaciones graves a derechos humanos, toda vez que el mismo se encuentra en etapa de investigación complementaria”, dice en su argumentación.
Además, recuerda que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ordenó una investigación de oficio. “Con esto se hace notar que, para determinar la existencia de violaciones graves a derechos humanos, previamente se debe de tener la información completa, a fin de poder valorar si las particularidades del caso se ajustan a los criterios (cuantitativos o cualitativos) establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dice.
La Fundación por la Justicia y el Estado de Derecho se presentó ante las autoridades para ser parte del proceso, pero hasta el momento no han recibido una respuesta satisfactoria. Esta organización ya representa a migrantes asesinados en su tránsito hacia el norte, como las víctimas de la matanza de San Fernando, Tamaulipas, en 2010, o las fosas aparecidas en Cadereyta, Nuevo León, dos años más tarde.
Todos los interrogantes pendientes
Hasta el momento, apenas hay datos sobre qué ocurrió en la comunidad de Santa Anita, Camargo, Tamaulipas. Los cuerpos de 19 personas calcinadas fueron encontrados el pasado 22 de enero. La mayoría de las víctimas, que ya han sido identificadas, son migrantes guatemaltecos que trataban de alcanzar Estados Unidos. Con ellos viajaban también ciudadanos mexicanos que, según la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, se dedicaban al tráfico ilegal de personas.
El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, confirmó que cinco personas sobrevivieron al ataque y se encuentran actualmente en EU como testigos protegidos.
Las familias de las víctimas fueron las primeras en dar la voz de alarma, ya que recibieron el aviso de los coyotes que les advirtieron que sus familiares habían sido asesinados. Ahora aguardan en Guatemala la repatriación de los cuerpos, que podría tener lugar dentro de las próximas dos semanas, una vez se complete el proceso de identificación.
Tras la masacre fueron detenidos 12 policías estatales y ocho funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) fueron apartados de sus puestos después de que en el lugar del crimen apareciese una camioneta que meses antes fue asegurada en Nuevo León en un operativo contra el tráfico de personas.
La zona en la que aparecieron los cuerpos está ubicada en medio del conflicto que mantienen desde hace años dos de los principales cárteles que operan en Tamaulipas. Por un lado, el Cártel del Golfo y, por el otro, el Cártel del Noreste, antigua escisión de Los Zetas.
Las autoridades no explican cuál fue el móvil ni qué participación tuvieron los policías. El fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios, se limitó a enumerar las acusaciones el día de los arrestos y apuntó a una explicación: la pugna entre grupos criminales por el control del territorio. No dijo por qué únicamente hay agentes detenidos ni cuál podría ser su rol, más allá de la sospecha de que alteraron la escena del crimen.
La masacre se produjo en un momento en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador El había asegurado que ya no se violaban los derechos humanos de los migrantes. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció las similitudes de este ataque con otras atrocidades del pasado como la masacre de San Fernando. Esta comparación, sin embargo, fue rechazada por el gobierno mexicano, que aseguró que en este caso “no habrá impunidad”.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALBERTO PRADILLA.
No hay comentarios:
Publicar un comentario